Se constituye Grupo de Trabajo sobre la Esclavitud Moderna en Venezuela

El Grupo de Trabajo sobre Esclavitud Moderna en Venezuela reúne un conjunto de organizaciones, centros académicos y personas venezolanas que trabajan dentro y fuera del país, para profundizar el conocimiento y la prevención de la grave situación en la que un número importante de la población es víctima o vulnerable, frente a las distintas formas de esclavitud moderna y específicamente a la Trata de Personas, tanto en el territorio venezolano, como en los países de tránsito y destino de nuestra población.

 

El GTEMV es una alianza de organizaciones de la sociedad civil interesadas  en las dinámicas de esclavitud moderna. Desde septiembre de 2017 y con el respaldo de la Embajada Británica en Caracas, el GTEMV ha desarrollado un debate con el propósito de contribuir con la comprensión de los problemas y, en la medida de la posible, aportar soluciones, dar a conocer los temas, los factores de riesgo y la situación a la colectividad, es una de las principales herramientas del GTEMV para favorecer el derecho a la información de la ciudadanía en estas materias.

 

El GTEMV realiza su trabajo desde una perspectiva de derechos humanos, que se fundamenta en la identificación de las obligaciones del Estado y en la exigencia de su cumplimiento para la garantía del ejercicio de los derechos, y el respeto a la dignidad de todos los habitantes del país.

 

La esclavitud ha sido formalmente abolida en el mundo entero, sin embargo, la realidad es que ha mutado, ha resurgido de diversas formas, y se ha potenciado en el contexto globalizado internacional, lo que ha hecho que sea más compleja su identificación.

 

Hoy día personas, que en muchos casos pertenecen a redes de delincuencia organizada, se lucran y sacan provecho de usar a otras personas como mercancías, y las someten despojándolas del control sobre sus propias vidas. Logran someterlas recurriendo a la violencia, coerción, amenaza, el abuso de poder, engaño, de modo tal que a las víctimas les es imposible negarse o librarse. La mayor vulnerabilidad de las víctimas (su debilidad o propensión al riesgo) facilita el abuso de poder por parte del victimario.

 

La explotación de unas personas por otras puede manifestarse de diferentes formas, como el trabajo forzado, trabajo en condiciones de servidumbre, explotación sexual, matrimonio forzado, venta, esclavitud o condiciones análogas a la esclavitud, sometimiento a la mendicidad, sometimiento al tráfico de órganos, incorporación a grupos delictivos, incorporación a grupos armados irregulares; todas caracterizadas por un trato indigno, limitador de la autodeterminación y devastador de la integridad personal de quien la experimenta.

 

Cuando se conjugan los elementos de captación, traslado, recepción y explotación (en el territorio de un solo país o de varios) se está en presencia del delito de trata de personas[1]. Otras circunstancias de explotación están tipificadas con otros tipos penales. Todas las formas de explotación que suprimen la libertad de las personas son aludidas con el término amplio: formas de esclavitud moderna.

 

En la actualidad, 3 de cada 1.000 personas en todo el mundo son víctimas de la esclavitud moderna[2]. En Latino América la cifra es  de 1,9 de cada 1.000 personas.[3] Nuestro país no escapa a este fenómeno, y la población venezolana se ve afectada tanto en nuestro territorio como en otros países. En la región de América Latina, Venezuela, tiene el primer lugar de prevalencia de Esclavitud Moderna[4], lo que refleja una realidad alarmante.

 

La Emergencia Humanitaria Compleja y otros factores que propician la trata de personas y otras formas de esclavitud moderna en el país

La comprensión de la incidencia de estos delitos en nuestro país requiere ir más allá del estudio específico de la manifestación de determinados hechos que han sido tipificados como delitos. Se requiere además reconocer una serie de fenómenos cuya presencia favorece la vulnerabilidad de las víctimas, y potencia facilidades a los victimarios.

 

  • Emergencia Humanitaria Compleja.

Venezuela vive hoy día una situación de anormalidad generalizada y multifactorial, que abarca aspectos económicos, sociales, políticos, entre los que está comprometida la seguridad alimentaria, la seguridad ciudadana, aspectos ambientales y geopolíticos; en la cual está seriamente afectada la institucionalidad democrática del país. Esta situación no tiene su origen en un conflicto armado ni en un desastre natural -aunque sus consecuencias son similares, o aún peores-, sino que se origina en las propias políticas públicas implementadas por el sector oficial de manera deliberada con la finalidad de controlar a la población y todos los aspectos de la vida nacional (todo lo cual indica que es compleja). Esta situación se traduce en una violación generalizada y sistemática de los derechos humanos de la población, al punto que un número importante de ésta padece necesidades que ponen en riesgo su vida o le generan sufrimiento (lo que implica que es humanitaria). Esta situación rebasa las posibilidades del propio Estado para propiciar paliativos, y por ende ha rebasado los elementos característicos de una crisis (lo que implica que es una emergencia).

En este contexto, la generalidad de la población venezolana lucha a diario para enfrentar el hambre, la falta de servicios de salud, y la falta de recursos económicos para adquirir los bienes y servicios básicos. La inseguridad alimentaria subyace y potencia todas las formas de explotación; en la medida que se puede identificar que la inseguridad alimentaria es el resultado de políticas públicas específicas del gobierno, se puede también concluir que hay patrones de esclavitud subyacentes en las políticas públicas.

En las condiciones descritas, parte importante de la población padece necesidades extremas, que le hacen vulnerable, tanto frente a los delitos que afectan de manera más contundente la autodeterminación, como frente a otras prácticas que, aunque no se consideren específicamente formas de esclavitud moderna, su presencia muestra una predisposición a llegar a ser víctima de ésta o concretamente víctima de trata de personas.

En medio de extremas necesidades económicas, proliferan las prácticas de sobrevivencia en las que se vulnera la dignidad de las personas. El intercambio de sexo por comida al que se somete una persona, en ocasiones algún miembro de la familia, con el conocimiento de otros o con el silencio resignado, es un ejemplo de esas situaciones que constituyen explotación y predisponen a ser víctima de trata de personas.

A todo lo anterior se suma el que el marco del desmantelamiento de la institucionalidad democrática del país favorece situaciones que facilitan el delito de trata de personas y otras formas de esclavitud moderna, tales como: en líneas generales los grupos delictivos actúan con libertad, en un entorno de impunidad, y esto aplica también respecto a los grupos delictivos que se dedican a la trata de personas, o a otras formas de explotación; del mismo modo, en ciertas zonas del país el control del territorio y de la población no está en manos de los órganos del Poder Público, sino de Grupos Armados Irregulares, tal como sucede en las zonas de explotación minera oficialmente permitida pero no controlada, frente a todo lo cual la población se encuentra desamparada y proclive a ser víctima de trata de personas.

 

El GTEM exige al Estado venezolano el cumplimiento de sus obligaciones en esta materia:

 

Obligaciones del Estado en materia de trata de personas y otras formas de Esclavitud Moderna (Prevenir. Investigar y sancionar. Proteger a víctimas, restablecer derechos, reparar daños).

 

El Estado venezolano se ha esforzado en suscribir y ratificar los principales instrumentos internacionales que rigen la materia, sin embargo persisten serios retos en cuanto a prevención, a la persecución penal a los victimarios; la protección, resguardo y alojamiento en condiciones seguras para las víctimas, alimentación, y servicios de traducción; rehabilitación de las víctimas, con oportunidades de empleo y educación.

 

Protección a víctimas y personas vulnerables; y prevención. El Estado venezolano tiene la obligación de prevenir, es decir, adoptar medidas para disminuir los factores de riesgo que facilitan las situaciones de esclavitud moderna. Igualmente, tiene la obligación de rescatar a las personas sometidas a estas formas análogas de esclavitud, y favorecer su reinserción a la sociedad. Tiene la obligación de identificar a la población víctima del delito de trata de personas y de otras formas de explotación, y a la población vulnerable; tanto para generar políticas que permitan proveer atención de las víctimas, como para generar información pública que permita desarrollar programas de prevención, que eviten que los habitantes caigan en estas redes.

En materia de protección de víctimas el Estado tiene obligación de atención a las víctimas propiamente con perspectiva de género. Adicionalmente, el deber de reparación y reinserción debe estar centrado en la atención a las víctimas

Sin embargo, en Venezuela existe opacidad en la presentación de cifras públicas, no existen procesos de visibilización, o de fácil acceso a data generada por investigaciones o pronunciamientos oficiales en cuanto al número y perfil de las víctimas de trata de personas en el país, y esta invisibilidad alcanza a la población venezolana presa de este delito en el extranjero[5].

 

Persecución del delito. En las labores de persecución del delito de trata de personas, el Estado debe garantizar que no sean penalizadas las personas que han sido víctimas primero y luego obligadas a participar en las actividades ilícitas de los victimarios[6].

 

Propiciar la cooperación con otros Estados y organismos internacionales de lucha contra la delincuencia organizada. El Estado venezolano tiene la obligación de cooperar para desarticular las redes de formas análogas de esclavitud e investigar, juzgar y sancionar a los responsables de la misma; tiene la obligación de ofrecer respuestas de manera coordinada con  los países receptores de población venezolana, lo que dada la naturaleza de estos delitos, se presenta como una necesidad[7].

 

Propiciar la cooperación con organismos de DDHH. Adicionalmente, en la crisis de movilidad humana presente en Venezuela el Estado está en la obligación de trabajar en conjunto con los órganos de los sistemas internacionales de protección de derechos Humanos, tanto del Sistema Interamericano como de Naciones Unidas, al igual que con las distintas manifestaciones de la sociedad civil, con el fin de paliar los riesgos y reducir efectivamente las formas análogas de esclavitud trasnacional.

 

Garantizar el derecho al libre tránsito. En este sentido debe abstenerse de adoptar  medidas basadas en la Seguridad o protección de la Soberanía, como el cierre de fronteras, que lejos de disminuir la movilidad sólo aumentan las condiciones de riesgo en que se realiza el viaje, incrementan las ganancias del tráfico ilícito de migrantes y de la corrupción, y exponen a la población a situaciones de trata de personas. En Venezuela se tiene ejemplos concretos de medidas de ese tipo que han  aumentado la vulnerabilidad niños, niñas y adolescentes que se han visto obligados a cruzar de manera irregular fronteras cerradas para poder asistir a sus escuelas, exponiendo incluso la vida.

 

Garantizar el derecho a la identidad, y a proveer los documentos correspondientes, que son además necesarios para el ejercicio de otros derechos.

 

El Grupo de trabajo sobre la esclavitud moderna está integrado por las siguientes organizaciones: Caleidoscopio Humano, CEPAZ, CDH-UCAB, Éxodo, IIJ-UCAB, Paz Activa, Proiuris, Transparencia Venezuela y Unión Afirmativa de Venezuela.

 

 

[1] Tipificado en el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños (también conocido como Protocolo de Palermo o Protocolo contra la trata de personas) es un instrumento que desarrolla la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. El Protocolo de Palermo fue adoptado en la 55º Sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, mediante Resolución A/RES/55/25, de fecha 15 noviembre de 2000.

[2] Un total de más de 40.3 millones de personas, según  United Nations Department of Economic and Social Affairs, (2016) World Urbanization Prospects. Retrieved from: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@ipec/documents/publication/wcms_596485.pdf

[3] Aproximadamente 1.9 millones de hombres, mujeres y niños vivían en la esclavitud moderna en las Américas en 2016, según: World Free Foundation. Índice Global de Esclavitud Moderna, 2018. https://www.globalslaveryindex.org/2018/findings/regional-analysis/americas/

[4] Seguida por Haití y la República Dominicana según: World Free Foundation. Índice Global de Esclavitud Moderna, 2018. https://www.globalslaveryindex.org/2018/findings/regional-analysis/americas/

[5] Según reseñó la ONG Proiuris, autoridad de Inamujer, el organismo del Estado venezolano encargado del diseño de las políticas públicas para afrontar este tipo de delitos, reconoce que no podría hacer un diagnóstico preciso de la situación en el país: “No hay estadísticas”, “hay que hacer investigaciones”, admitió Myrtha Armas, representante de Inamujer, durante la conferencia que ofreció el lunes 9 de julio de 2018, en la Universidad Simón Bolívar.

[6] Esto en aplicación de los Principios y Directrices del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos relativos a la no penalización de las personas objeto de trata (2009) en los que se expone claramente que: “Las víctimas de la trata de personas no serán detenidas, acusadas ni procesadas… por haber participado en actividades ilícitas, en la medida en que esa participación sea consecuencia directa de su situación de tales”.

[7] Artículo 2.c del Protocolo de Palermo.

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Se constituye Primera Red Regional de Protección de Personas LGBTI+ refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes de América Latina y El Caribe

Se constituye la Primera Red Regional de Protección de Personas LGBTI+ refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes de América Latina y El Caribe

 

Junio de 2019

 

Organizaciones destacadas en la Protección de Personas LGBTI+ refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes creamos la Red Regional de Protección de Personas LGBTI+ refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes.

 

Ante la complejidad de las dinámicas de movilidad humana en la región, constituidas por movimientos migratorios mixtos en los que personas con necesidades de protección internacional comparten las mismas rutas, y enfrentan riesgos de protección similares que las personas migrantes, como el riesgo de ser víctimas de trata o de tráfico ilícito de migrantes, vemos urgente reafirmar la vigencia de las normas internacionales de derechos humanos para la protección y realización de los derechos de las personas en situación de movilidad, y ratificando los compromisos establecidos en el Plan de Acción de Brasil, el Pacto Mundial sobre Personas Refugiadas, y el Pacto Mundial para Migración.

 

Ante los desafíos que enfrentan las  personas LGBTI+ migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo en la región, sobre todo en consecuencia a la discriminación, violencia, bajas perspectivas de integración local en los países de acogida, y la falta de conciencia por parte de actores clave sobre las necesidades específicas de las personas LGBTI+, incluido su derecho a buscar y recibir asilo debido a la persecución por su orientación sexual, identidad y expresión de género, así como otros derechos establecidos en normativa nacional e internacional.

 

Ante las dificultades enfrentadas por personas LGBTI+ refugiadas y migrantes para acceder a la documentación, sobre todo personas trans que no tienen garantizado el derecho a la auto-identificación del género y al uso del nombre social, y familias LGBTI+ que muchas veces no están contempladas por los conceptos de familia adoptados por los gobiernos en la región. 

 

Ante la falta servicios sensibilizados y capacitados para el trabajo con personas LGBTI+ y/o personas que viven con VIH refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes representa un desafío para la protección de estas poblaciones, las cuales muchas veces no logran gozar de sus derechos o son obligadas a buscar alojamiento en espacios que no son seguros y que aumentan el riesgo de que sufran discriminación y violencia. 

 

Ante la ausencia de políticas de acciones afirmativas para promover el acceso de la población migrante, refugiada y solicitante de asilo a la educación superior, incluyendo a personas LGBTI+, como procedimientos de ingreso y revalidación de diplomas y certificados sensibles a las especificidades de esta población. 

Como organizaciones de la sociedad civil reunidas en Quito el 13 y 14 de marzo de 2019 por invitación de Dialogo Diverso, y con apoyo de la Embajada de Canadá en Ecuador, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiado (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM):

 

Nos preocupan los desafíos que enfrentan las personas LGBTI+ migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo en la región, sobre todo de las personas LGBTI+, incluido su derecho a buscar y recibir asilo debido a la persecución por su orientación sexual, identidad y/o expresión de género, así como otros derechos establecidos en normativa nacional e internacional.

 

Por ello, proponemos fortalecer el trabajo en red a nivel nacional y regional para la protección de personas LGBTI+ migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, promoviendo y verificando el cumplimiento de los derechos de esta población a lo largo de las rutas, y en el caso de solicitantes de asilo, los reasentamientos de un país de asilo a otro país que acuerde recibirles y otorgarles residencia.

 

Es prioritario que los Estados y demás actores garanticen los derechos humanos de las personas LGBTI+, que están identificados a través de los principios de Yogyakarta y Yogyakarta 10+, incluido el derecho humano al asilo a las personas LGBTI+ que se desplazan a través de las fronteras huyendo de situaciones de persecución, conflictos armados, la violencia y la violación de los derechos humanos;  enfatizando en la necesidad de fortalecer el trabajo coordinado y la cooperación con el objetivo de asegurar la protección de los derechos de las personas LGBTI+ en la región, con especial consideración a la difícil situación que enfrenta esta población debido a la ausencia de políticas migratorias y de asilo que contemplen sus necesidades específicas, y que tomen en cuenta la discriminación, violencia y marginalización que enfrentan sea en sus países de origen, en las rutas o en los países de acogida y destino;  prestando especial atención a:

 

  1. Acceso al procedimiento de asilo y regularización migratoria: garantizar el acceso a la información sobre el derecho de solicitar asilo y sobre mecanismos de regularización migratorias para personas LGBTI+ refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes; Capacitar a las autoridades migratorias, los sistemas de asilo y a las organizaciones que trabajan con temas de movilidad humana para la identificación de personas LGBTI+ con necesidades de protección internacional.

 

  1. Identidad y documentación: asegurar el derecho a la identidad de género y los procedimientos de cambios de nombre y género de personas trans refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes en todos los momentos de su proceso de regularización en el país de acogida.

 

  1. Acceso a la justicia y protección integral: promover la asistencia legal gratuita a personas LGBTI+ refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes a través de las defensorías públicas, organizaciones de la sociedad civil y universidades.

 

  1. Albergue y vivienda: asegurar que, a lo largo de las rutas y en los países de acogida, las personas LGBTI+ en situación de movilidad puedan acceder a albergues que estén preparados para trabajar con esta población, y que los equipos de los albergues sean capacitados para trabajar de manera adecuada con personas LGBTI+ refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes.

 

  1. Acceso a la salud: garantizar el acceso al tratamiento hormonal a la población trans refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes, el acceso de las personas LGBTI+ a las pruebas diagnósticas de ITS, incluyendo el VIH y consejería individual y voluntaria en ambientes seguros y confidenciales, y el acceso al tratamiento antirretroviral de personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes que viven con VIH.

 

  1. Educación, medios de vida e integración local: combatir la discriminación laboral contra personas LGBTI+ refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes, promoviendo oportunidades laborales dignas y sostenibles en conjunto con actores públicos y privados, y garantizando los derechos laborales de todas las personas refugiadas y solicitantes de asilo y migrantes independientemente de su estatus migratorio.

 

SUSCRIBEN:

 

Las y los representantes de las siguientes organizaciones de la sociedad civil: Unión Afirmativa de Venezuela (VEN), Caribe Afirmativo (COL), Synergía – Iniciativas por los Derechos Humanos (Regional), Presente (PER), Fundación Venezolana de Atención Directa, Inclusiva y Social (COL), LGBT+Movimento (BRA), Fundación Sergio Urrego (COL), Diálogo Diverso (ECU), Fundación Ecuatoriana Equidad (ECU), Fundación Pakta (ECU), Fundación País para Todos (CHI), Fundación Censurados (COL), Federación Argentina LGBT (ARG) y Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC).

 

 

 

 

 

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Personas LGBTI venezolanas en situación de movilidad

Personas LGBTI venezolanas en situación de movilidad humana

Por Quiteria Franco

 

El 13 y 14 de marzo participe en el I Encuentro Regional de movilidad humana LGBTI “Rostros y realidades de personas LGBTI venezolanas en Ecuador, Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil”. Un evento organizado y liderado por Dialogo Diverso en Quito, Ecuador  con el objetivo de fortalecer la coordinación regional entre las organizaciones que trabajan con personas LGBTI en situación de movilidad humana.

 

El I Encuentro Regional de Protección a Personas LGBTI en Situación de Movilidad Humana fue organizado por Diálogo Diverso, una organización LGBTI ecuatoriana que implementa el proyecto Mi Casa Fuera de Casa – Centro de Referencia para Personas LGBTI en situación de Movilidad Humana. El proyecto se implementa con el apoyo de la Embajada de Canadá en Ecuador y el Gobierno Australiano. El encuentro cuenta con el apoyo financiero y técnico de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados – ACNUR.

 

En el Encuentro se dieron cita representantes de las Organizaciones de la Sociedad de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, y Venezuela que están prestando ayuda a personas LGBTI venezolanas en situación de movilidad humana.  Así mismo, participaron representantes de la Embajada de Canadá en Ecuador y representantes locales en Colombia, Brasil y Argentina de OIM y ACNUR.

 

Fueron dos días dedicados a abordar la crisis migratoria que afecta a nuestra región principalmente la que ha surgido a partir de la crisis venezolana, que ha obligado a más de 3 millones 500 mil venezolanos a salir del país. Las interseccionalidades entre distintos marcadores como género, sexualidad y nacionalidad generan una diversidad de situaciones de vulneración de los derechos de las personas LGBTI refugiadas o migrantes. Entre los desafíos enfrentados por esta población están la discriminación por su identidad de género, su orientación sexual, las bajas oportunidades de integración local – incluso acceso a medios de vida seguros y sostenibles – lo que obliga a las personas a recurrir a estrategias negativas de sobrevivencia (sexo de sobrevivencia, situaciones de explotación laboral/sexual) y dificultades para acceder a servicios públicos, incluso servicios de salud, sobre todo a personas LGBTI que viven con VIH-SIDA.

Esta situación ha llevado a las organizaciones de la sociedad civil a establecer mecanismos de respuesta al desplazamiento de personas LGBTI. En Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Brasil donde ya existen proyectos dirigidos a personas LGBTI en situación de movilidad humana, los cuales brindan protección y apoyo en el proceso de integración local y en tránsito.

El primer día se elaboraron varias mesas de trabajo para compartir buenas prácticas, identificar los desafíos a los que nos enfrentamos, elaborar recomendaciones y proponer las acciones que cada uno de los actores involucrados podemos llevar a cabo para ayudar a las personas LGBTI que se encuentran en situación de movilidad en nuestra región.

El segundo día se realizó el Encuentro público con la participación del Diputado Randy Boissonnault, Asesor Mundial en temas LGBTI del Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau. La organización Dialogo Diverso presento el documental rostros de la movilidad humana de personas LGBTI, asi como un informe de los resultados del proyecto “mi casa fuera de casa” y al final representantes de varias organizaciones participaron en un panel para comentar sobre la situación de las personas LGBTI en sus países.

 

Como conclusión coincidimos en que es necesario fortalecer el trabajo en red de estas organizaciones desde una mirada regional, posibilitando compartir buenas prácticas, la coordinación en la respuesta, en la atención y remisión transfronteriza de casos, y en los esfuerzos de mapear y construir diagnósticos conjuntos que posibiliten el desarrollo de un plan de acción dirigido a la protección de personas LGBTI en la región. Como propuestas iniciales se planteó la creación de una Red Regional sobre Movilidad Humana de personas LGBTI,  el desarrollo de un documento marco de la iniciativa y un plan de trabajo con metas claras a corto, mediano y largo plazo.

 

Acá les comparto algunas recomendaciones para quienes están pensando en salir de Venezuela.

Debes investigar sobre el país al que piensas emigrar. Sobre todo el aspecto legal, los requisitos para ingresar (visa, antecedentes penales, documentos apostillados, etc). Investiga sobre la situación económica de cada país (oportunidades laborales, oportunidades de estudio para extranjeros). Muy importante, infórmate sobre el clima, algunos países tienen cuatro estaciones al ano, debes estar preparado para los cambios estacionales. Infórmate sobre la comida, especialmente si tienes alguna dieta especial por razones de salud. Si tienes alguna condición médica en particular, infórmate sobre el acceso a servicios de salud.

Infórmate sobre el nivel de discriminación o aceptación de las personas LGBTI en el país al que piensas dirigirte. Toma en cuenta que Bolivia, Perú, Paraguay y Venezuela son los países de la región donde menos se ha avanzado en materia de derechos humanos a personas LGBTI. Igualmente, algunos países del Caribe y Centro América aún tienen leyes que criminalizan la homosexualidad.

 

Te dejo una lista de organizaciones a las que puedes acudir y buscar asesoría:

 

En Caracas, Venezuela, obviamente, puedes comunicarte con nosotros en Unión Afirmativa  a través de nuestro correo: info@unionafirmativa.org.ve

 

Puedes acercarte a las distintas sedes de Hias en Caracas, Guasdualito, estado Apure,  Machiques y Maracaibo, estado Zulia,  y San Cristobal, estado Táchira. La Cruz Roja y Médicos sin fronteras son otras organizaciones internacionales a las que puedes acudir.

Puedes acudir a las oficinas locales de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y las oficinas del  Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR);

Organizaciones no gubernamentales que trabajan por personas LGBTI por país. Es importante aclarar que estas organizaciones no ofrecen refugio. Solo te proporcionaran asesoría, legal y psicológica, una de las dos o ambas. Busca más información sobre los servicios que ofrecen.

 

Brasil

  • LGBT+Movimento de Brasil en Rio de Janeiro

Colombia

Ecuador

Perú

Bolivia

Chile

Argentina

 

Si tu organización presta servicios para personas LGBTI en situación de movilidad contáctanos y te incluimos en la lista de ONG.

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Unión Afirmativa de Venezuela ante el 10 enero de 2019

Unión Afirmativa de Venezuela ante el 10E 2019

 

La defensa de los derechos Humanos requiere de la existencia de una democracia plena que en Venezuela no existe.

 

La Carta Democrática Interamericana señala que son “elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”.

 

El proceso electoral del pasado 20 de mayo en Venezuela no cumplió con los estándares internacionales para calificar como un proceso  justo y libre, tal como ha sido afirmado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y denunciado por diversas organizaciones de DDHH venezolanas.  Por lo tanto, la declaración de Nicolás Maduro como presidente electo y su juramentación como presidente de la Republica carecen de toda validez, legalidad y legitimidad.

 

Para Unión Afirmativa, la Asamblea Nacional es la única institución democrática electa y legitimada por la población venezolana  y está llamada a convocar a toda la sociedad para construir el camino de regreso a la democracia plena en el país.

 

En 2017, ante el inminente llamado e instalación de una Asamblea Nacional Constituyente como un mecanismo para debilitar y sabotear las funciones de la legítima Asamblea Nacional expresamos nuestro rechazo público a través de un comunicado, Unión Afirmativa de Venezuela rechaza llamado a una Asamblea Nacional Constituyente

En conjunto con el movimiento de derechos humanos en Venezuela hemos alertado y denunciado el debilitamiento institucional en nuestro país, así como las distintas violaciones a los derechos humanos en Venezuela.  Por lo tanto, exhortamos:

 

A las instituciones del Estado a respetar la Constitución de la República Bolivariana vigente y a emprender las acciones necesarias para garantizar la reinstitucionalización y el restablecimiento del orden democrático en Venezuela.

 

A la comunidad internacional a continuar en el acompañamiento que conduzca al restablecimiento del orden constitucional y reconstrucción del sistema democrático en Venezuela, que a su vez permita un proceso de renovación de las instituciones nacionales.

 

Cualquier acción para la solución del conflicto debe pasar por un llamado a un proceso de elección libre y transparente con observación internacional con todas las garantías necesarias para que los resultados de las mismas sean creíbles y cuenten con el apoyo y respeto de toda la ciudadanía nacional e internacional.

 

Unión Afirmativa de Venezuela permanece en el país documentando, denunciando y difundiendo la violación de derechos humanos, en particular, aquellos que afecten directa o indirectamente a las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex en Venezuela. Seguiremos participando en la reconstrucción de la democracia y trabajando por el respeto a los derechos humanos de todas las personas sin discriminación alguna.

Invitamos a todas las personas LGBTI a formar parte de este proceso de recuperación de la democracia en Venezuela, la cual es necesaria para el pleno disfrute de nuestros derechos humanos.

 

Aca pueden leer nuestro mas reciente informe Crisis politica en Venezuela y sus efectos en las personas LGBTI. 

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Así iniciamos el 2019, y nos preguntamos… ¿Qué pasó con…?

En el año 2016, en ocasión de la XVI celebración del Orgullo LGBTI en Venezuela, Unión Afirmativa de Venezuela publicó un manifiesto en el que mencionamos las cosas buenas que teníamos para ese entonces; así como nuestras exigencias y demandas.

MANIFIESTO 2016

Acá lo reproducimos de manera parcial y lo acompañamos de algunas reflexiones y preguntas:

 

 

  • Que llegamos a la Asamblea Nacional eligiendo a dos diputados abiertamente sexodiversos: Tamara Adrián y Rosmit Mantilla. Tamara es la primera diputada transgénero elegida en América y en nuestro país, y Rosmit es el primer diputado abiertamente gay elegido en Venezuela.

 

Preguntamos:

 

¿Dónde están los resultados de estas dos diputaciones? Rosmit Mantilla se encuentra asilado en Francia. ¿Dónde están las leyes anunciadas por la diputada Adrián? ¿Dónde podemos leer la rendición de cuenta de la Diputada Adrián y del Diputado Mantilla? ¿Cuántas actividades relacionadas con  los derechos de las personas LGBTI se realizaron, cuantos foros se organizaron, cuántas mesas de trabajo se realizaron? ¿Cuántas reuniones realizó con las organizaciones de la sociedad civil y con cuáles? Si en efecto se realizaron ¿dónde están los resultados?

 

  • Que el Poder Ejecutivo haya creado el Consejo Presidencial de Gobierno Popular de la Sexodiversidad, para comenzar a escuchar las propuestas de las organizaciones y movimientos sociales sexodiversos.

 

Preguntamos:

 

¿Dónde están las acciones realizadas por esta instancia? ¿Dónde podemos leer un reporte de resultados? ¿Se le asigno recursos a esta instancia? ¿Cómo se ejecutaron y cuáles fueron sus resultados? No tienen una página web dónde buscar información, solo una cuenta en la red social Twitter en la que la mayoría de la información son RT de otras cuentas del gobierno.

Ya en el año 2016, Quiteria Franco, Coordinadora de Unión Afirmativa de Venezuela les hizo unas preguntas sobre sus actuaciones al Consejo Presidencial  de Gobierno Popular de la sexodiversidad. Nunca hubo una respuesta.

 

  • Que la Asamblea Nacional haya aprobado por unanimidad el Acuerdo mediante el cual se declara el 17 de mayo como el Día Nacional contra la Homofobia, Transfobia y la Bifobia, como un primer gesto de apertura hacia nuestras demandas legislativas.

 

Ya sabemos que esta declaración fue anulada por el TSJ. Pero, posterior a ese terrible hecho. Pasó 2017 y 2018, ¿Cuántos actos se hicieron en esta fecha para observar las recomendaciones publicadas en la declaratoria? ¿por qué no se hicieron? ¿Cuántas iniciativas en esta materia se presentaron en la sub Comisión de derechos humanos?

 

  • Que el Gobierno del Distrito Capital haya creado la Oficina de Atención Integral para la Sexo-Género Diversidad, para brindar orientación y asistencia las personas vulneradas por su condición sexual o de identidad ante la sociedad y haya emitido el Decreto 006 para la Igualdad y No Discriminación por Orientación Sexual e Identidad y/o Expresión de Género.

 

Para marzo de 2016, con el cambio de jefatura en el Gobierno del Distrito Capital se de Daniel Aponte a Carolina Cestari, la nueva jefa amenazó con derogar ese decreto. ¿Qué ha pasado con esa oficina? Aunque se anunció que continuaría, nos gustaría conocer cuáles han sido sus actividades. ¿Dónde está la memoria y cuenta de la Jefatura que refleje las acciones emprendidas por esa oficina? ¿Por qué esa oficina no ha actuado en los distintos casos de discriminación denunciados por los afectados?

 

  • La propuesta del concejal Diego Scharifker para que el Consejo Municipal de Chacaoapruebe próximamente la Ordenanza de Discriminación en Todos los Ámbitos y Formas.

 

Esta Ordenanza, en efecto, fue aprobada, ahí estuvimos presentes. Pero ¿Por qué no funcionó ni se puso en práctica ante el caso de discriminación en Pisko Bar en el CC. San Ignacio a finales de 2018? ¿La ausencia del concejal Sharifker significa la muerte de esa ordenanza? ¿Ningún otro concejal se hará responsable del cumplimiento de esta ordenanza?

 

  • Que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL, haya atendido las solicitudes de las organizaciones y movimientos sociales y haya elaborado el Exhorto referente a la transmisión de mensajes sobre la comunidad sexo género diversa, en radio, televisión y medios electrónicos. 

 

Preguntamos:

¿Qué otras acciones se han llevado a cabo para hacer cumplir este exhorto? ¿Ha CONATEL emprendido un plan de formación y capacitación a personal que labora en las televisoras venezolanas? ¿Cuál ha sido el impacto de tales procesos de formación? ¿Cómo se hace la supervisión de esa exhortación?

 

  • Que otros partidos políticos, luego de que Voluntad Popular lo hiciera, estén creando entidades de participación interna para personas LGBTI que quieren visibilizar nuestras demandas y hacer política desde su condición de sexodiversos, como lo son UNTdiverso de Un Nuevo Tiempo y la Coordinación Seccional de la Sexodiversidad en Acción Democrática.

 

Lamentablemente, todas estas iniciativas, hoy en día, a principios de 2019, ya no existen.  Pro-inclusión de Voluntad Popular cesó en sus actividades con la partida de su coordinador político, Edgar Baptista. UNT Diverso nació muerto.  Y la sección LGBTI en Acción Democrática nunca la vimos accionar. Por favor, si alguna de estas secciones de los partidos políticos tiene algún resultado o producto que mostrar por favor, hágalo saber. En una revisión rápida de las cuentas en Twitter de estas iniciativas políticas podrán constatar que la mayoría de sus mensajes eran RT de las cuentas de los partidos políticos o de algunos políticos de estos partidos.

Lo más reciente, es la creación de la Oficina de la “sexodiversidad” de la Alcaldía del Municipio Libertador, creada en junio de 2018, bajó la gestión de Erika Farias. Hasta ahora es muy poca la información que se conoce sobre su funcionamiento y sobre quienes están al frente de esa institución y sus capacidades. Esperemos no sea como acostumbra este gobierno, a que sean personas leales al proceso, pero sin ningún tipo de formación y preparación para el cargo. No es precisamente más espectáculos travestis los que necesitamos, de esos hay muchos en muchos locales privados. La función de esta y cualquier otra instancia del Estado es la crear e implementar políticas públicas a favor de la población.

20 años de un gobierno que se autodenomina revolucionario y feminista, ni Chávez ni maduro hicieron absolutamente nada concreto en favor de la población LGBTI. Nunca hubo tiempo, nunca hay tiempo. Siempre hay cosas más importantes. Legislaron para todos los grupos vulnerables excepto para las personas LGBTI.

Por el otro lado, responden “hay que recuperar la democracia”, “Eso no está en agenda” “la AN está bloqueada”.  Pero según noticias publicadas en la AN se discutieron y aprobaron varias leyes [1] en 2018, aunque no se hayan enviado al Poder Ejecutivo. ¿Entonces, cuál es la verdad?

Los derechos de las personas LGBTI en Venezuela no se pueden seguir postergando, el resto de nuestros países vecinos siguen avanzando y nosotros seguimos estancados.

[1] La AN aprobó 6 leyes y otras tantas esperan visto bueno http://www.eluniversal.com/politica/28931/la-an-aprobo-6-leyes-y-otras-tantas-esperan-visto-bueno

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Otro Día del Orgullo LGBTI con muchos motivos para luchar

Nos llegó un nuevo mes del orgullo LGBTI en Venezuela en medio de una crisis en todos los niveles político, económico, social, cultural y hasta emocional

Por: Quiteria Franco / @qfranco

Lo afirmo, una y otra vez. No hay en Venezuela razones para celebrar el orgullo de ser una mujer u hombre homosexual, mucho menos celebrar el hecho de ser una mujer u hombre trans; solo se puede celebrar el hecho de estar vivos, pero qué vida esta que tenemos.

 

¿Tenemos que salir a marchar? Sí, por supuesto que sí, pero debemos marchar con un propósito claro, el de exigir nuestros derechos. Para así ser cónsonos con la motivación original de la primera marcha del orgullo gay, por allá en el año 1968 en la que se exigió al estado de Nueva York respeto al derecho de las personas homosexuales y trans a disfrutar en los espacios públicos y privados sin ser perseguidos por las fuerzas policiales de Greenwich Village.

 

Mientras en Venezuela nuestros derechos sigan siendo vulnerados y negados debemos salir a marchar. Pero debemos tener claras las razones por las que marchamos. Por el derecho a la igualdad y no discriminación en el área laboral, escolar, a servicios de salud libres de discriminación. Debemos seguir exigiendo nuestro derecho al libre desenvolvimiento de nuestra personalidad en los espacios públicos. No podemos seguir limitando nuestras vidas al espacio privado a la clandestinidad. No, esa fue la principal razón de la protesta del Bar Stonewall. Es inaceptable que 30 años después, en Venezuela estemos viviendo en las mismas condiciones de ese entonces.

 

Debemos salir a protestar y exigir el derecho a la identidad de las personas trans e intersex. La negación de este derecho deriva en la negación de muchos otros derechos como el derecho a la educación, a la salud, al trabajo, a la libre circulación por el territorio nacional e internacional. En la actual crisis en Venezuela, las personas trans se ven afectadas en primer lugar por la escasez de medicamentos para mantener su proceso de transición, varias personas trans han denunciado la falta de hormonas, lo cual les ha llevado al consumo de hormonas animales cuyas consecuencias podrían ser fatales. Otras personas trans, mujeres en particular, están siendo víctimas de trata por parte de gente inescrupulosa y oportunista. Sin olvidar, las situaciones humillantes por las que deben pasar al momento de querer adquirir productos básicos, en servicios bancarios, en centros de salud entre otros.

 

Debemos seguir exigiendo también el derecho de las parejas del mismo sexo a formar familia y brindarle la debida protección a través del matrimonio, las uniones de hecho y cualquier otro instrumento legal establecido en la Constitución en igualdad de condiciones a las personas heterosexuales. Son muchas las familias de parejas del mismo sexo que ven imposibilitado brindar la protección legal a su pareja y/o hijos debido a la negación de este derecho.

 

Adicionalmente, urge declarar la nulidad del artículo 565 de la ley orgánica de Justicia Militar que aún penaliza las relaciones homosexuales en miembros de las fuerzas armadas. Son muchos, demasiados los reportes que recibimos de oficiales que están siendo despedidos y/o perseguidos y amenazados con la aplicación de este artículo.

 

Asimismo, urge eliminar la prohibición de donación de sangre a personas homosexuales, son muchas las vidas que se podrían salvar si se permite a personas LGBTI la donación de sangre. Una exigencia fundamental, debe ser que se emprenda desde ya la compra de los medicamentos antiretrovirales para las personas que viven con VIH, muchos de los cuales son hombres homosexuales u hombres que tienen sexo con hombres, y otras tanto son mujeres trans.

 

No puede haber una fiesta del orgullo LGBTI en medio de tantas carencias legales y ausencia de políticas públicas, así como una grave crisis de servicios de salud además de la inoperancia de un Parlamento desmembrado, bloqueado por el gobierno nacional que mantiene los avances legales en un limbo. Las personas LGBTI viven y padecen la crisis venezolana de manera agravada, debido al estado de indefensión legal en que se encuentran desde hace muchos años

 

Es imposible hablar de avances en Venezuela en materia de derechos y protección legal a personas LGBTI, esa lista de “menciones” en leyes que muchos voceros del gobierno repiten de memoria no tienen ninguna aplicación en la práctica. Asegurar que gracias a Chávez se visibilizó a las personas LGBTI es mentir descaradamente, las marchas del orgullo LGBTI se iniciaron mucho antes de la llegada de HCF al gobierno. Es falso que HCF eliminara la ley de vagos y maleantes. Esa ley fue decretada inconstitucional en 1997, dos años antes de la llegada del difunto militar. Quienes hacen estas afirmaciones mienten de manera intencional. HCF tuvo 4 leyes habilitantes, el chavismo fue mayoría en el Parlamento durante 15 años. Maduro tuvo 2 leyes habilitantes. Ninguno de los dos presidentes aprobó ley alguna para proteger o reconocer derechos de personas LGBTI. Mienten quienes aseguran que Maduro y su gobierno están a favor.

 

Los únicos y muy pocos avances en Venezuela han sido gracias al arduo trabajo de las organizaciones que trabajan a favor de las personas LGBTI. Por ejemplo, la sentencia 190 del TSJ del año 2008, caso Unión Afirmativa de Venezuela, y la sentencia 1127 de 2016 caso Migdely Miranda/Giniveth Soto. Ambas sentencias, muy limitadas en su alcance, pero sin duda un avance.

Mientras en el mundo ya son 26 los países dónde es posible para personas LGBTI contraer matrimonio. Otros tantos cuentan con la Unión Civil o Uniones de hecho. Muchos de estos países también permiten la adopción de niñas y niños por parte de parejas homosexuales. Otros países cuentan con una ley de identidad y asignación de cuotas de empleo para personas trans.

Fuente: Alternos LA

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No dejar a ninguna persona LGBT atrás

Comunicado de prensa 110/18

No dejar a ninguna persona LGBT atrás – Día internacional contra la homofobia, la transfobia y la bifobia – 17 de mayo de 2018

16 de mayo de 2018

Banjul / Ginebra / Estrasburgo / Washington, D.C – En la víspera del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, que se celebrará el 17 de mayo, un grupo de expertos internacionales y de las Naciones Unidas en derechos humanos*, celebrando el setenta aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, insta a los Estados y otras partes interesadas a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que la obligación de todos los Estados de abordar la violencia y la discriminación basadas en la orientación sexual y la identidad de género permanezcan firmemente incluidas en la agenda 2030. Los Estados a su vez deben incluir a las personas, comunidades y poblaciones lesbianas, homosexuales, bisexuales y trans (LGBT) en el diseño, implementación y evaluación de todas las medidas relacionadas.

Se está logrando un progreso significativo en la protección contra la violencia y la discriminación de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans y las personas de género no conforme. Sin embargo, la implementación sigue siendo parcial e irregular: las denuncias de violencia y hostigamiento siguen siendo la norma en todas las regiones del mundo; las personas LGBT enfrentan leyes que penalizan las relaciones entre personas del mismo sexo y la expresión de género en 72 países; solo un tercio de los Estados del mundo tienen leyes que protegen contra la discriminación basada en la orientación sexual; y solo alrededor del 10% de las naciones tienen leyes que protegen contra la discriminación basada en la identidad de género.

Como resultado, las personas trans y de género no conforme y las personas LGBT afectadas por formas múltiples e interseccionales de discriminación (incluso por motivos de edad, género, etnia, discapacidad y condición social) están sufriendo por la falta de acceso a sus derechos económicos, sociales y culturales, y están siendo efectivamente dejados atrás. La discriminación contra las personas LGBT alimenta la espiral de violencia a la que están sometidas diariamente y crea un ambiente propicio para su exclusión de oportunidades en todas las facetas de la vida, incluida la educación y la participación política y cívica, y contribuye a la inestabilidad económica, la falta de vivienda y el mal acceso a la salud. Los compromisos de desarrollo de la comunidad internacional, ubicados en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), exigen atención inmediata para garantizar que se aborde la exclusión sistemática de estos grupos, comunidades y poblaciones; para garantizar que nadie se quede atrás, se deben tomar medidas para derribar las barreras sistemáticas que excluyen a las personas LGBT de los beneficios de la agenda de desarrollo.

Por ejemplo, las tasas de pobreza, falta de vivienda e inseguridad alimentaria son más altas entre las personas LGBT que en la comunidad en general, una situación que guarda relación directa con los ODS 1, 8, 10 y 11, los cuales incluyen garantizar “que todos los hombres y las mujeres, en particular los pobres y vulnerables, tienen los mismos derechos a los recursos económicos, así como el acceso a servicios básicos “y “la creación de marcos de políticas sólidos en los planos nacional, regional e internacional, basados en un desarrollo favorable de estrategias a los pobres y sensible al género.”

Las leyes que penalizan la homosexualidad, la patologización de personas trans y no binarias y otras formas de violencia y discriminación basadas en la orientación sexual y la identidad de género moldean las actitudes, políticas y prácticas de las instituciones y personal de salud y perpetúan el estigma y disuaden a las personas de buscar servicios y pueden conducir a la negación del acceso adecuado a su derecho a la salud. El calificar a las personas LGBT como enfermas por su orientación sexual o identidad de género ha sido, y continúa siendo, una de las causas principales de las violaciones de los derechos humanos que enfrentan, incluidos los tratamientos forzados, como las llamadas “terapias de conversión”. Hacer frente a estos desafíos guarda una estrecha relación con varias normas internacionales de derechos humanos y el fomento del ODS 3, relativo a la buena salud y el bienestar, que incluye “el acceso a servicios esenciales de atención médica de calidad”.

Las personas LGBT también son sistemáticamente excluidas de la educación de calidad, tema del ODS 4, como resultado del hostigamiento, el abuso violento e incluso expulsados de las escuelas. En todas las regiones del mundo, el acoso basado en la orientación sexual real o percibida y la identidad de género es un lugar común, lo que resulta en tasas de deserción significativamente más altas para las personas LGBT. Esto, a su vez, profundiza la exclusión de las oportunidades económicas. En este sentido, los Estados tienen la obligación de garantizar que sus políticas de educación estén especialmente diseñadas para modificar patrones sociales y comportamientos culturales, contrarrestar prejuicios y costumbres, y erradicar prácticas basadas en estereotipos relacionados con personas LGBT que puedan legitimar o exacerbar la violencia y el prejuicio.

Sin medidas urgentes para abordar la violencia y la discriminación basadas en la orientación sexual y la identidad de género, la comunidad internacional no cumplirá con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y no cumplirá la promesa de no dejar a nadie atrás en la implementación de los ODS. Se requieren respuestas urgentes de los actores estatales, incluidas las instituciones legislativas, judiciales y ejecutivas, así como las instituciones nacionales de derechos humanos, y actores no estatales como la sociedad civil, las comunidades religiosas, los medios de comunicación, las organizaciones de trabajadores y el sector privado. Esas respuestas se basarán en la creación de capacidades y la cooperación internacional prescritas por el ODS 17 así como en la resolución de problemas transversales, entre los que se incluye la disponibilidad de “datos de alta calidad, oportunos y confiables desglosados por ingresos, sexo, edad, raza, etnia, estado migratorio, discapacidad, ubicación geográfica y otras características relevantes en contextos nacionales”. Además se deberá asegurar que la recopilación y gestión de datos desglosados se implementa en estricto cumplimiento con los estándares de derechos humanos, como medidas efectivas para prevenir, castigar , y erradicar la violencia contra las personas LGBT, y para formular cualquier cambio de política necesario.

Los Estados deben derogar urgentemente leyes discriminatorias, adoptar leyes protectoras, reformar instituciones e implementar políticas para combatir la discriminación y garantizar la inclusión efectiva de personas LGBT, así como garantizar el acceso efectivo a la justicia, investigando diligentemente los homicidios y otros actos de violencia y discriminación contra personas LGBT que enfrentan violencia y discriminación.

(*) Los expertos:
Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (SPT)
Expertos independientes de las Naciones Unidas: Sr. Philip Alston, Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos; Sra. Koumbou Boly Barry, Relatora Especial sobre el derecho a la educación, Sra. Leilani Farha, Relatora Especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado, Sr. Victor Madrigal-Borloz, Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género. Sr. Nils Melzer, Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Sr. Dainius Pῡras, Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; Sra. Dubravka Šimonović, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, y el Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
Comisión Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos (CAFDH): Sr. Lawrence M. Mute, Relator Especial para la Libertad de Expresión y Acceso a la Información, Vicepresidente de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos
Consejo de Europa: Sra. Dunja Mijatović, Comisionada para los Derechos Humanos


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Trabajo de Quiteria Franco como defensora de derechos humanos reconocido por Asamblea Nacional

Asamblea Nacional  reconoce el trabajo de Quiteria Franco como defensora de derechos humanos

El pasado jueves 15 de marzo en el Auditorio del Edificio José Maria Vargas, sede administrativa de la Asamblea Nacional se llevó a cabo un acto de reconocimiento del trabajo de distintas mujeres venezolanas, entre ellas nuestra Coordinadora General, la Profesora Quiteria Franco.

El acto de reconocimiento fue organizado por la Comisión Permanente de Política Interior presidida por la diputada Delsa Solórzano y contó además con la presencia de la Diputada Adriana D’Elia presidenta de la Sub-Comisión de la Mujer.

El trabajo de activismo de Quiteria Franco se ha destacado desde hace muchos años. Aunque se ha destacado en la palestra pública desde el 2015 cuando presentó ante la Comisión Inter Americana de Derechos Humanos un informe sobre la situación de las personas LGBTI en Venezuela. Posteriormente, ha presentado otros informes similares ante diferentes comisiones en  Naciones Unidas. Además de su trabajo en Venezuela formando a periodistas y funcionarios de instituciones públicas y privadas sobre los derechos humanos de las personas LGBTI en el país.

Más recientemente, su trabajo fue reconocido al ser electa como integrante plena y principal del Grupo Asesor de la Sociedad Civil para ONU-Mujeres en Latino América y el Caribe.

Pueden revisar y conocer más sobre la trayectoria de Quiteria Franco en nuestra sección de Reseña Histórica y en su blog.

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Venezolanos homosexuales se casan en el exterior

A continuación una lista de parejas del mismo sexo venezolanas que han hecho público su matrimonio en el exterior, dado que el Estado venezolano se ha negado a modificar las leyes que les permita realizar su sueño de casarse en su país.

 

Boris Izaguirre y Rubén Nogueira, 2006 (España)

Jesús Ravelo y Oliver Schneider, 2008 (Holanda)

José Ramón Merentes y Giovanni Tarullo, 2013 (Argentina)

 

Migdely Miranda y Giniveth Soto, 2013 (Argentina)

Jhonnie Garcia y Antonio Torralba, 2014 (Estados Unidos)

Gabriela Ercolani y Deliana Zapata, 2016, (Colombia)

Boris Izaguirre y Rubén Nogueira, 2006 (España)

Leandro Viloria y Koddy Campos, 2016 (Argentina)

Luis Mayer y Manuel Hernández, 2017 (Argentina)

Karen Martello y Brenda Rovero, 2017 (EEUU)

 

Gisela Kozak y Lynette  Gómez, 2017 (México)

Victor Molina y Zeus Caceres, 2018 (España)

Isabella Saturno y Joana Gómez, 2018 (EEUU)

Si quieres ser parte de esta galería envíanos tu foto, fecha y lugar del matrimonio al correo unionafirmativadevenezuela@gmail.com

Síguenos en nuestras redes sociales, somos  @unionafirmativa

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Venezuela niega a ciudadanos homosexuales derecho al matrimonio

Recibimos la opinión número 24 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con mucha alegría pues sabemos que esta constituye un instrumento legal base con argumentos sólidos para que los Estados firmantes del Pacto de San José se avoquen a adecuar su legislación interna y permitir, o, cesar en la negación de derechos a personas LGBTI. En un documento impecable desde el punto de vista filosófico y jurídico el tribunal desmonta todos los argumentos hasta ahora utilizados para impedir que mujeres y hombres homosexuales accedan a la institución civil del matrimonio.

Tal como lo dice el titulo el Estado venezolano niega a homosexuales su derecho al matrimonio.  No hay otra manera de decirlo, desde 1999 hasta 2015 ante la Asamblea Nacional dominada por el partido de gobierno se han presentado, solicitudes, marchas, manifestaciones, derechos de palabras, proyectos de ley, encuentros conversaciones y muchas diligencias más. Ninguna iniciativa encontró en el gobierno de Hugo Chávez y ahora el de Nicolás Maduro la real disposición a legislar a favor de las personas homosexuales. Ni siquiera cuando tuvieron la posibilidad de hacerlo con todas las leyes habilitantes que el parlamento psuvista les otorgó.

 

Como si fuera poco, en 2012 por orden del fallecido Hugo Chávez el estado venezolano denunció la Convención Americana de Derechos Humanos, lo que resultó en la salida del país de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2014.

 

Al día de hoy, ante la reciente respuesta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la Opinión Consultiva realizada por Costa Rica y a la cual Unión Afirmativa de Venezuela se adhirió a través de un amicus curiae, nos vemos nuevamente imposibilitados de ser beneficiados por la recomendación sobre el reconocimiento del matrimonio entre parejas del mismo sexo.

 

A pesar de que el gobierno asegura que Venezuela es un Estado protector y defensor de los Derechos Humanos, en 18 años no ha habido ningún avance en materia legislativa que garantice a personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex el pleno disfrute de sus derechos fundamentales.

 

 

El Estado de Costa Rica elaboró cinco preguntas sobre el alcance de la protección de la Convención Americana de Derechos Humanos en relación  a la identidad de las personas trans y a la protección internacional del vínculo de parejas del mismo sexo. En este escrito solo me refiero al segundo asunto.

 

 

Esto es lo que dijo la Corte sobre

LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS VÍNCULOS DE PAREJAS DEL MISMO SEXO.

La protección convencional del vínculo entre parejas del mismo sexo.

La Convención Americana protege, en virtud del derecho a la protección de la vida privada y familiar (artículo 11.2), así como del derecho a la protección de la familia (artículo 17), el vínculo familiar que puede derivar de una relación de una pareja del mismo sexo. La Corte estima también que deben ser protegidos, sin discriminación alguna con respecto a las   parejas entre personas heterosexuales, de conformidad con el derecho a la igualdad y a la no discriminación (artículos 1.1 y 24), todos los derechos patrimoniales que se derivan del vínculo familiar protegido entre personas del mismo sexo. Sin perjuicio de lo anterior, la obligación internacional de los Estados trasciende las cuestiones vinculadas únicamente a derechos patrimoniales y se proyecta a todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos, así como a los derechos y obligaciones reconocidos en el derecho interno de cada Estado que surgen de los vínculos familiares de parejas heterosexuales (supra párr. 198). 

 

Los mecanismos por los cuales el Estado podría proteger las familias diversas

Los Estados deben garantizar el acceso a todas las figuras ya existentes en los ordenamientos jurídicos internos, para asegurar la protección de los todos los derechos de las familias conformadas por parejas del mismo sexo, sin discriminación con respecto a las que están constituidas por parejas heterosexuales. Para ello, podría ser necesario que los Estados modifiquen las figuras existentes, a través de medidas legislativas, judiciales o administrativas, para ampliarlas a las parejas constituidas por personas del mismo sexo. Los Estados que tuviesen dificultades institucionales para adecuar las figuras existentes, transitoriamente, y en tanto de buena fe impulsen esas reformas, tienen de la misma manera el deber de garantizar a las parejas constituidas por personas del mismo sexo, igualdad y paridad de derechos respecto de las de distinto sexo, sin discriminación alguna.    

Algunos puntos clave de la opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

 

La Corte afirma que “la orientación sexual y la identidad de género son categorías protegidas en la Convención Americana”.

 

“La convención americana no contempla una definición cerrada de familia ni mucho menos se protege sólo un modelo particular de familia”.  (par.174).

 

“En cuanto a la palabra familia, la Corte estima necesario reconocer  la importancia neurálgica de ésta como institución social, la cual surge de las necesidades y aspiraciones más básicas del ser humano”. (par. 176)

 

Están destruyendo el concepto de familia tradicional…

El Tribunal estima importante destacar que con ello, no se está desmeritando otras modalidades de familia, ni tampoco se está desconociendo la importancia de esta institución como elemento base de la sociedad; por el contrario, la Corte le está reconociendo igual dignidad al vínculo afectivo de una pareja conformada por dos personas que son parte de una minoría históricamente oprimida y discriminada.

 

Ah buen, pero que hagan un contrato y protejan sus bienes y ya…

La protección “trasciende los derechos patrimoniales y se proyecta a todos los derechos humanos, reconocidos a parejas heterosexuales”.

¿Cómo garantizar la protección del vínculo entre parejas del mismo sexo? “El matrimonio sería el método más sencillo”. Y advierte: nada de crear una figura paralela para las uniones homosexuales:

 

Qué porque se tiene que llamar matrimonio….

“Crear una institución que produzca los mismos efectos y habilite los mismos derechos que el matrimonio, pero que no lleve ese nombre carece de sentido, salvo el de señalar socialmente a las parejas del mismo sexo con una denominación que indique una diferencia sino estigmatizante, o por lo menos como señal de subestimación (…) Se configuraría una distinción fundada en la orientación sexual de las personas, que resultaría discriminatoria, y por tanto incompatible con la Convención Americana (…) Siempre y cuando exista la voluntad de relacionarse de manera permanente y conformar una familia, existe un vínculo que merece igualdad de derechos y protección sin importar la orientación sexual de sus contrayentes”.

 

Que la religión dice que …. Que la religión no me permite bla bla…

“Las convicciones religiosas no pueden ser utilizadas para condicionar lo que la Convención Americana establece respecto de la discriminación en razón de orientación sexual (…) En sociedades democráticas debe existir coexistencia mutuamente pacífica entre lo secular y lo religioso”

 

El matrimonio es para procrear…

“La Corte advierte que para negar el derecho de acceder a la institución del matrimonio, típicamente  se esgrime como argumento que la finalidad es la procreación y que este tipo de uniones (la homosexual) no cumple con tal fin.  La Corte considera que la procreación no es una característica que defina las relaciones conyugales, puesto que afirmar lo contrario sería degradante para las parejas-casadas o no- que por cualquier motivo carecen de capacidad generandi o de interés en procrear.”

 

La etimología de la palabra matrimonio…

El significado de la palabra “matrimonio” al igual que la de “familia” ha variado conforme al paso de los tiempos (…). Si bien la etimología es siempre ilustrativa, nadie pretende una imposición semántica de la etimología, pues de lo contrario se debería igualmente excluir del lenguaje otra numerosa cantidad de vocablos cuya semántica se aparta de su etimología.

 

Ah, pero los países no están obligados a acatar eso porque…

La Corte recuerda que su criterio es vinculante para todos los Estados que conforman el sistema interamericano de Derechos Humanos. Y ordena que:

“Diversos órganos del Estado realicen el correspondiente control de convencionalidad aplicando los estándares establecidos en esta Opinión Consultiva (…) Instamos a esos Estados a que impulsen realmente y de buena fe las reformas legislativas, administrativas y judiciales necesarias para adecuar sus ordenamientos, interpretaciones y prácticas internos”

 

Pero es que no nos ponemos de acuerdo…., no tenemos los votos necesarios, bla bla…

Sugieren a los estados:

“ (…) falta de un consenso al interior de algunos países sobre el respeto pleno por los derechos de ciertos grupos o personas que se distinguen por su orientación sexual, su identidad de género o su expresión de género, reales o percibidas, no puede ser considerado como un argumento válido para negarles o restringirles sus derechos humanos o para perpetuar y reproducir la discriminación histórica y estructural que estos grupos o personas han sufrido”

La frase más hermosa de todo el texto, en mi opinión, dice que “del  principio de  la  dignidad humana  deriva  la plena autonomía de la  persona para escoger  con quién quiere  sostener un  vínculo permanente y marital,  sea  natural  (unión  de  hecho) o solemne  (matrimonio)”.

 

Como ven, no hay argumentos válidos para seguir negando el derecho al matrimonio a las  mujeres y hombres homosexuales venezolanos.

Nadie, absolutamente, nadie tiene derecho  a decidir por otra persona a quien amar, de quien enamorarse o con quien construir una familia, un proyecto de vida. Nadie, nadie tiene derecho a negarle a esa persona la protección legal de su familia.

 

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