Cinco alertas sobre la trata de personas

En el contexto de la emergencia humanitaria compleja

El Grupo de Trabajo sobre la Esclavitud Moderna en Venezuela (GTEMV), una alianza de organizaciones de la sociedad civil,  insta al Estado a tomar medidas urgentes, entre ellas disminuir los riesgos asociados a la migración forzada  y crear fiscalías especializadas para realizar investigaciones más efectivas y revertir la impunidad generalizada

 

Con motivo del Día Mundial contra la Trata de Personas, que se conmemora el 30 de julio, el Grupo de Trabajo sobre la Esclavitud Moderna en Venezuela (GTEMV) identificó las principales amenazas que surgen de la profundización de la emergencia humanitaria compleja en el país, expresada en un indetenible deterioro de la calidad de vida de la población venezolana por el quiebre del Estado y la incapacidad de sus instituciones para dar respuestas efectivas que garanticen la plena vigencia de los derechos humanos.

El GTEMV es una alianza de organizaciones de la sociedad civil interesadas  en las dinámicas de esclavitud moderna. Desde septiembre de 2017 y con el respaldo de la Embajada Británica en Caracas, el GTEMV ha desarrollado un debate con el propósito de contribuir con la comprensión de los problemas y, en la medida de la posible, aportar soluciones.

Los integrantes del GTEMV llamaron la atención sobre las cinco alertas más apremiantes en materia de trata de personas:

  • El hambre

La inseguridad alimentaria subyace y potencia todas las formas de explotación. Una parte importante de la población padece necesidades extremas, que la hacen vulnerable a la explotación, de modo que proliferan las prácticas de sobrevivencia. El intercambio de sexo por comida es un ejemplo de esas situaciones que constituyen explotación y aumentan los riesgos de trata de personas.

 

  • La migración forzada

La emergencia humanitaria compleja en Venezuela ha generado una crisis de movilidad humana en América Latina. La migración forzada es una de las principales causas de aumento de los factores de riesgo y sobre exposición de la población venezolana a la trata de personas y a muchas de las prácticas neo-esclavistas, tanto en Venezuela, como en los países de tránsito y destino.

El deterioro de la calidad de vida, la hiperinflación, la escasez de alimentos, medicamentos, el colapso de los servicios básicos como la electricidad, el agua potable, el gas doméstico y el transporte, y la elevada inseguridad personal y social son aspectos que propician la disposición al riesgo de algunos migrantes, porque, al no tener garantizadas sus necesidades básicas, sienten que no tienen nada que perder.

 

 

  • Las mujeres son las principales víctimas

Las nuevas formas de esclavitud no son neutrales al género. Las mujeres, incluidas las mujeres trans, lesbianas, adolescentes mujeres, y niñas son el grupo poblacional con mayor riesgo de sufrir situaciones de explotación. El abuso, la violencia sexual y el sexo transaccional como posibles fuentes de ingresos  aumentan la posibilidad de que sean víctimas de trata de personas y otras formas de esclavitud moderna. Las mujeres adultas constituyen 70% del total de víctimas.

Adicionalmente, las mujeres son utilizadas como “anzuelo” para captar a nuevas víctimas, aprovechando la relación de confianza y empatía que las mujeres generan entre sí. Muchas de las captadoras han sido víctimas de trata anteriormente.

Por su parte, los hombres, adolescentes hombres y los niños son vulnerables a situaciones de trabajo forzado y en condiciones peligrosas, al reclutamiento forzado por parte de grupos armados irregulares ligado a actividades de contrabando, pero también en el sector agrícola, pesquero y minero.

 

  • Otros grupos en situación de vulnerabilidad

Los niños, niñas y adolescentes. Los niños, niñas y adolescentes (NNA) son particularmente vulnerables en Venezuela frente a la trata de personas y otras formas de esclavitud moderna. En el contexto de la emergencia humanitaria compleja, los NNA  pueden convertirse en proveedores, para satisfacer sus propias necesidades o las de sus familias, y pueden llegar a involucrarse en situaciones de sexo transaccional como mecanismo de sobrevivencia. En zonas de frontera  se ven involucrados con grupos armados irregulares y corren el riesgo de reclutamiento forzado, mientras que en zonas mineras aumentan las posibilidades de que sean sometidos a explotación laboral y sexual. El ejercicio obligado de la mendicidad es otra situación preocupante, que se ha naturalizado por la gran cantidad de personas de todas las edades que mendigan para subsistir.

En medio de la migración forzada, las redes de delincuencia han aprovechado la desintegración familiar para captar a NNA no acompañados, separados o que están al cuidado de la familia extendida o de otras personas. Frente a tales situaciones resaltan las debilidades del Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes.

Población LGBTI. En el caso de las mujeres trans, la captación de víctimas de trata  puede incluir  la oferta de pago del tratamiento médico para su proceso de transición sexual, implantes. En algunos casos se ven forzadas a salir de Venezuela para ejercer la prostitución, porque son cabezas de familia y no tienen sustento fijo para su manutención.

Indígenas. Para la población indígena y particularmente para las mujeres indígenas los factores de riesgo se asocian a las dificultades para obtener documentos de identidad, el aumento de la presencia de actores armados no estatales y el caos de la minería ilegal.

 

  • La impunidad

El desmantelamiento de la institucionalidad democrática del país favorece el delito de trata de personas y otras formas de esclavitud moderna. En líneas generales, los grupos delictivos actúan con libertad, en un entorno de impunidad, y esto aplica también respecto a los grupos delictivos que se dedican a la trata de personas o a otras formas de explotación. Del mismo modo, en ciertas zonas del país, particularmente hacia las fronteras, el control del territorio y de la población no está en manos de los órganos del Poder Público, sino de grupos armados irregulares, lo cual favorece situaciones de explotación.

 

Lo que debe hacer el Estado

El trabajo del GTEMV tiene enfoque de derechos humanos y, en ese sentido, se fundamenta en las obligaciones de prevención y protección que tienen los Estados respecto de la trata de personas y demás modalidades de esclavitud moderna.

El Estado venezolano se ha esforzado en suscribir y ratificar los principales instrumentos internacionales que rigen la materia, sin embargo persisten serios retos en cuanto a:

  • Políticas integrales y efectivas de prevención con participación de la sociedad civil,
  • Persecución penal de los victimarios/as, y
  • Protección, resguardo y alojamiento de las víctimas en condiciones seguras, lo cual incluye proporcionarles alimentación adecuada, atención psicosocial y oportunidades de empleo y de educación.
  • Reparación de daños.

Como medidas de aplicación urgente, el GTEMV propone a las autoridades estatales:

  • Optimizar los registros oficiales de víctimas del delito de trata de personas y de otras formas de explotación para precisar la dimensión del problema.
  • Desagregar y publicar las estadísticas oficiales por edad, género, condición étnica, tipo de explotación, modo de captación, lugar o países de destino y origen de la trata, para facilitar la participación de la sociedad civil en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas.
  • Fomentar la cooperación con organismos internacionales de derechos humanos especializados en trata y otras formas análogas de esclavitud moderna, con el fin de fortalecer las políticas públicas de prevención, investigación y sanción sobre la materia en Venezuela.
  • Incluir  la perspectiva de género en el diseño y aplicación de políticas públicas, con énfasis en las necesidades de rehabilitación y reparación de daños causados a las víctimas.
  • Fortalecer el Sistema de Protección de NNA, sobre todo para prevenir los riesgos asociados a la desintegración familiar, en el contexto de la crisis de movilidad humana causada por la emergencia humanitaria compleja.
  • Propiciar la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado dedicado a la trata de personas y otras formas análogas de esclavitud moderna.
  • Facilitar el acceso a la justicia de las víctimas y/o sus representantes.
  • Crear fiscalías especializadas para optimizar los procedimientos de la justicia penal para desarrollar investigar, enjuiciar y sancionar con efectividad a los responsables de la comisión de este tipo de delitos.
  • Disminuir los riesgos asociados a la migración forzada, mediante la agilización de procedimientos en materia de libre tránsito y derecho a la identidad. Las dificultades para acceder a los documentos necesarios para migrar son en sí un factor de riesgo que expone a migrantes, víctimas de trata o personas con necesidad de protección internacional a vulnerabilidades tanto en la salida como al intentar establecerse en el país de destino.

 

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