Estreno de documental Lesbianas en Venezuela: abriendo caminos

Este martes 27 de agosto en Caracas será el estreno del documental Lesbianas en Venezuela: abriendo caminos.

 

Lesbianas en Venezuela: abriendo caminos es un documental que muestra los inicios, acciones, obstáculos, logros y perspectivas hacia el futuro de mujeres que se han destacado y siguen destacándose como activistas lesbianas en Venezuela. 

Jany Campos, Gisela Kozak, Gabrielle Gueron, Karla Carrillo, Ana Rojas y Elena Hernaiz de Fundación Reflejos y Quiteria Franco de Unión Afirmativa son las protagonistas de este documental que aspira a formar parte de la memoria histórica del movimiento LGBTI en Venezuela.

El documental busca además servir para que quienes aspiran a formarse como defensoras de derechos humanos de las mujeres, y en particular, de mujeres lesbianas conozcan lo que se ha hecho, como ha sido el camino recorrido y también escuchar las sugerencias de quienes ya han transito los caminos del activismo lésbico en el país.

La invitación es para toda las personas interesadas mujeres, jóvenes, adultas, hombres solidarios e interesados en el tema a acompañarnos en la premier del documental Lesbianas en Venezuela: abriendo caminos.

La entrada es libre, pero puedes traer como contribución para nuestra videoteca/biblioteca un video de una serie de TV,  película o un libro con temática sobre mujeres lesbianas. 

La cita es el martes 27 de agosto de 3 a 5 pm, en la Sala Cabrujas de los Palos Grandes, Municipio Chacao.

Dirección: Av. Francisco de Miranda con 3ra Avenida de Los Palos Grandes Centro Comercial El Parque, Nivel C-1, Caracas 1010, Miranda.

Punto de Referencia: A la salida de la Estación de Metro Miranda,  diagonal a la salida del Estacionamiento de Parque cristal Detrás de Wendys.

        

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La sociedad civil ante la violación del derecho a la educación a dos jóvenes en el Instituto Escuela en Caracas

La sociedad civil se pronuncia ante la violación del derecho a la educación a dos jóvenes en el Instituto Escuela en Caracas

 

Las organizaciones firmantes se manifiestan ante el hecho de discriminación contra dos adolescentes a quienes se les ha negado la nueva inscripción en el instituto Escuela donde estudian.

El pasado 29 de julio, a través de denuncia pública se conoció que dos adolescentes estudiantes regulares del Instituto Escuela ubicado en la zona de Prados del Este en Caracas, se les ha negado la re/inscripción en ese instituto, debido a que las dos chicas se habían besado durante un viaje en el autobús de la escuela. La Sra. Karina Barbosa, madre de una de las jóvenes ha denunciado a los medios que durante  las semanas posteriores al incidente la joven fue objeto de supervisión y seguimiento en el instituto.  Al momento de proceder a hacer la nueva inscripción de sus hijos se le impidió hacerlo, al solicitar una explicación se le sugirió “propiciar un cambio de ambiente para la joven” agregando además que “la institución no está preparada para lidiar con ese tipo de asuntos” en referencia al beso entre las chicas. Al poner la denuncia ante el Consejo de Niñas, niños y Adolescentes local, no han obtenido una respuesta. Ante tal situación recordamos cual debe ser la actuación de las instituciones las que deben tener siempre en cuenta:

  1. Los niños, niñas y adolescente son Sujetos de Derechos.

Ya no son considerados “objetos” de tutela (como lo eran bajo el paradigma de la Teoría de la Situación Irregular, contemplado en la antigua la Ley Tutelar del Menor de 1980), sino sujetos plenos de derechos (como lo establece la Doctrina de la Protección Integral, acogida en Venezuela con la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño y la puesta en vigencia de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, LOPNNA).

  1. Siempre se debe tomar en cuenta el Interés Superior del Niño.

Esto quiere decir que al momento de tomar decisiones, deben medirse y tomarse en cuenta, antes que nada, las consecuencias para el bienestar del niño, niña o adolescente. Es un error no considerar sus puntos de vista o pasar por alto alguno de sus derechos pensando que “es por su bien”.

  1. Debemos actuar bajo el Principio de Prioridad Absoluta.

Esto quiere decir otorgar primacía a los niños, niñas y adolescentes en el acceso y la atención de los servicios públicos; en la protección y socorro en cualquier circunstancia; en el desarrollo preferencial de políticas públicas, así como en la disposición de los recursos necesarios para implementarlas.

  1. La familia, el Estado, y la sociedad son corresponsables en hacer cumplir los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

La familia es el espacio más idóneo para el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, por lo tanto, siempre que sea posible, sobre ella recae la responsabilidad directa del cuidado y la protección de esta sensible población. La obligación de la familia debe ser correspondida con la obligación de la sociedad y del Estado.

  1. Debemos actuar bajo el Principio de No Discriminación.

No discriminar significa asegurar la igualdad de oportunidades en el disfrute de los derechos de todos y cada uno de los niños, niñas y adolescentes. Ni las condiciones personales de ellos y ellas, ni las de sus familiares o representantes debe provocar su exclusión o discriminación. Pero si algún niño, niña o adolescente estuviera expuesto a un estado de vulnerabilidad mayor, deben desarrollarse estrategias de protección y compensación para que efectivamente le sean garantizados sus derechos.

  1. Debemos actuar bajo el Principio de la Integralidad de los Derechos Humanos.

Es necesario tener presente que todos los derechos tienen la misma jerarquía y valor. Son indivisibles e interdependientes; de manera que no se pueden reconocer algunos sí y otros no. La indivisibilidad de los derechos alude a su complementariedad; es decir, que la protección debe ser integral.

Por lo tanto, exigimos:  

  1. Dar una respuesta oportuna a las representantes de las jóvenes involucradas y restituir los derechos vulnerados.
  2. Proceder a tomar las medidas necesarias para que el personal del instituto (maestros, supervisores, y otros) reciba la formación apropiada para actuar ante situaciones similares.
  3. Proceder a elaborar e implementar un protocolo de actuación interno que permita abordar los casos de acoso escolar y una instancia que permita a estudiantes, maestros y demás personal presentar denuncias por casos de discriminación y acoso.
  4. Elaborar un compromiso claro y público de respeto a los derechos de igualdad y no discriminación dentro del Instituto Escuela.

 

 

Suscriben

 

100% Estrógeno

A.C. Madres y Padres por Los Niños En Venezuela (MAPANI VENEZUELA)

Acceso a la Justicia

Acción Solidaria

ACCSI Acción Ciudadana Contra el SIDA

ALAPLAF

Asociación Mujeres en Positivo por Venezuela

Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (FUNPAZ)

Asociación Civil Mujeres en Linea

ASV

Ateneo Ecológico del Orinoco

Aurora Madre

Caleidoscopio Humano

CDH-UCAB

Cecodap

Centro de Justicia y Paz-CEPAZ

Centro de Derechos humanos de la Universidad Metropolitana (CDH-UNIMET)

Centro para los Defensores y la Justicia

Civilis Derechos Humanos

Clima21 – Ambiente y Derechos Humanos

Codehciu

Codhez – Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia

Comisión Nacional de DDHH de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del estado Táchira

EDEPA A.C.

EXCUBITUS Derechos Humanos en educación

Funcamama

Fundación Aguaclara

Fundación Lucelia

Fundación nueva mujer margarita

Fundación para la Prevención de la Violencia hacia la Mujer

Gobiernatec

Hombres por la equidad y la igualdad

Labo Ciudadano

Monitor Social A.C.

Movimiento Ciudadano Dale Letra

Mujeres Con Voluntad

Observatorio de Derechos Humanos Universidad de Los Andes

PLAFAM

Promoción Educación y Defensa en DDHH – PROMEDEHUM

Sociedad Hominis Iura (SOHI)

StopVIH

Una Ventana a la Libertad

Uniandes A. C.

Unión Afirmativa

Una Ventana a la libertad

Venezolanos en Acción

 

 

Personas de la sociedad civil

María Corina Muskus, Magally Huggins, Beatríz Rodriguez, Marisol de la Rosa, Urquia Sanchez, Haydee Deutsch, Lilia Arvelo, Ma. Alexandra Sordo, Rossie Cedeño Gómez, Fernando Aranguren, Jenny Medina, Hector Pérez Marcano, Carlos Walter, Diana Merchan, Gabriel Ortiz, Susana Rafalli, Edgar Baptista, Karla Avila Morillo. 

 

 

 

 

 

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El doble techo de cristal

El término es una metáfora que ha sido utilizada para describir las barreras invisibles (cristal) a través de las cuales las mujeres pueden ver las posiciones de élite, por ejemplo, en el gobierno o en el sector privado, pero no las pueden alcanzar puesto que se lo impide ese techo invisible. Esas barreras impiden que grandes cantidades de mujeres y minorías étnicas consigan y se aseguren empleos poderosos, prestigiosos y mejor pagados del mercado laboral

 

Por: Quiteria Franco / @qfranco

 

El techo de cristal es doble cuando además de negar importantes posiciones de elite por el simple hecho de ser mujeres se agrega la exclusión por orientación sexual. Las mujeres  lesbianas o bisexuales afrontan una doble discriminación, la de ser mujer y la de ser lesbiana o bisexual. Aunque este hecho no es exclusivo para mujeres lesbianas, sino también para hombres gay. En ingles se hace referencia a este problema como “the gay glass ceiling” o “lavander ceiling”.

 

Muchas veces esas trabas provienen no solo de los hombres en posiciones de poder, sino además de otras mujeres. Pareciera entonces que las mujeres lesbianas participan en una carrera contra múltiples obstáculos en el ascenso al éxito laboral o profesional.

 

No se trata de que las mujeres lesbianas lleguen a su lugar de trabajo y griten su orientación sexual, sino que sientan la seguridad de estar en un ambiente libre de discriminación en el que encuentren la tranquilidad de que no serán víctimas de retaliación debido a su orientación sexual en caso de que decidan mostrarla; al tiempo que no se vean obligadas a ocultar su orientación sexual debido a posibles consecuencias negativas.

 

El lugar de trabajo es donde compartimos con nuestros pares profesionales sobre nuestra vida familiar, si decidimos casarnos solicitamos permiso por matrimonio, luego la posibilidad de incluir a la pareja en el plan de seguro médico, seguro de vida, en fin, todos los beneficios laborales que disfrutan los empleados heterosexuales. Las empleadas y trabajadoras lesbianas optan por no disfrutar de estos beneficios laborales por temor a las consecuencias de develar que están en una relación con alguien de su mismo sexo.  Ante la posibilidad de ser discriminadas o frenadas en su ascenso profesional muchas optan por ocultar su vida familiar.

 

Hostilidad en el lugar de trabajo

 

Una quinta parte de los estadounidenses LGBTQ (20%) han experimentado discriminación por orientación sexual o identidad de género al solicitar puestos de trabajo. Las personas LGBTQ de color (32%) tienen más probabilidades de experimentar ese tipo de discriminación que las personas LGBTQ blancas (13%). 22% de los estadounidenses LGBTQ no han recibido el mismo pago ni han sido promocionados al mismo nivel que sus compañeros.

 

Por otro lado, al mencionar los datos sobre discriminación y sus consecuencias nos encontramos lo siguiente:

 

El miedo impide que empleados LGBT sean ellos mismos en el trabajo

 

Las personas LGBT a menudo cubren o minimizan aspectos de su identidad o personalidad (por ejemplo, ocultando relaciones personales o cambiando la forma en que se visten o hablan) para evitar la discriminación. Los empleados reportan que se sienten agotados de gastar tiempo y energía ocultando su orientación sexual (17%) e identidad de género (13%).

Culturas de trabajo inclusivas

 

Un cuarto (25%) de los empleados LGBTQ informan que permanecen en un trabajo debido a un entorno que incluye a los LGBTQ. 10% de los empleados de LGBTQ han dejado un trabajo porque el entorno no aceptaba a las personas LGBTQ. Finalmente, en cuanto a posiciones de liderazgo, aseguran que los líderes corporativos abiertamente LGBT son raros.  Menos de 20 directores de juntas en las compañías Fortune 500 fueron LGBT + abiertamente en 2018.

 

Venezuela

 

Estos datos quizás puedan ayudarnos a entender por qué hay una marcada tendencia entre personas LGBTI a ser trabajadores independientes, por lo menos en Venezuela, optando por profesiones u ocupaciones que les permitan mantener cierta autonomía que les ayude a evitar la discriminación laboral. Entre las profesiones u ocupaciones más destacadas para quienes tienen la posibilidad de culminar una carrera podemos mencionar el diseño gráfico, diseño de moda o de interiores, el periodismo, la actuación, comunicador social, escritura, la tecnología, todo lo relacionado con la computación, redes sociales o en organizaciones de derechos humanos como ONG, fundaciones o asociaciones. Muchos han optado, con destacados resultados, en la peluquería o estética y el canto aficionado, pero otros menos afortunados terminan en el trabajo sexual o prostitución (en la mayoría de los casos de manera forzada).

 

Superar obstáculos

 

En palabras de Beth A. Brooke-Marciniak, mujer lesbiana y vicepresidente Global de Política Pública de EY, en un artículo publicado en 2015, aseguraba que “desde mi propia experiencia de ser “diferente” es multifacética. Era una mujer, introvertida y encerrada, con una política que tendía a diferir de mis compañeros en mi profesión fuertemente masculina y extrovertida”.

 

Sin embargo, agrega que esas diferencias contribuyeron a tener una propensión natural a ser una líder inclusiva, asegura. Dado que “había experimentado la posición de minoría en muchas dimensiones. Desde que salí del closet en 2011 he sido más sincera conmigo misma y más auténtica con los demás. En pocas palabras, me ha convertido en una mejor líder. Y estar en una posición de liderazgo en una organización global me ha proporcionado una plataforma para hablar abiertamente sobre una amplia gama de temas”.

 

¿Y qué pueden hacer las empresas para ayudar? Muy sencillo, seguir las recomendaciones del Manual de Naciones Unidas con los Estándares de conducta empresarial contra la discriminación a personas LGBTI.

 

Respeto a los derechos humanos; 2. eliminar la discriminación; 3. dar apoyo; 4. prevenir otras violaciones de DDHH; 5. actuar en la esfera pública.

Lo ideal sería comenzar con algunas medidas concretas podrían iniciar con la elaboración de protocolos contra el acoso laboral que incluyan mecanismos para recibir y procesar denuncias de discriminación por razón de la orientación sexual y la identidad y expresión de género.

En cuanto a beneficios laborales, un buen inicio seria ofrecer la inclusión del cónyuge en el seguro social sin distinción por orientación sexual. Pero lo más importante es ofrecer ambientes de trabajo amigables, libres de discriminación y con igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, sin distinción alguna que les permita desarrollar su máximo potencial.

 

El techo de cristal ha ido rompiéndose a nivel mundial, aunque de manera excepcional, por ejemplo, Jóhanna Sigurðardóttir la primera mujer lesbiana que asume el cargo de Primera Ministra de Islandia (2009–2013), Ana Brnabić, primera mujer y lesbiana que asume el cargo de Primera Ministra de Serbia  desde 2017. Edith Windsor logró las más altas posiciones en IBM desde 1958 hasta 1975 cuando se retiró para fundar su propia empresa, pero enclosetada, bajo el temor de ser echada de la empresa por ser lesbiana. Apenas en 2018, Beth Ford se convirtió en la directora ejecutiva de Land O’Lakes y la primera mujer abiertamente gay en dirigir una compañía de Fortune 500.

 

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La migración como factor que propicia la trata de personas y otras formas de esclavitud moderna

La Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela ha generado una crisis de movilidad humana en la región de América Latina, ha ocasionado un flujo irregular de población venezolana por toda la región que se ha convertido en una de las principales causas de aumento de los factores de riesgo y sobre exposición de los habitantes de Venezuela a la trata de personas y a muchas de las prácticas neo-esclavistas, tanto en Venezuela que es el país de origen, como en los países de tránsito y destino.

 

  • Aumento desbordado de población venezolana migrante

El deterioro de la calidad de vida, la hiperinflación, la escasez de alimentos, medicamentos, el colapso de los servicios básicos como la electricidad, el agua potable, el gas doméstico y el transporte, y la elevada inseguridad personal y social son aspectos que propician la disposición al riesgo de algunos migrantes porque al no tener garantizadas sus necesidades básicas, sienten que no tienen nada que perder. Y si a este panorama se suma el acceso extremadamente limitado a la atención en salud —debido al deterioro de las instalaciones, falta de mantenimiento de equipos o las precarias condiciones en las que se imparte el servicio—, episodios de fuerte represión a manifestantes, la inseguridad ciudadana y la cantidad de muertes violentas que ocurren en el país, son factores que llevan a muchas personas, especialmente las más jóvenes, a tomar la decisión de migrar.

 

  • Aumento de la población femenina migrante

En cuanto a las necesidades particulares que impulsan a las mujeres a viajar se observan las acentuadas desigualdades sociales, la falta de acceso a anticonceptivos y medicamentos propios para afecciones de la mujer o relacionados con el embarazo, el índice de mortalidad materna, la ausencia de antirretrovirales para las mujeres que viven con VIH, las mujeres solas con hijos, hijas o parientes con alguna discapacidad, condición especial o simplemente dependiente de algún medicamento o tratamiento de alto costo o escaso en el país. Motivos como estos han hecho que mujeres se vean forzadas a migrar con la responsabilidad de cubrir, además de las propias, las necesidades de la familia que queda en el país, con lo cual ha cambiado la dinámica familiar y su rol en la sociedad, reduciéndose cada vez más la edad a la que se inician en actividades productivas sacrificando la continuación de su educación.

Las mujeres, incluidas las mujeres trans, lesbianas, adolescentes mujeres, y niñas son particularmente afectadas en los contextos de movilidad. Los factores de riesgo que en éstos se potencian apuntan a quienes viajan a pie, solas, pertenecen a alguna etnia indígena, son madres o tienen personas dependientes de ellas con necesidades inmediatas, si no cuentan con la documentación necesaria para el viaje, si poseen pocas redes de apoyo familiar, si han vivido situaciones de violencia previa, abuso sexual o si ya en el país son víctimas de explotación sexual. Los riesgos que enfrentan en estos contextos de movilidad son variados, desde situaciones de sexo transaccional, que es un mecanismo implementado sobre todo en la etapa de tránsito, por quienes controlan los cruces irregulares de frontera; hasta el riesgo de ser captadas por redes de trata de personas.

  • Aumento de la población de niños, niñas y adolescentes migrantes

Es especialmente preocupante el constante aumento de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados quienes enfrentan serios riesgos para su protección como consecuencia de la separación familiar, ausencia de regularización migratoria, violaciones al derecho a la identidad de las y los infantes que pueden catalogarse en riesgo de apatridia, por las limitaciones de acceso al registro de nacimiento ante el cierre de Embajadas y Consulados en el exterior, lo que les hace sumamente vulnerables a la exclusión del sistema educativo, la mendicidad, al trabajo infantil y trabajo en condiciones peligrosas, la esclavitud, la venta de niños y niñas, situaciones de reclutamiento forzado, explotación sexual en cualquiera de sus modalidades, la trata de personas y otras formas de esclavitud moderna.

  • Carencia de documentos de identidad

Muchas de las personas que requieren, por diversos motivos, ejercer su derecho a la circulación y entrar o salir del territorio nacional, se ven forzadas a hacerlo ilegalmente, pues carecen de documentos, debido a que el Sistema Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) tiene más de tres años incumpliendo su función de proveer a la ciudadanía de sus documentos de identidad, y ha generado una crisis de pasaportes. Se ven de esta manera forzados a vincularse con redes de traficantes, que en muchas ocasiones funcionan además como redes de trata de personas, y una vez realizado el cruce de fronteras, proceden además a someterles a situaciones de explotación.

  • Corrupción

La corrupción ha jugado un rol fundamental al facilitar la perpetración del delito de trata de personas, entre otros. La carencia de integridad y fortaleza en las instituciones venezolanas da paso a la impunidad y muchas veces a la revictimización. Algunos funcionarios en las fronteras venezolanas permiten el tráfico ilícito de migrantes a cambio de beneficios económicos, ayudando a las redes de trata a obtener “presas fáciles” para sus fines, generando crímenes impunes del otro lado de la frontera[1].

  • Estigmatización, xenofobia y discriminación

La percepción negativa respecto de los migrantes contribuye a dificultar su incorporación a la vida regular en el país de destino y aumenta la vulnerabilidad a las formas de explotación. En ocasiones se criminaliza en otros países a la población venezolana migrante, a través de los medios de comunicación y redes sociales, cuando en casos de delitos que causan gran conmoción en la sociedad, los mismos son atribuidos a la nacionalidad de sus perpetradores. En algunos países el ingreso ilegal al territorio está tipificado como delito, sancionado con penas privativas de libertad, que en ocasiones pueden ser sustituidas por fianzas, pero sólo mediante el pago de grandes sumas de dinero y estas normas pueden llegar a aplicarse a personas que han sido trasladadas a esos países luego de la captación como víctimas de trata de personas[2]. En este sentido, es necesario se extienda y se siga profundizando la labor de algunos Estados que han implementado procesos de regularización y campañas de concientización frente a situaciones de xenofobia y discriminación, así como las medidas humanitarias que, entendiendo las dificultades que existen para la obtención de pasaportes, han decidido aceptar este documento fuera de su fecha de vencimiento o incluso la cédula de identidad[3], lo cual contribuye a mejorar la protección jurídica y el acceso a la justicia de las víctimas de esclavitud moderna en esos territorios.

  • Incumplimiento del deber de no devolución

En situaciones de migración forzada debe insistirse en que los países receptores de personas con necesidad de protección internacional, deben abstenerse de devolverlas al país de origen, y si no pueden recibirle, deben gestionar su recepción por un tercer país. Tal es el caso de los migrantes venezolanos en la actualidad, que no se movilizan por meras razones económicas, solo en busca de mejores condiciones, sino que ello va acompañado del elemento de necesidad, porque en el propio país no están dadas las condiciones para satisfacer las necesidades mínimas, y por tanto la movilidad guarda relación con el resguardo de la vida y la salud. Los países receptores que incumplen el deber de no devolución exponen a los venezolanos a graves riesgos, entre los que se encuentra el de ser víctimas de trata u otras formas de esclavitud moderna.

 

  1. Grupos particularmente vulnerables a la trata de personas y otras formas de esclavitud moderna 
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    • Niños, niñas y adolescentes

Niños, niñas y adolescentes (NNA) son particularmente vulnerables en Venezuela frente a la trata de personas y otras formas de esclavitud moderna, pues se entrecruzan distintas variables, entre las que podemos mencionar: enormes dificultades de las familias para tener acceso a bienes y servicios indispensables para el sustento de la vida; NNA  actuando como proveedores, para satisfacer sus propias necesidades o las de sus familias, y que llegan a estar involucrados en situaciones de sexo transaccional como mecanismo de sobrevivencia. NNA en zonas de frontera que se ven involucrados con la actuación de Grupos Armados Irregulares. NNA en zona minera víctimas de explotación sexual y laboral. NNA obligados por explotadores a ejercer la mendicidad, lo que pasa inadvertido por la naturalización del recurso a la mendicidad, al que se han visto obligados a acudir muchos, incluso grupos familiares, como mecanismo para subsistir; entre otras formas de explotación. Estas situaciones se ven potenciadas por las fallas en los sistemas públicos de identificación de la población de recién nacidos.

Adicionalmente, están otras situaciones vinculadas con la migración forzada, en la que no solo está la problemática de los propios niños, niñas y adolescentes migrantes, en ocasiones no acompañados, sino también las situaciones de niñez dejada atrás por representantes que migran y los dejan a cargo de familiares sin la debida capacidad para proveerles sustento y protección, o a cargo de personas que los someten a explotación. En estos contextos las redes de delincuencia han sabido aprovechar la desintegración familiar para captar a NNA no acompañados, separados o que están al cuidado de la familia extendida o de otras personas. Frente a tales situaciones resaltan las debilidades del Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes que no ofrece respuestas, ni de manera autónoma ni de manera coordinada con otras autoridades competentes en las materias vinculadas a los fenómenos de esclavitud moderna.

La trata de personas es un delito que afecta particularmente a niños, niñas y adolescentes, pues esa sola condición de ser sujetos cuyas capacidades están precisamente en proceso de desarrollo, hace que su condición de poder frente a otros esté disminuida, y les lleva a tener un grado mayor de riesgo de llegar a ser víctimas de este delito caracterizado por el ejercicio de poder de una persona sobre otra, de manera abusiva y absoluta.

Al respecto se sabe que el fenómeno ocurre, y que está en aumento, pero se desconoce con precisión su magnitud así como otros detalles. Se ha expuesto que del total de víctimas de trata de personas en el mundo, un cuarenta por ciento (40%) son niños, niñas y adolescentes. Se hace referencia a que ciertas modalidades de trata de personas (trata con el propósito de explotación a través de trabajo forzoso) afectan más a los niños y adolescentes hombres, mientras que otras modalidades de trata de personas (trata con el propósito de explotación sexual) afectan más a niñas y adolescentes mujeres. Sin embargo, la ausencia de cifras precisas impide determinar si en general existe una mayor proporción de niñas y adolescentes mujeres afectadas (en comparación con los niños y adolescentes hombres)[4].

En Venezuela uno de los aspectos sobre los que se carece de suficiente información en materia de trata de personas es el referido a la victimización de niños, niñas y adolescentes

  • Mujeres

Las nuevas formas de esclavitud no son neutrales al género, las mujeres, incluidas las mujeres trans, lesbianas, adolescentes mujeres, y niñas son el grupo poblacional con mayor riesgo de sufrir situaciones de explotación. Adicionalmente, otras situaciones que las victimizan como el abuso y la violencia sexual, o las situaciones que llevan al sexo transaccional como forma de sobrevivencia, configuran factores que aumentan su vulnerabilidad como potenciales víctimas de trata de personas y otras formas de esclavitud moderna.

En el caso de mujeres adultas, en el perfil de las víctimas de trata que arrojan algunos estudios, se observa que las mujeres son mucho más victimizadas que los hombres y que los menores de edad pues constituyen un 70% del total de víctimas[5].

Adicionalmente, las mujeres son utilizadas como “anzuelo” para captar a nuevas víctimas, aprovechando la relación de confianza y empatía que las mujeres generan entre sí. Muchas de las captadoras han sido víctimas de trata anteriormente y producto de chantajes y relaciones desiguales de poder se les conmina a participar en la cadena del delito, siendo éstas el eslabón más vulnerable.

  • Población LGBTI

En el caso de las mujeres transgénero el mecanismo de captación no se centra únicamente en el tipo o condiciones de empleo, sino que la oferta engañosa va hasta el pago del tratamiento médico para su proceso de transición, implantes mamarios, sesiones de fotografías y casting para compañías de modelaje.[6] Esto sumado a la situación general de que estas personas están siendo severamente impactadas por la emergencia humanitaria compleja, y en algunos casos se ven forzadas a salir de Venezuela para ejercer la prostitución, porque son cabezas de familia y no tienen sustento fijo para su manutención[7].

  • Indígenas

Para la población indígena y particularmente para las mujeres indígenas los factores de riesgo se asocian a la carencia de condiciones para el derecho a la identificación, el aumento de la presencia de actores armados no estatales, provenientes en gran medida del conflicto armado colombiano, quienes controlan las minas y los territorios indígenas generando un escenario propicio para la esclavitud moderna. Asimismo, la contaminación producto de la minería ilegal, aunada a la afectación del cambio climático en los procesos de desertificación y cambio en los patrones de lluvia, desmantela la economía tradicional del auto-sustento haciéndose necesaria la búsqueda de alternativas económicas para mitigar los efectos de pauperización. Todo esto profundizado, además, por el contexto de la emergencia humanitaria compleja.

Particularmente desde la creación del Arco Minero y con la presencia de grupos armados irregulares en el estado Bolívar, se ha visto especialmente afectada la población indígena. La afectación en el orden ambiental de la actividad minera ha traído consecuencias económicas, culturales y de salud, que fuerzan a un cambio en los hábitos de vida tradicional de estas poblaciones, obligando a los hombres a dedicarse a la minería y creando la dependencia de actividades comerciales informales. Grupos que operan con la lógica de crimen organizado inducen bajo amenazas, intimidación y coacción a muchas mujeres y jóvenes a situaciones de prostitución forzada, lo que, en el marco de una situación de crisis y pobreza generalizada, obliga a estas mujeres a insertarse en redes de trabajo sexual o en la explotación sexual comercial como forma de sustento, situándose en una condición de víctimas potenciales de cualquiera de las formas de esclavitud moderna. En las denominadas “currutelas[8] que circundan las minas, prolifera la explotación sexual de mujeres, niñas y adolescentes, de diversas nacionalidades y procedencias étnicas[9].

  • Hombres

Los hombres, adolescentes hombres y los niños son vulnerables a situaciones de trabajo forzado y en condiciones peligrosas, al reclutamiento forzado por parte de grupos armados irregulares ligado a actividades de contrabando, pero también en el sector agrícola, pesquero y minero.

En el caso de los hombres adultos son situaciones que pueden estar invisibilizadas pues se ocultan tras el hecho aparentemente legal y natural del trabajo.

 

[1] Transparencia Venezuela: Se necesitan instituciones sólidas para abordar la delincuencia organizada. Disponible en: https://www.transparency.org/news/feature/venezuela_se_necesitan_instituciones_solidas_para_abordar_la_delincuencia_o

[2] Contraviniendo los Principios y Directrices del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos relativos a la no penalización de las personas objeto de trata (2009) en los que se expone claramente que: “Las víctimas de la trata de personas no serán detenidas, acusadas ni procesadas por haber entrado o residir ilegalmente en los países de tránsito y destino…”

[3] Haciendo valer el Acuerdo de Residencia para los Nacionales de los Estados Partes y Asociados del Mercosur vigente desde el 2014.

[4] World Free Foundation. Índice Global de Esclavitud Moderna, 2018. https://www.globalslaveryindex.org/2018

[5] World Free Foundation. Índice Global de Esclavitud Moderna, 2018. https://www.globalslaveryindex.org/2018

[6] Franco Quiteria (2017, septiembre 4) Trata de mujeres trans o esclavitud moderna. Disponible en: http://alternos.la/2017/09/04/trata-de-mujeres-trans-o-esclavitud-moderna/

[7] Según la organización Caleidoscopio Humano, esto se observa en casos que han documentado.

[8] Nombre en portugués dado al lugar que expende bebidas, ofrece música y personas en situación de explotación sexual.

[9] Moncada, Alicia. Mujeres, Derechos y Políticas Públicas en América y El Caribe. Aportes para el análisis de la violencia contra las mujeres indígenas en contextos mineros. Universidad de Limonges, 2016. Pág. 135.

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Recomendaciones para prevenir ser víctima de trata y otros delitos asociados a la esclavitud moderna

Con motivo del Día Mundial contra la Trata de Personas, que se conmemora el 30 de julio a continuación presentamos algunas advertencias que provienen de la observación de casos concretos y de modos de captación que suelen usar los victimarios para captar a posibles víctimas de delitos asociados a la esclavitud moderna en el contexto venezolano.

 

  • No hacer entregas de niños, niñas y adolescentes al cuidado de terceras personas sin la participación de las autoridades competentes del Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, aun cuando se trate de personas que ofrezca alimentar, cuidar y educarle.
  • Documentar y denunciar las situaciones de las que sea testigo, en las que estén involucrados niños, niñas y adolescentes no acompañados, y que parezcan sospechosas de ser formas de explotación.
  • Desconfiar de las ofertas de empleo o de otros beneficios que parezcan excesivamente provechosas.
  • Identificar organizaciones seriamente dedicadas al estudio de estos temas que puedan ayudar a identificar cuándo una oferta de empleo o de otro beneficio no resulta confiable.
  • Desconfiar de ofertas de empleo o de otros beneficios que parezcan excesivamente provechosas aun cuando provengan de personas que parecen confiables, aunque provengan de familiares o personas conocidas (puede tratarse de alguien que está siendo obligado actuar como captador).
  • Desconfiar de ofertas de empleo o de otros beneficios que parezcan excesivamente provechosas que provengan de personas que le han contactado a través de las tecnologías de información y comunicación (email, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, u otra), aunque provengan de personas con las que tiene mucho tiempo, incluso años, intercambiando mensajes.
  • Desconfiar de ofertas de empleo o de otros beneficios que parezcan excesivamente provechosas aunque provengan de personas que han establecido con usted un vínculo amoroso, bien sea por medios virtuales o presenciales
  • Los victimarios son astutos y van modificando sus modos de captación. Recomendamos no limitarse a tener precaución en los supuestos que aquí mencionamos, sino estar alerta en todos los supuestos.
  • No cometer nunca el error de creer que, ante una oferta sospechosa se puede sacar provecho inicial y luego decidir cuándo tomar distancia. Parte del engaño de las ofertas consiste en hacer creer que eso es posible, pero una vez que se inicia el contacto todo el control pasa a estar en manos del victimario que suele actuar en red.
  • Identificamos que algunos elementos que aumentan la vulnerabilidad pueden ser disminuidos desde la propia persona y su entorno familiar, y alentamos a la comunidad a tomar conciencia al respecto.
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    1. Personas que están dispuestas a correr altos riesgos.
    2. Personas con propensión a esperar obtener resultados en el corto plazo.
    3. Personas rodeadas de familiares o amigos que constantemente insinúan que tomen riesgos, o que busquen oportunidades en otros lugares, o que sigan el ejemplo de otras personas que lo han hecho[1].
  • Si decide migrar, asegúrese o trate de:
    1. Planificar
    2. Buscar información sobre los requisitos legales de ingreso, permanencia, trabajo y estudio en el país de destino.
    3. Portar la documentación necesaria
    4. Tener redes de apoyo de familiares y amigos, presenciales o que pueda contactar mediante la tecnología de comunicación.

 

Estas recomendaciones fueron elaboradas por el Grupo de Trabajo sobre la Esclavitud Moderna en Venezuela. GTEMV 

 

[1] Según estudio elaborado en el año 2007 por la Organización Internacional para las Migraciones en la frontera colombo-venezolana.

 

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Se constituye Grupo de Trabajo sobre la Esclavitud Moderna en Venezuela

El Grupo de Trabajo sobre Esclavitud Moderna en Venezuela reúne un conjunto de organizaciones, centros académicos y personas venezolanas que trabajan dentro y fuera del país, para profundizar el conocimiento y la prevención de la grave situación en la que un número importante de la población es víctima o vulnerable, frente a las distintas formas de esclavitud moderna y específicamente a la Trata de Personas, tanto en el territorio venezolano, como en los países de tránsito y destino de nuestra población.

 

El GTEMV es una alianza de organizaciones de la sociedad civil interesadas  en las dinámicas de esclavitud moderna. Desde septiembre de 2017 y con el respaldo de la Embajada Británica en Caracas, el GTEMV ha desarrollado un debate con el propósito de contribuir con la comprensión de los problemas y, en la medida de la posible, aportar soluciones, dar a conocer los temas, los factores de riesgo y la situación a la colectividad, es una de las principales herramientas del GTEMV para favorecer el derecho a la información de la ciudadanía en estas materias.

 

El GTEMV realiza su trabajo desde una perspectiva de derechos humanos, que se fundamenta en la identificación de las obligaciones del Estado y en la exigencia de su cumplimiento para la garantía del ejercicio de los derechos, y el respeto a la dignidad de todos los habitantes del país.

 

La esclavitud ha sido formalmente abolida en el mundo entero, sin embargo, la realidad es que ha mutado, ha resurgido de diversas formas, y se ha potenciado en el contexto globalizado internacional, lo que ha hecho que sea más compleja su identificación.

 

Hoy día personas, que en muchos casos pertenecen a redes de delincuencia organizada, se lucran y sacan provecho de usar a otras personas como mercancías, y las someten despojándolas del control sobre sus propias vidas. Logran someterlas recurriendo a la violencia, coerción, amenaza, el abuso de poder, engaño, de modo tal que a las víctimas les es imposible negarse o librarse. La mayor vulnerabilidad de las víctimas (su debilidad o propensión al riesgo) facilita el abuso de poder por parte del victimario.

 

La explotación de unas personas por otras puede manifestarse de diferentes formas, como el trabajo forzado, trabajo en condiciones de servidumbre, explotación sexual, matrimonio forzado, venta, esclavitud o condiciones análogas a la esclavitud, sometimiento a la mendicidad, sometimiento al tráfico de órganos, incorporación a grupos delictivos, incorporación a grupos armados irregulares; todas caracterizadas por un trato indigno, limitador de la autodeterminación y devastador de la integridad personal de quien la experimenta.

 

Cuando se conjugan los elementos de captación, traslado, recepción y explotación (en el territorio de un solo país o de varios) se está en presencia del delito de trata de personas[1]. Otras circunstancias de explotación están tipificadas con otros tipos penales. Todas las formas de explotación que suprimen la libertad de las personas son aludidas con el término amplio: formas de esclavitud moderna.

 

En la actualidad, 3 de cada 1.000 personas en todo el mundo son víctimas de la esclavitud moderna[2]. En Latino América la cifra es  de 1,9 de cada 1.000 personas.[3] Nuestro país no escapa a este fenómeno, y la población venezolana se ve afectada tanto en nuestro territorio como en otros países. En la región de América Latina, Venezuela, tiene el primer lugar de prevalencia de Esclavitud Moderna[4], lo que refleja una realidad alarmante.

 

La Emergencia Humanitaria Compleja y otros factores que propician la trata de personas y otras formas de esclavitud moderna en el país

La comprensión de la incidencia de estos delitos en nuestro país requiere ir más allá del estudio específico de la manifestación de determinados hechos que han sido tipificados como delitos. Se requiere además reconocer una serie de fenómenos cuya presencia favorece la vulnerabilidad de las víctimas, y potencia facilidades a los victimarios.

 

  • Emergencia Humanitaria Compleja.

Venezuela vive hoy día una situación de anormalidad generalizada y multifactorial, que abarca aspectos económicos, sociales, políticos, entre los que está comprometida la seguridad alimentaria, la seguridad ciudadana, aspectos ambientales y geopolíticos; en la cual está seriamente afectada la institucionalidad democrática del país. Esta situación no tiene su origen en un conflicto armado ni en un desastre natural -aunque sus consecuencias son similares, o aún peores-, sino que se origina en las propias políticas públicas implementadas por el sector oficial de manera deliberada con la finalidad de controlar a la población y todos los aspectos de la vida nacional (todo lo cual indica que es compleja). Esta situación se traduce en una violación generalizada y sistemática de los derechos humanos de la población, al punto que un número importante de ésta padece necesidades que ponen en riesgo su vida o le generan sufrimiento (lo que implica que es humanitaria). Esta situación rebasa las posibilidades del propio Estado para propiciar paliativos, y por ende ha rebasado los elementos característicos de una crisis (lo que implica que es una emergencia).

En este contexto, la generalidad de la población venezolana lucha a diario para enfrentar el hambre, la falta de servicios de salud, y la falta de recursos económicos para adquirir los bienes y servicios básicos. La inseguridad alimentaria subyace y potencia todas las formas de explotación; en la medida que se puede identificar que la inseguridad alimentaria es el resultado de políticas públicas específicas del gobierno, se puede también concluir que hay patrones de esclavitud subyacentes en las políticas públicas.

En las condiciones descritas, parte importante de la población padece necesidades extremas, que le hacen vulnerable, tanto frente a los delitos que afectan de manera más contundente la autodeterminación, como frente a otras prácticas que, aunque no se consideren específicamente formas de esclavitud moderna, su presencia muestra una predisposición a llegar a ser víctima de ésta o concretamente víctima de trata de personas.

En medio de extremas necesidades económicas, proliferan las prácticas de sobrevivencia en las que se vulnera la dignidad de las personas. El intercambio de sexo por comida al que se somete una persona, en ocasiones algún miembro de la familia, con el conocimiento de otros o con el silencio resignado, es un ejemplo de esas situaciones que constituyen explotación y predisponen a ser víctima de trata de personas.

A todo lo anterior se suma el que el marco del desmantelamiento de la institucionalidad democrática del país favorece situaciones que facilitan el delito de trata de personas y otras formas de esclavitud moderna, tales como: en líneas generales los grupos delictivos actúan con libertad, en un entorno de impunidad, y esto aplica también respecto a los grupos delictivos que se dedican a la trata de personas, o a otras formas de explotación; del mismo modo, en ciertas zonas del país el control del territorio y de la población no está en manos de los órganos del Poder Público, sino de Grupos Armados Irregulares, tal como sucede en las zonas de explotación minera oficialmente permitida pero no controlada, frente a todo lo cual la población se encuentra desamparada y proclive a ser víctima de trata de personas.

 

El GTEM exige al Estado venezolano el cumplimiento de sus obligaciones en esta materia:

 

Obligaciones del Estado en materia de trata de personas y otras formas de Esclavitud Moderna (Prevenir. Investigar y sancionar. Proteger a víctimas, restablecer derechos, reparar daños).

 

El Estado venezolano se ha esforzado en suscribir y ratificar los principales instrumentos internacionales que rigen la materia, sin embargo persisten serios retos en cuanto a prevención, a la persecución penal a los victimarios; la protección, resguardo y alojamiento en condiciones seguras para las víctimas, alimentación, y servicios de traducción; rehabilitación de las víctimas, con oportunidades de empleo y educación.

 

Protección a víctimas y personas vulnerables; y prevención. El Estado venezolano tiene la obligación de prevenir, es decir, adoptar medidas para disminuir los factores de riesgo que facilitan las situaciones de esclavitud moderna. Igualmente, tiene la obligación de rescatar a las personas sometidas a estas formas análogas de esclavitud, y favorecer su reinserción a la sociedad. Tiene la obligación de identificar a la población víctima del delito de trata de personas y de otras formas de explotación, y a la población vulnerable; tanto para generar políticas que permitan proveer atención de las víctimas, como para generar información pública que permita desarrollar programas de prevención, que eviten que los habitantes caigan en estas redes.

En materia de protección de víctimas el Estado tiene obligación de atención a las víctimas propiamente con perspectiva de género. Adicionalmente, el deber de reparación y reinserción debe estar centrado en la atención a las víctimas

Sin embargo, en Venezuela existe opacidad en la presentación de cifras públicas, no existen procesos de visibilización, o de fácil acceso a data generada por investigaciones o pronunciamientos oficiales en cuanto al número y perfil de las víctimas de trata de personas en el país, y esta invisibilidad alcanza a la población venezolana presa de este delito en el extranjero[5].

 

Persecución del delito. En las labores de persecución del delito de trata de personas, el Estado debe garantizar que no sean penalizadas las personas que han sido víctimas primero y luego obligadas a participar en las actividades ilícitas de los victimarios[6].

 

Propiciar la cooperación con otros Estados y organismos internacionales de lucha contra la delincuencia organizada. El Estado venezolano tiene la obligación de cooperar para desarticular las redes de formas análogas de esclavitud e investigar, juzgar y sancionar a los responsables de la misma; tiene la obligación de ofrecer respuestas de manera coordinada con  los países receptores de población venezolana, lo que dada la naturaleza de estos delitos, se presenta como una necesidad[7].

 

Propiciar la cooperación con organismos de DDHH. Adicionalmente, en la crisis de movilidad humana presente en Venezuela el Estado está en la obligación de trabajar en conjunto con los órganos de los sistemas internacionales de protección de derechos Humanos, tanto del Sistema Interamericano como de Naciones Unidas, al igual que con las distintas manifestaciones de la sociedad civil, con el fin de paliar los riesgos y reducir efectivamente las formas análogas de esclavitud trasnacional.

 

Garantizar el derecho al libre tránsito. En este sentido debe abstenerse de adoptar  medidas basadas en la Seguridad o protección de la Soberanía, como el cierre de fronteras, que lejos de disminuir la movilidad sólo aumentan las condiciones de riesgo en que se realiza el viaje, incrementan las ganancias del tráfico ilícito de migrantes y de la corrupción, y exponen a la población a situaciones de trata de personas. En Venezuela se tiene ejemplos concretos de medidas de ese tipo que han  aumentado la vulnerabilidad niños, niñas y adolescentes que se han visto obligados a cruzar de manera irregular fronteras cerradas para poder asistir a sus escuelas, exponiendo incluso la vida.

 

Garantizar el derecho a la identidad, y a proveer los documentos correspondientes, que son además necesarios para el ejercicio de otros derechos.

 

El Grupo de trabajo sobre la esclavitud moderna está integrado por las siguientes organizaciones: Caleidoscopio Humano, CEPAZ, CDH-UCAB, Éxodo, IIJ-UCAB, Paz Activa, Proiuris, Transparencia Venezuela y Unión Afirmativa de Venezuela.

 

 

[1] Tipificado en el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños (también conocido como Protocolo de Palermo o Protocolo contra la trata de personas) es un instrumento que desarrolla la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. El Protocolo de Palermo fue adoptado en la 55º Sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, mediante Resolución A/RES/55/25, de fecha 15 noviembre de 2000.

[2] Un total de más de 40.3 millones de personas, según  United Nations Department of Economic and Social Affairs, (2016) World Urbanization Prospects. Retrieved from: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@ipec/documents/publication/wcms_596485.pdf

[3] Aproximadamente 1.9 millones de hombres, mujeres y niños vivían en la esclavitud moderna en las Américas en 2016, según: World Free Foundation. Índice Global de Esclavitud Moderna, 2018. https://www.globalslaveryindex.org/2018/findings/regional-analysis/americas/

[4] Seguida por Haití y la República Dominicana según: World Free Foundation. Índice Global de Esclavitud Moderna, 2018. https://www.globalslaveryindex.org/2018/findings/regional-analysis/americas/

[5] Según reseñó la ONG Proiuris, autoridad de Inamujer, el organismo del Estado venezolano encargado del diseño de las políticas públicas para afrontar este tipo de delitos, reconoce que no podría hacer un diagnóstico preciso de la situación en el país: “No hay estadísticas”, “hay que hacer investigaciones”, admitió Myrtha Armas, representante de Inamujer, durante la conferencia que ofreció el lunes 9 de julio de 2018, en la Universidad Simón Bolívar.

[6] Esto en aplicación de los Principios y Directrices del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos relativos a la no penalización de las personas objeto de trata (2009) en los que se expone claramente que: “Las víctimas de la trata de personas no serán detenidas, acusadas ni procesadas… por haber participado en actividades ilícitas, en la medida en que esa participación sea consecuencia directa de su situación de tales”.

[7] Artículo 2.c del Protocolo de Palermo.

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Cinco alertas sobre la trata de personas

En el contexto de la emergencia humanitaria compleja

El Grupo de Trabajo sobre la Esclavitud Moderna en Venezuela (GTEMV), una alianza de organizaciones de la sociedad civil,  insta al Estado a tomar medidas urgentes, entre ellas disminuir los riesgos asociados a la migración forzada  y crear fiscalías especializadas para realizar investigaciones más efectivas y revertir la impunidad generalizada

 

Con motivo del Día Mundial contra la Trata de Personas, que se conmemora el 30 de julio, el Grupo de Trabajo sobre la Esclavitud Moderna en Venezuela (GTEMV) identificó las principales amenazas que surgen de la profundización de la emergencia humanitaria compleja en el país, expresada en un indetenible deterioro de la calidad de vida de la población venezolana por el quiebre del Estado y la incapacidad de sus instituciones para dar respuestas efectivas que garanticen la plena vigencia de los derechos humanos.

El GTEMV es una alianza de organizaciones de la sociedad civil interesadas  en las dinámicas de esclavitud moderna. Desde septiembre de 2017 y con el respaldo de la Embajada Británica en Caracas, el GTEMV ha desarrollado un debate con el propósito de contribuir con la comprensión de los problemas y, en la medida de la posible, aportar soluciones.

Los integrantes del GTEMV llamaron la atención sobre las cinco alertas más apremiantes en materia de trata de personas:

  • El hambre

La inseguridad alimentaria subyace y potencia todas las formas de explotación. Una parte importante de la población padece necesidades extremas, que la hacen vulnerable a la explotación, de modo que proliferan las prácticas de sobrevivencia. El intercambio de sexo por comida es un ejemplo de esas situaciones que constituyen explotación y aumentan los riesgos de trata de personas.

 

  • La migración forzada

La emergencia humanitaria compleja en Venezuela ha generado una crisis de movilidad humana en América Latina. La migración forzada es una de las principales causas de aumento de los factores de riesgo y sobre exposición de la población venezolana a la trata de personas y a muchas de las prácticas neo-esclavistas, tanto en Venezuela, como en los países de tránsito y destino.

El deterioro de la calidad de vida, la hiperinflación, la escasez de alimentos, medicamentos, el colapso de los servicios básicos como la electricidad, el agua potable, el gas doméstico y el transporte, y la elevada inseguridad personal y social son aspectos que propician la disposición al riesgo de algunos migrantes, porque, al no tener garantizadas sus necesidades básicas, sienten que no tienen nada que perder.

 

 

  • Las mujeres son las principales víctimas

Las nuevas formas de esclavitud no son neutrales al género. Las mujeres, incluidas las mujeres trans, lesbianas, adolescentes mujeres, y niñas son el grupo poblacional con mayor riesgo de sufrir situaciones de explotación. El abuso, la violencia sexual y el sexo transaccional como posibles fuentes de ingresos  aumentan la posibilidad de que sean víctimas de trata de personas y otras formas de esclavitud moderna. Las mujeres adultas constituyen 70% del total de víctimas.

Adicionalmente, las mujeres son utilizadas como “anzuelo” para captar a nuevas víctimas, aprovechando la relación de confianza y empatía que las mujeres generan entre sí. Muchas de las captadoras han sido víctimas de trata anteriormente.

Por su parte, los hombres, adolescentes hombres y los niños son vulnerables a situaciones de trabajo forzado y en condiciones peligrosas, al reclutamiento forzado por parte de grupos armados irregulares ligado a actividades de contrabando, pero también en el sector agrícola, pesquero y minero.

 

  • Otros grupos en situación de vulnerabilidad

Los niños, niñas y adolescentes. Los niños, niñas y adolescentes (NNA) son particularmente vulnerables en Venezuela frente a la trata de personas y otras formas de esclavitud moderna. En el contexto de la emergencia humanitaria compleja, los NNA  pueden convertirse en proveedores, para satisfacer sus propias necesidades o las de sus familias, y pueden llegar a involucrarse en situaciones de sexo transaccional como mecanismo de sobrevivencia. En zonas de frontera  se ven involucrados con grupos armados irregulares y corren el riesgo de reclutamiento forzado, mientras que en zonas mineras aumentan las posibilidades de que sean sometidos a explotación laboral y sexual. El ejercicio obligado de la mendicidad es otra situación preocupante, que se ha naturalizado por la gran cantidad de personas de todas las edades que mendigan para subsistir.

En medio de la migración forzada, las redes de delincuencia han aprovechado la desintegración familiar para captar a NNA no acompañados, separados o que están al cuidado de la familia extendida o de otras personas. Frente a tales situaciones resaltan las debilidades del Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes.

Población LGBTI. En el caso de las mujeres trans, la captación de víctimas de trata  puede incluir  la oferta de pago del tratamiento médico para su proceso de transición sexual, implantes. En algunos casos se ven forzadas a salir de Venezuela para ejercer la prostitución, porque son cabezas de familia y no tienen sustento fijo para su manutención.

Indígenas. Para la población indígena y particularmente para las mujeres indígenas los factores de riesgo se asocian a las dificultades para obtener documentos de identidad, el aumento de la presencia de actores armados no estatales y el caos de la minería ilegal.

 

  • La impunidad

El desmantelamiento de la institucionalidad democrática del país favorece el delito de trata de personas y otras formas de esclavitud moderna. En líneas generales, los grupos delictivos actúan con libertad, en un entorno de impunidad, y esto aplica también respecto a los grupos delictivos que se dedican a la trata de personas o a otras formas de explotación. Del mismo modo, en ciertas zonas del país, particularmente hacia las fronteras, el control del territorio y de la población no está en manos de los órganos del Poder Público, sino de grupos armados irregulares, lo cual favorece situaciones de explotación.

 

Lo que debe hacer el Estado

El trabajo del GTEMV tiene enfoque de derechos humanos y, en ese sentido, se fundamenta en las obligaciones de prevención y protección que tienen los Estados respecto de la trata de personas y demás modalidades de esclavitud moderna.

El Estado venezolano se ha esforzado en suscribir y ratificar los principales instrumentos internacionales que rigen la materia, sin embargo persisten serios retos en cuanto a:

  • Políticas integrales y efectivas de prevención con participación de la sociedad civil,
  • Persecución penal de los victimarios/as, y
  • Protección, resguardo y alojamiento de las víctimas en condiciones seguras, lo cual incluye proporcionarles alimentación adecuada, atención psicosocial y oportunidades de empleo y de educación.
  • Reparación de daños.

Como medidas de aplicación urgente, el GTEMV propone a las autoridades estatales:

  • Optimizar los registros oficiales de víctimas del delito de trata de personas y de otras formas de explotación para precisar la dimensión del problema.
  • Desagregar y publicar las estadísticas oficiales por edad, género, condición étnica, tipo de explotación, modo de captación, lugar o países de destino y origen de la trata, para facilitar la participación de la sociedad civil en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas.
  • Fomentar la cooperación con organismos internacionales de derechos humanos especializados en trata y otras formas análogas de esclavitud moderna, con el fin de fortalecer las políticas públicas de prevención, investigación y sanción sobre la materia en Venezuela.
  • Incluir  la perspectiva de género en el diseño y aplicación de políticas públicas, con énfasis en las necesidades de rehabilitación y reparación de daños causados a las víctimas.
  • Fortalecer el Sistema de Protección de NNA, sobre todo para prevenir los riesgos asociados a la desintegración familiar, en el contexto de la crisis de movilidad humana causada por la emergencia humanitaria compleja.
  • Propiciar la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado dedicado a la trata de personas y otras formas análogas de esclavitud moderna.
  • Facilitar el acceso a la justicia de las víctimas y/o sus representantes.
  • Crear fiscalías especializadas para optimizar los procedimientos de la justicia penal para desarrollar investigar, enjuiciar y sancionar con efectividad a los responsables de la comisión de este tipo de delitos.
  • Disminuir los riesgos asociados a la migración forzada, mediante la agilización de procedimientos en materia de libre tránsito y derecho a la identidad. Las dificultades para acceder a los documentos necesarios para migrar son en sí un factor de riesgo que expone a migrantes, víctimas de trata o personas con necesidad de protección internacional a vulnerabilidades tanto en la salida como al intentar establecerse en el país de destino.

 

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Declaración de la Alta Comisionada Michelle Bachelet luego de la visita a Venezuela

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Declaración de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet al final de su visita a Venezuela

Caracas, 21 de junio de 2019

Buenas tardes y gracias por estar aquí,

Esta ha sido una corta pero crucial visita para mí. Es, además, la primera visita oficial de un Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a Venezuela. Me iré de Caracas esta noche, pero se quedará una presencia de mi Oficina en el país por primera vez. Hemos alcanzado un acuerdo con el Gobierno para que un pequeño equipo de dos oficiales de derechos humanos permanezca aquí, con el mandato de proveer asistencia y asesoría técnica y, muy importante, continuar monitoreando la situación de derechos humanos en Venezuela.

Agradezco al Gobierno su invitación, su cooperación y su compromiso con mi Oficina, incluyendo al equipo técnico que visitó el país en marzo.

Previo a mi visita, solicitamos al Gobierno varios compromisos, y hemos podido alcanzar varios acuerdos, además de la ya citada presencia de los oficiales de derechos humanos. Tenemos el compromiso expreso del Gobierno para llevar a cabo una evaluación de la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura y para determinar los principales obstáculos en el acceso a la justicia en el país. Fue profundamente doloroso escuchar el anhelo de las víctimas y sus familiares por obtener justicia ante las graves violaciones de derechos humanos. Espero sinceramente que nuestra evaluación, nuestra cooperación y nuestra asistencia ayude a reforzar la prevención de la tortura y el acceso a la justicia en Venezuela. El Gobierno también ha aceptado que mi equipo tenga acceso pleno a los centros de detención para poder monitorear las condiciones de detención y hablar confidencialmente con los privados de libertad. El Ejecutivo también se ha comprometido a trabajar para permitir un acceso más amplio a los distintos mecanismos de derechos humanos, incluidos los expertos independientes de Naciones Unidas, conocidos como relatores especiales.

Celebro la liberación del parlamentario opositor Gilber Caro, que se encontraba en custodia del servicio de inteligencia SEBIN. Asimismo, recibo con beneplácito de la liberación de Melvin Farías y Junio Rojas, aunque hago un llamado a las autoridades a liberar a todas las personas que están detenidas o privadas de libertad por ejercer sus derechos civiles y políticos de forma pacífica.

El propósito de mi visita fue abrir un espacio que permita mantener una relación más cercana y fluida con las autoridades e instituciones del Estado, la sociedad civil y las víctimas de derechos humanos. Mi deseo era venir y escuchar a todos los actores para poder trabajar con ellos hacia el respeto, la promoción y la protección de todos los derechos humanos de todos los venezolanos.

Durante mi visita me reuní con el presiente, Nicolás Maduro Moros, y con varios ministros de Gobierno y otros altos cargos, incluyendo el Canciller, el Ministro de Defensa y el del Interior, y aquellos a cargo de las carteras relacionadas con los derechos civiles, políticos económicos, sociales y culturales. También mantuve reuniones con al Presidente del Tribunal Supremo, el Fiscal General y el Defensor del Pueblo. De igual manera, sostuve una reunión con el Presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y otros parlamentarios de distintos partidos políticos, así como con el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente.

También conocí a víctimas de abusos y violaciones de derechos humanos y a sus familias. Escuché el testimonio de un hombre que me explicó cómo su hermano fue torturado, humillado y asesinado por oficiales encapuchados de las FAES que allanaron su casa, así como muchas otras familias destrozadas porque sus seres queridos tuvieron el mismo destino. Un padre me mostró orgulloso el trofeo y las medallas que su hijo había ganado jugando al baloncesto antes de ser asesinado mientras participaba en una protesta en 2017. Una madre me relató el asesinato de su hijo de 14 años durante las manifestaciones del 30 de abril de este año. Escuché los testimonios de algunas personas que fueron privadas de libertad y sufrieron terribles torturas, como también cientos de violaciones contra partidarios del Gobierno. Conocí el testimonio de una madre de un joven que fue quemado vivo durante las protestas de 2017 y que pasó 15 días agonizando en el hospital antes de fallecer. Una joven me narró cómo su padre fue asesinado por defender el derecho a la tierra de los campesinos. Sus historias son desgarradoras y muestran la desconfianza que tienen en las autoridades estatales. Todos demandan justicia. Un sacerdote de la Iglesia para los Pobres nos compartió apasionadamente acerca de cómo los pobres y los grupos más vulnerables son los que más están sufriendo. No se trata de política, dijo, sino del sufrimiento de la gente.

Me he comprometido a continuar transmitiendo estas demandas y abogar por la justicia y la reparación para ellos, sean quienes sean los perpetradores. Soy consciente de que hay miles de otras víctimas y sus familias con las cuales no tuve la posibilidad de encontrarme, pero déjenme decirles algo: Su lucha por la justicia es importante, no solo por lo que ustedes han sufrido, sino por lo que significa para todos los venezolanos. No están solos.

He escuchado las voces de los manifestantes que luchan por la protección de sus derechos, y las de aquellos que buscan reparación por el daño que han sufrido. He encontrado a representantes de la sociedad civil, sindicalistas, líderes religiosos, empresarios, y académicos de todo el espectro socio-económico y político. Me he entrevistado con representantes de la comunidad internacional y con las agencias de las Naciones Unidas en Venezuela.

Todos me han transmitido como la situación humanitaria en Venezuela se ha deteriorado de forma extraordinaria, incluyendo el derecho a la alimentación, el agua, la salud, la educación y otros derechos económicos y sociales. El Gobierno ha lanzado proyectos en un esfuerzo de asegurar acceso universal a programas sociales, para lo que ha dedicado el 75 por ciento del presupuesto nacional. Sin embargo, hemos oído el testimonio de venezolanos, que a pesar de tener un empleo – muchos en el sector público enfrentan dificultades para adquirir medicinas o comida.

La situación sanitaria sigue siendo extremadamente crítica a causa de múltiples factores, la escasez de medicinas y equipamientos, el éxodo de los profesionales de salud, el deterioro de la calidad del agua y del saneamiento, y los apagones eléctricos. El costo y la falta de anticonceptivos en las farmacias ha contribuido a un aumento de los embarazos adolescentes, y de la mortalidad materno-infantil. Los trabajadores de la salud me han descrito como equipamientos médicos, como las máquinas de rayos X, escasean o no están en funcionamiento; y las personas que viven con enfermedades crónicas me han alertado sobre la falta de medicamentos esenciales para su supervivencia. He hecho un llamado al Gobierno para que proporcione los datos relacionados con la situación sanitaria y otros derechos socio-económicos que permita evaluar la situación y apoyar de forma adecuada.

Las causas de esta inmensa crisis económica -la cual se ha exacerbado dramáticamente desde 2013- son diversas, y he hablado con el Estado sobre la necesidad de resolverlas urgentemente con el apoyo de las agencias de las Naciones Unidas que recientemente han podido reforzar su presencia en Venezuela. Me preocupa que las sanciones impuestas este año por Estados Unidos sobre las exportaciones de petróleo y el comercio de oro están exacerbando y agravando la preexistente crisis económica.

Nuestro informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela mandatado por el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, que se presentará el 5 de julio de 2019, contendrá mucha más información basada en evidencias, así como análisis objetivo relativo a todos los aspectos de derechos humanos que acabo de destacar, además de recomendaciones constructivas sobre cómo avanzar.

En este tiempo de grave crisis económica, social y política, he hecho un llamamiento a líderes de todo el espectro político para que intenten encontrar una manera de confrontar los desafíos y el sufrimiento del pueblo de Venezuela. Para ello, todas las voces deberían ser incluidas. Las crisis solo pueden ser resueltas a través de la participación significativa, franca e inclusiva de diversos actores de la sociedad.

He apelado a todos los líderes políticos a que participen constructivamente con el diálogo facilitado por Noruega y con cualquier otro esfuerzo para intentar enfrentar la actual situación política en Venezuela. El destino de más de 30 millones de venezolanos reside en la voluntad y la habilidad de sus líderes para colocar los derechos humanos de la gente por encima de cualquier ambición personal, política o ideológica. Entiendo el escepticismo de algunos en Venezuela acerca de la posibilidad de que cualquier de estas negociaciones prosperen, pero la grave situación en el país debe instar a los líderes a intentarlo. Mantener posiciones arraigadas en cualquiera de los dos lados solo agravará la crisis, y los venezolanos no pueden permitirse que se deteriore aún más la situación en el país.

Hago un llamado a dar pasos audaces hacia un compromiso para dejar a un lado las ganancias cortoplacistas y enfocarse en logros a medio y largo plazo para todo el país. Las negociaciones pueden dar frutos solo si son inclusivas y si las partes involucradas dan una respuesta a la urgencia real de la situación.

Nuestra Oficina está lista para dar asistencia y asegurar que los derechos humanos de todos los venezolanos sean plenamente protegidos. Nuestra presencia aquí posibilitará trabajar con las instituciones estatales, la sociedad civil y el sistema de Naciones Unidas.

FIN

Fuente: ACNUDH

Statement by UN High Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet at the end of her visit to Venezuela
 
Caracas, 21 June 2019/

Good evening, and thank you for coming.

This has been a short, but crucial, visit for me – the first-ever official mission by any UN High Commissioner for Human Rights to Venezuela. I will leave Caracas shortly but I leave behind a presence in the country – again, a first in Venezuela for the UN Human Rights Office. We have reached an agreement with the Government for a small team of human rights officers to be based here, with the mandate to provide technical assistance and advice, as well as – importantly – to continue to monitor the human rights situation in Venezuela.

I thank the Government for its invitation and for its cooperation and engagement with my Office, including with the team that visited in March this year. Ahead of my visit, we put forth a number of requests to the Government and have now agreed several outcomes, in addition to our presence here. We have the Government’s stated commitment for us to carry out an evaluation of the National Commission for the Prevention of Torture and to assess the main obstacles for access to justice in the country. In my meetings with victims and their families, their deep yearning for justice for grave human rights violations was made painfully clear. I sincerely hope that our assessment, advice and assistance will help strengthen torture prevention and access to justice in Venezuela. The Government has also agreed that my team will be guaranteed full access to detention centres to be able to monitor conditions and speak to detainees. They have committed to working towards broader engagement with and access for international human rights bodies – including the UN’s independent experts, known as Special Rapporteurs.

I welcome the release of opposition lawmaker Gilbert Caro from the custody of the intelligence agency, SEBIN. I also welcome the release of Melvin Farias and Junior Rojas, but I have called on the authorities to release all those in detention or otherwise deprived of their liberty for peaceful dissent.

The purpose of my visit was to open the space for us to engage more closely with State authorities and institutions, civil society and victims of human rights violations. I wanted to listen to all actors, to work with them towards the respect, promotion and protection of all the human rights of all Venezuelans.

I met with President Nicolás Maduro Moros and several Government ministers and officials, including the Minister of Foreign Affairs, Defence Minister and the Minister of the Interior and those charged with a host of different portfolios relating to economic, social, civil, political and cultural rights. I also met with the president of the Supreme Court, the Attorney General and the Ombudsman. I held discussions with the president of the National Assembly, Juan Guaido, and other members of parliament from different political parties, and also with the president of the National Constituent Assembly.

I also met victims of human rights violations and their families. The man who told of his brother’s torture, humiliation and killing by hooded FAES security officers in a raid on his house – and the many other heartbroken families whose loved ones suffered a similar fate. The father who showed off his son’s basketball trophy and the many medals he had won before he was killed while taking part in protests. The mother whose 14-year-old child was shot during demonstrations on 30 April this year. People who suffered horrific torture in detention. I also met victims of violence against Government supporters. A mother whose young son, a Government supporter, was set on fire during the 2017 protests and spent 15 agonising days in hospital before he died. A daughter whose father was killed for defending the rights of peasants to access land. Their stories were heart-rending. They all demanded justice. A Catholic priest from the Church for the Poor spoke poignantly about how it is the poor and the most vulnerable who are being hit the hardest. This is not about politics, he said, but about the suffering of the people.

I have raised and pledged to continue raising their concerns with the relevant authorities and to advocate for justice and redress for them – regardless of who the perpetrators are. I know that there are many more victims and their families that I was not able to meet, but let me say this: Your struggle for justice is important not only because of what you have suffered but because of what it means for all Venezuelans. You are not alone.

I have heard the voices of the demonstrators advocating for the protection of their rights and those seeking redress for the harms they have suffered. I have met with civil society representatives, trade unionists, religious leaders, members of the business community and academics from across the spectrum, as well as representatives of the international community and the UN agencies here.

They all bore testimony to how astonishingly the humanitarian situation in Venezuela has deteriorated, including with regards to the rights to food, water, healthcare, education and other economic and social rights. The Government has launched projects in an effort to ensure universal access to social programmes, to which it has dedicated 75 percent of the national budget. However, we have heard from Venezuelans who are fully employed – many in the public sector – who have difficulty affording medicine and adequate food.

The health situation continues to be extremely critical due to multiple factors, such as the shortage of medicine and equipment; the exodus of health professionals; the decline of water quality and sanitation facilities, as well as frequent power cuts. The cost and lack of availability of basic contraception in pharmacies has contributed to a rise in teenage pregnancies, and maternal and newborn mortality rates are also increasing. Healthcare workers have described to me how medical equipment like X-Ray machines are in short supply or have broken down; and those living with chronic diseases have told of the lack of life-saving medication. I have called on the Government to ensure that essential data related to healthcare and other economic and social rights is made available to enable all actors to accurately assess and seek to adequately manage the situation.

The causes of this immense economic crisis, which has been increasing dramatically from at least 2013, are manifold and I have discussed with the State the need to tackle them as a matter of priority with the support of the UN agencies that have recently been able to strengthen their presence in Venezuela. I am concerned that the sanctions imposed this year by the US on oil exports and gold trading are exacerbating and aggravating the pre-existing economic crisis.

Our report on the human rights situation in Venezuela mandated by the UN Human Rights Council in Geneva, scheduled to be presented on 5 July 2019, will contain more evidence-based information and objective analysis regarding all the human rights issues I’ve raised above as well as others, and constructive recommendations for the way forward.

In this time of grave economic, social and political crisis, I have called on leaders across the spectrum to seek to chart a way for Venezuela to confront the challenges and suffering of the people. All voices should be brought to the table. The crises can only be resolved through the meaningful, sincere participation and inclusion of actors from various sectors of society.

I have appealed to all political leaders to engage constructively with the talks facilitated by Norway and other such efforts to address the current political situation in Venezuela. The fate of more than 30 million Venezuelans rests upon the leadership’s willingness and ability to put the human rights of the people ahead of any personal, ideological or political ambitions. I understand the scepticism in Venezuela about the possibility of any such talks succeeding – but the dire situation here demands of its leadership the resolve to try. Holding firmly to entrenched positions on either side will only escalate the crisis – and the people of Venezuela cannot afford further deterioration of the situation in the country.

I call for bold steps towards compromise, to set aside short-term wins for medium-term and long-term gains for the entire country. The talks can succeed, as long as they are inclusive and those involved respond to the very real urgency to ensure their success.

Our Office stands ready to assist in ensuring that the human rights of all Venezuelans are fully protected, including through our presence here, which will be able to advise and work with State institutions, civil society and the UN system.

 

Source: UN OHCHR

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Políticas sociales de Maduro discriminan a personas LGBTI

Este jueves 20 de junio, 28 defensores de derechos humanos de mas de 70 organizaciones presentaron sus informes durante una reunión efectuada en las instalaciones de la Universidad Metropolitana en Caracas. Una reunión organizada por Civilis, y con el apoyo del Centro de Derechos Humanos de la UNIMET.  

En reunión efectuada entre la Sra. Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y las ONG de DDHH de Venezuela, la Coordinadora de Unión Afirmativa, Quiteria Franco, señaló:

 

“En Venezuela todos somos víctimas de discriminación, de alguna u otra manera luego de expresar una posición crítica hacia el gobierno.”

 

Agrego además que debido a esa discriminación se han cerrado los espacios para realizar la labor como defensores de derechos humanos.  

 

A continuación el texto de su declaración ante la Alta Comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas.

 

“En Venezuela todos somos víctimas de discriminación, de alguna u otra manera puesto que esta se origina en la preferencia política contaría al gobierno o al expresar una posición crítica hacia el gobierno. La respuesta de Maduro desde 2012 ha sido el uso de la homosexualidad para atacar al adversario político.” Debido a esa discriminación se han cerrado los espacios para realizar nuestra labor como defensores de derechos humanos.  

 

La declaración de desacato contra la Asamblea Nacional ha impedido nuestro trabajo de incidencia para impulsar las leyes que necesitamos como una ley contra la discriminación, el matrimonio igualitario y la identidad legal a las personas trans e intersex.

 

Hemos pasado de estas exigencias ya aprobadas en la mayoría de países en el continente a documentar deficiencias en salud, muerte de personas trans por suicidio o asesinato, y situación de esclavitud moderna incluyendo trata de mujeres trans, prostitución forzada de hombres gay y mujeres trans y migración forzada de activistas que ha debilitado a las organizaciones de derechos humanos sobre personas LGBTI. Venezuela está ubicada en el cuarto lugar en las Américas como el país donde más ocurren crímenes de odio contra las personas LGBTI.

 

Las políticas sociales del gobierno para afrontar la escasez y el desabastecimiento de alimentos han sido desfavorables para las personas LGBTI. Por ejemplo, se exigió a los comercios la instalación de equipos biométricos para escanear la huella dactilar y presentar el documento de identidad. Esto afecto a personas trans debido a la incongruencia entre su documento de identidad y su apariencia física. La segunda política social es la bolsa clap, una bolsa que contiene productos básicos. Previo a la venta de la bolsa los consejos comunales realizan un censo, las parejas del mismo sexo no son censadas por no ser consideradas familias.

 

Necesitamos que toda esta tragedia que vivimos se detenga porque cada día que pasa es peor. Y los grupos minoritarios y vulnerables como las personas LGBTI la están pasando dos y tres veces peor que la mayoría y eso ya es mucho decir.

 

Imagen de AFP/

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