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Declaración de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet al final de su visita a Venezuela
Caracas, 21 de junio de 2019
Buenas tardes y gracias por estar aquí,
Esta ha sido una corta pero crucial visita para mí. Es, además, la primera visita oficial de un Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a Venezuela. Me iré de Caracas esta noche, pero se quedará una presencia de mi Oficina en el país por primera vez. Hemos alcanzado un acuerdo con el Gobierno para que un pequeño equipo de dos oficiales de derechos humanos permanezca aquí, con el mandato de proveer asistencia y asesoría técnica y, muy importante, continuar monitoreando la situación de derechos humanos en Venezuela.
Agradezco al Gobierno su invitación, su cooperación y su compromiso con mi Oficina, incluyendo al equipo técnico que visitó el país en marzo.
Previo a mi visita, solicitamos al Gobierno varios compromisos, y hemos podido alcanzar varios acuerdos, además de la ya citada presencia de los oficiales de derechos humanos. Tenemos el compromiso expreso del Gobierno para llevar a cabo una evaluación de la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura y para determinar los principales obstáculos en el acceso a la justicia en el país. Fue profundamente doloroso escuchar el anhelo de las víctimas y sus familiares por obtener justicia ante las graves violaciones de derechos humanos. Espero sinceramente que nuestra evaluación, nuestra cooperación y nuestra asistencia ayude a reforzar la prevención de la tortura y el acceso a la justicia en Venezuela. El Gobierno también ha aceptado que mi equipo tenga acceso pleno a los centros de detención para poder monitorear las condiciones de detención y hablar confidencialmente con los privados de libertad. El Ejecutivo también se ha comprometido a trabajar para permitir un acceso más amplio a los distintos mecanismos de derechos humanos, incluidos los expertos independientes de Naciones Unidas, conocidos como relatores especiales.
Celebro la liberación del parlamentario opositor Gilber Caro, que se encontraba en custodia del servicio de inteligencia SEBIN. Asimismo, recibo con beneplácito de la liberación de Melvin Farías y Junio Rojas, aunque hago un llamado a las autoridades a liberar a todas las personas que están detenidas o privadas de libertad por ejercer sus derechos civiles y políticos de forma pacífica.
El propósito de mi visita fue abrir un espacio que permita mantener una relación más cercana y fluida con las autoridades e instituciones del Estado, la sociedad civil y las víctimas de derechos humanos. Mi deseo era venir y escuchar a todos los actores para poder trabajar con ellos hacia el respeto, la promoción y la protección de todos los derechos humanos de todos los venezolanos.
Durante mi visita me reuní con el presiente, Nicolás Maduro Moros, y con varios ministros de Gobierno y otros altos cargos, incluyendo el Canciller, el Ministro de Defensa y el del Interior, y aquellos a cargo de las carteras relacionadas con los derechos civiles, políticos económicos, sociales y culturales. También mantuve reuniones con al Presidente del Tribunal Supremo, el Fiscal General y el Defensor del Pueblo. De igual manera, sostuve una reunión con el Presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y otros parlamentarios de distintos partidos políticos, así como con el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente.
También conocí a víctimas de abusos y violaciones de derechos humanos y a sus familias. Escuché el testimonio de un hombre que me explicó cómo su hermano fue torturado, humillado y asesinado por oficiales encapuchados de las FAES que allanaron su casa, así como muchas otras familias destrozadas porque sus seres queridos tuvieron el mismo destino. Un padre me mostró orgulloso el trofeo y las medallas que su hijo había ganado jugando al baloncesto antes de ser asesinado mientras participaba en una protesta en 2017. Una madre me relató el asesinato de su hijo de 14 años durante las manifestaciones del 30 de abril de este año. Escuché los testimonios de algunas personas que fueron privadas de libertad y sufrieron terribles torturas, como también cientos de violaciones contra partidarios del Gobierno. Conocí el testimonio de una madre de un joven que fue quemado vivo durante las protestas de 2017 y que pasó 15 días agonizando en el hospital antes de fallecer. Una joven me narró cómo su padre fue asesinado por defender el derecho a la tierra de los campesinos. Sus historias son desgarradoras y muestran la desconfianza que tienen en las autoridades estatales. Todos demandan justicia. Un sacerdote de la Iglesia para los Pobres nos compartió apasionadamente acerca de cómo los pobres y los grupos más vulnerables son los que más están sufriendo. No se trata de política, dijo, sino del sufrimiento de la gente.
Me he comprometido a continuar transmitiendo estas demandas y abogar por la justicia y la reparación para ellos, sean quienes sean los perpetradores. Soy consciente de que hay miles de otras víctimas y sus familias con las cuales no tuve la posibilidad de encontrarme, pero déjenme decirles algo: Su lucha por la justicia es importante, no solo por lo que ustedes han sufrido, sino por lo que significa para todos los venezolanos. No están solos.
He escuchado las voces de los manifestantes que luchan por la protección de sus derechos, y las de aquellos que buscan reparación por el daño que han sufrido. He encontrado a representantes de la sociedad civil, sindicalistas, líderes religiosos, empresarios, y académicos de todo el espectro socio-económico y político. Me he entrevistado con representantes de la comunidad internacional y con las agencias de las Naciones Unidas en Venezuela.
Todos me han transmitido como la situación humanitaria en Venezuela se ha deteriorado de forma extraordinaria, incluyendo el derecho a la alimentación, el agua, la salud, la educación y otros derechos económicos y sociales. El Gobierno ha lanzado proyectos en un esfuerzo de asegurar acceso universal a programas sociales, para lo que ha dedicado el 75 por ciento del presupuesto nacional. Sin embargo, hemos oído el testimonio de venezolanos, que a pesar de tener un empleo – muchos en el sector público enfrentan dificultades para adquirir medicinas o comida.
La situación sanitaria sigue siendo extremadamente crítica a causa de múltiples factores, la escasez de medicinas y equipamientos, el éxodo de los profesionales de salud, el deterioro de la calidad del agua y del saneamiento, y los apagones eléctricos. El costo y la falta de anticonceptivos en las farmacias ha contribuido a un aumento de los embarazos adolescentes, y de la mortalidad materno-infantil. Los trabajadores de la salud me han descrito como equipamientos médicos, como las máquinas de rayos X, escasean o no están en funcionamiento; y las personas que viven con enfermedades crónicas me han alertado sobre la falta de medicamentos esenciales para su supervivencia. He hecho un llamado al Gobierno para que proporcione los datos relacionados con la situación sanitaria y otros derechos socio-económicos que permita evaluar la situación y apoyar de forma adecuada.
Las causas de esta inmensa crisis económica -la cual se ha exacerbado dramáticamente desde 2013- son diversas, y he hablado con el Estado sobre la necesidad de resolverlas urgentemente con el apoyo de las agencias de las Naciones Unidas que recientemente han podido reforzar su presencia en Venezuela. Me preocupa que las sanciones impuestas este año por Estados Unidos sobre las exportaciones de petróleo y el comercio de oro están exacerbando y agravando la preexistente crisis económica.
Nuestro informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela mandatado por el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, que se presentará el 5 de julio de 2019, contendrá mucha más información basada en evidencias, así como análisis objetivo relativo a todos los aspectos de derechos humanos que acabo de destacar, además de recomendaciones constructivas sobre cómo avanzar.
En este tiempo de grave crisis económica, social y política, he hecho un llamamiento a líderes de todo el espectro político para que intenten encontrar una manera de confrontar los desafíos y el sufrimiento del pueblo de Venezuela. Para ello, todas las voces deberían ser incluidas. Las crisis solo pueden ser resueltas a través de la participación significativa, franca e inclusiva de diversos actores de la sociedad.
He apelado a todos los líderes políticos a que participen constructivamente con el diálogo facilitado por Noruega y con cualquier otro esfuerzo para intentar enfrentar la actual situación política en Venezuela. El destino de más de 30 millones de venezolanos reside en la voluntad y la habilidad de sus líderes para colocar los derechos humanos de la gente por encima de cualquier ambición personal, política o ideológica. Entiendo el escepticismo de algunos en Venezuela acerca de la posibilidad de que cualquier de estas negociaciones prosperen, pero la grave situación en el país debe instar a los líderes a intentarlo. Mantener posiciones arraigadas en cualquiera de los dos lados solo agravará la crisis, y los venezolanos no pueden permitirse que se deteriore aún más la situación en el país.
Hago un llamado a dar pasos audaces hacia un compromiso para dejar a un lado las ganancias cortoplacistas y enfocarse en logros a medio y largo plazo para todo el país. Las negociaciones pueden dar frutos solo si son inclusivas y si las partes involucradas dan una respuesta a la urgencia real de la situación.
Nuestra Oficina está lista para dar asistencia y asegurar que los derechos humanos de todos los venezolanos sean plenamente protegidos. Nuestra presencia aquí posibilitará trabajar con las instituciones estatales, la sociedad civil y el sistema de Naciones Unidas.
FIN
Fuente: ACNUDH
Good evening, and thank you for coming.
This has been a short, but crucial, visit for me – the first-ever official mission by any UN High Commissioner for Human Rights to Venezuela. I will leave Caracas shortly but I leave behind a presence in the country – again, a first in Venezuela for the UN Human Rights Office. We have reached an agreement with the Government for a small team of human rights officers to be based here, with the mandate to provide technical assistance and advice, as well as – importantly – to continue to monitor the human rights situation in Venezuela.
I thank the Government for its invitation and for its cooperation and engagement with my Office, including with the team that visited in March this year. Ahead of my visit, we put forth a number of requests to the Government and have now agreed several outcomes, in addition to our presence here. We have the Government’s stated commitment for us to carry out an evaluation of the National Commission for the Prevention of Torture and to assess the main obstacles for access to justice in the country. In my meetings with victims and their families, their deep yearning for justice for grave human rights violations was made painfully clear. I sincerely hope that our assessment, advice and assistance will help strengthen torture prevention and access to justice in Venezuela. The Government has also agreed that my team will be guaranteed full access to detention centres to be able to monitor conditions and speak to detainees. They have committed to working towards broader engagement with and access for international human rights bodies – including the UN’s independent experts, known as Special Rapporteurs.
I welcome the release of opposition lawmaker Gilbert Caro from the custody of the intelligence agency, SEBIN. I also welcome the release of Melvin Farias and Junior Rojas, but I have called on the authorities to release all those in detention or otherwise deprived of their liberty for peaceful dissent.
The purpose of my visit was to open the space for us to engage more closely with State authorities and institutions, civil society and victims of human rights violations. I wanted to listen to all actors, to work with them towards the respect, promotion and protection of all the human rights of all Venezuelans.
I met with President Nicolás Maduro Moros and several Government ministers and officials, including the Minister of Foreign Affairs, Defence Minister and the Minister of the Interior and those charged with a host of different portfolios relating to economic, social, civil, political and cultural rights. I also met with the president of the Supreme Court, the Attorney General and the Ombudsman. I held discussions with the president of the National Assembly, Juan Guaido, and other members of parliament from different political parties, and also with the president of the National Constituent Assembly.
I also met victims of human rights violations and their families. The man who told of his brother’s torture, humiliation and killing by hooded FAES security officers in a raid on his house – and the many other heartbroken families whose loved ones suffered a similar fate. The father who showed off his son’s basketball trophy and the many medals he had won before he was killed while taking part in protests. The mother whose 14-year-old child was shot during demonstrations on 30 April this year. People who suffered horrific torture in detention. I also met victims of violence against Government supporters. A mother whose young son, a Government supporter, was set on fire during the 2017 protests and spent 15 agonising days in hospital before he died. A daughter whose father was killed for defending the rights of peasants to access land. Their stories were heart-rending. They all demanded justice. A Catholic priest from the Church for the Poor spoke poignantly about how it is the poor and the most vulnerable who are being hit the hardest. This is not about politics, he said, but about the suffering of the people.
I have raised and pledged to continue raising their concerns with the relevant authorities and to advocate for justice and redress for them – regardless of who the perpetrators are. I know that there are many more victims and their families that I was not able to meet, but let me say this: Your struggle for justice is important not only because of what you have suffered but because of what it means for all Venezuelans. You are not alone.
I have heard the voices of the demonstrators advocating for the protection of their rights and those seeking redress for the harms they have suffered. I have met with civil society representatives, trade unionists, religious leaders, members of the business community and academics from across the spectrum, as well as representatives of the international community and the UN agencies here.
They all bore testimony to how astonishingly the humanitarian situation in Venezuela has deteriorated, including with regards to the rights to food, water, healthcare, education and other economic and social rights. The Government has launched projects in an effort to ensure universal access to social programmes, to which it has dedicated 75 percent of the national budget. However, we have heard from Venezuelans who are fully employed – many in the public sector – who have difficulty affording medicine and adequate food.
The health situation continues to be extremely critical due to multiple factors, such as the shortage of medicine and equipment; the exodus of health professionals; the decline of water quality and sanitation facilities, as well as frequent power cuts. The cost and lack of availability of basic contraception in pharmacies has contributed to a rise in teenage pregnancies, and maternal and newborn mortality rates are also increasing. Healthcare workers have described to me how medical equipment like X-Ray machines are in short supply or have broken down; and those living with chronic diseases have told of the lack of life-saving medication. I have called on the Government to ensure that essential data related to healthcare and other economic and social rights is made available to enable all actors to accurately assess and seek to adequately manage the situation.
The causes of this immense economic crisis, which has been increasing dramatically from at least 2013, are manifold and I have discussed with the State the need to tackle them as a matter of priority with the support of the UN agencies that have recently been able to strengthen their presence in Venezuela. I am concerned that the sanctions imposed this year by the US on oil exports and gold trading are exacerbating and aggravating the pre-existing economic crisis.
Our report on the human rights situation in Venezuela mandated by the UN Human Rights Council in Geneva, scheduled to be presented on 5 July 2019, will contain more evidence-based information and objective analysis regarding all the human rights issues I’ve raised above as well as others, and constructive recommendations for the way forward.
In this time of grave economic, social and political crisis, I have called on leaders across the spectrum to seek to chart a way for Venezuela to confront the challenges and suffering of the people. All voices should be brought to the table. The crises can only be resolved through the meaningful, sincere participation and inclusion of actors from various sectors of society.
I have appealed to all political leaders to engage constructively with the talks facilitated by Norway and other such efforts to address the current political situation in Venezuela. The fate of more than 30 million Venezuelans rests upon the leadership’s willingness and ability to put the human rights of the people ahead of any personal, ideological or political ambitions. I understand the scepticism in Venezuela about the possibility of any such talks succeeding – but the dire situation here demands of its leadership the resolve to try. Holding firmly to entrenched positions on either side will only escalate the crisis – and the people of Venezuela cannot afford further deterioration of the situation in the country.
I call for bold steps towards compromise, to set aside short-term wins for medium-term and long-term gains for the entire country. The talks can succeed, as long as they are inclusive and those involved respond to the very real urgency to ensure their success.
Our Office stands ready to assist in ensuring that the human rights of all Venezuelans are fully protected, including through our presence here, which will be able to advise and work with State institutions, civil society and the UN system.
Source: UN OHCHR
