Se constituye Grupo de Trabajo sobre la Esclavitud Moderna en Venezuela

El Grupo de Trabajo sobre Esclavitud Moderna en Venezuela reúne un conjunto de organizaciones, centros académicos y personas venezolanas que trabajan dentro y fuera del país, para profundizar el conocimiento y la prevención de la grave situación en la que un número importante de la población es víctima o vulnerable, frente a las distintas formas de esclavitud moderna y específicamente a la Trata de Personas, tanto en el territorio venezolano, como en los países de tránsito y destino de nuestra población.

 

El GTEMV es una alianza de organizaciones de la sociedad civil interesadas  en las dinámicas de esclavitud moderna. Desde septiembre de 2017 y con el respaldo de la Embajada Británica en Caracas, el GTEMV ha desarrollado un debate con el propósito de contribuir con la comprensión de los problemas y, en la medida de la posible, aportar soluciones, dar a conocer los temas, los factores de riesgo y la situación a la colectividad, es una de las principales herramientas del GTEMV para favorecer el derecho a la información de la ciudadanía en estas materias.

 

El GTEMV realiza su trabajo desde una perspectiva de derechos humanos, que se fundamenta en la identificación de las obligaciones del Estado y en la exigencia de su cumplimiento para la garantía del ejercicio de los derechos, y el respeto a la dignidad de todos los habitantes del país.

 

La esclavitud ha sido formalmente abolida en el mundo entero, sin embargo, la realidad es que ha mutado, ha resurgido de diversas formas, y se ha potenciado en el contexto globalizado internacional, lo que ha hecho que sea más compleja su identificación.

 

Hoy día personas, que en muchos casos pertenecen a redes de delincuencia organizada, se lucran y sacan provecho de usar a otras personas como mercancías, y las someten despojándolas del control sobre sus propias vidas. Logran someterlas recurriendo a la violencia, coerción, amenaza, el abuso de poder, engaño, de modo tal que a las víctimas les es imposible negarse o librarse. La mayor vulnerabilidad de las víctimas (su debilidad o propensión al riesgo) facilita el abuso de poder por parte del victimario.

 

La explotación de unas personas por otras puede manifestarse de diferentes formas, como el trabajo forzado, trabajo en condiciones de servidumbre, explotación sexual, matrimonio forzado, venta, esclavitud o condiciones análogas a la esclavitud, sometimiento a la mendicidad, sometimiento al tráfico de órganos, incorporación a grupos delictivos, incorporación a grupos armados irregulares; todas caracterizadas por un trato indigno, limitador de la autodeterminación y devastador de la integridad personal de quien la experimenta.

 

Cuando se conjugan los elementos de captación, traslado, recepción y explotación (en el territorio de un solo país o de varios) se está en presencia del delito de trata de personas[1]. Otras circunstancias de explotación están tipificadas con otros tipos penales. Todas las formas de explotación que suprimen la libertad de las personas son aludidas con el término amplio: formas de esclavitud moderna.

 

En la actualidad, 3 de cada 1.000 personas en todo el mundo son víctimas de la esclavitud moderna[2]. En Latino América la cifra es  de 1,9 de cada 1.000 personas.[3] Nuestro país no escapa a este fenómeno, y la población venezolana se ve afectada tanto en nuestro territorio como en otros países. En la región de América Latina, Venezuela, tiene el primer lugar de prevalencia de Esclavitud Moderna[4], lo que refleja una realidad alarmante.

 

La Emergencia Humanitaria Compleja y otros factores que propician la trata de personas y otras formas de esclavitud moderna en el país

La comprensión de la incidencia de estos delitos en nuestro país requiere ir más allá del estudio específico de la manifestación de determinados hechos que han sido tipificados como delitos. Se requiere además reconocer una serie de fenómenos cuya presencia favorece la vulnerabilidad de las víctimas, y potencia facilidades a los victimarios.

 

  • Emergencia Humanitaria Compleja.

Venezuela vive hoy día una situación de anormalidad generalizada y multifactorial, que abarca aspectos económicos, sociales, políticos, entre los que está comprometida la seguridad alimentaria, la seguridad ciudadana, aspectos ambientales y geopolíticos; en la cual está seriamente afectada la institucionalidad democrática del país. Esta situación no tiene su origen en un conflicto armado ni en un desastre natural -aunque sus consecuencias son similares, o aún peores-, sino que se origina en las propias políticas públicas implementadas por el sector oficial de manera deliberada con la finalidad de controlar a la población y todos los aspectos de la vida nacional (todo lo cual indica que es compleja). Esta situación se traduce en una violación generalizada y sistemática de los derechos humanos de la población, al punto que un número importante de ésta padece necesidades que ponen en riesgo su vida o le generan sufrimiento (lo que implica que es humanitaria). Esta situación rebasa las posibilidades del propio Estado para propiciar paliativos, y por ende ha rebasado los elementos característicos de una crisis (lo que implica que es una emergencia).

En este contexto, la generalidad de la población venezolana lucha a diario para enfrentar el hambre, la falta de servicios de salud, y la falta de recursos económicos para adquirir los bienes y servicios básicos. La inseguridad alimentaria subyace y potencia todas las formas de explotación; en la medida que se puede identificar que la inseguridad alimentaria es el resultado de políticas públicas específicas del gobierno, se puede también concluir que hay patrones de esclavitud subyacentes en las políticas públicas.

En las condiciones descritas, parte importante de la población padece necesidades extremas, que le hacen vulnerable, tanto frente a los delitos que afectan de manera más contundente la autodeterminación, como frente a otras prácticas que, aunque no se consideren específicamente formas de esclavitud moderna, su presencia muestra una predisposición a llegar a ser víctima de ésta o concretamente víctima de trata de personas.

En medio de extremas necesidades económicas, proliferan las prácticas de sobrevivencia en las que se vulnera la dignidad de las personas. El intercambio de sexo por comida al que se somete una persona, en ocasiones algún miembro de la familia, con el conocimiento de otros o con el silencio resignado, es un ejemplo de esas situaciones que constituyen explotación y predisponen a ser víctima de trata de personas.

A todo lo anterior se suma el que el marco del desmantelamiento de la institucionalidad democrática del país favorece situaciones que facilitan el delito de trata de personas y otras formas de esclavitud moderna, tales como: en líneas generales los grupos delictivos actúan con libertad, en un entorno de impunidad, y esto aplica también respecto a los grupos delictivos que se dedican a la trata de personas, o a otras formas de explotación; del mismo modo, en ciertas zonas del país el control del territorio y de la población no está en manos de los órganos del Poder Público, sino de Grupos Armados Irregulares, tal como sucede en las zonas de explotación minera oficialmente permitida pero no controlada, frente a todo lo cual la población se encuentra desamparada y proclive a ser víctima de trata de personas.

 

El GTEM exige al Estado venezolano el cumplimiento de sus obligaciones en esta materia:

 

Obligaciones del Estado en materia de trata de personas y otras formas de Esclavitud Moderna (Prevenir. Investigar y sancionar. Proteger a víctimas, restablecer derechos, reparar daños).

 

El Estado venezolano se ha esforzado en suscribir y ratificar los principales instrumentos internacionales que rigen la materia, sin embargo persisten serios retos en cuanto a prevención, a la persecución penal a los victimarios; la protección, resguardo y alojamiento en condiciones seguras para las víctimas, alimentación, y servicios de traducción; rehabilitación de las víctimas, con oportunidades de empleo y educación.

 

Protección a víctimas y personas vulnerables; y prevención. El Estado venezolano tiene la obligación de prevenir, es decir, adoptar medidas para disminuir los factores de riesgo que facilitan las situaciones de esclavitud moderna. Igualmente, tiene la obligación de rescatar a las personas sometidas a estas formas análogas de esclavitud, y favorecer su reinserción a la sociedad. Tiene la obligación de identificar a la población víctima del delito de trata de personas y de otras formas de explotación, y a la población vulnerable; tanto para generar políticas que permitan proveer atención de las víctimas, como para generar información pública que permita desarrollar programas de prevención, que eviten que los habitantes caigan en estas redes.

En materia de protección de víctimas el Estado tiene obligación de atención a las víctimas propiamente con perspectiva de género. Adicionalmente, el deber de reparación y reinserción debe estar centrado en la atención a las víctimas

Sin embargo, en Venezuela existe opacidad en la presentación de cifras públicas, no existen procesos de visibilización, o de fácil acceso a data generada por investigaciones o pronunciamientos oficiales en cuanto al número y perfil de las víctimas de trata de personas en el país, y esta invisibilidad alcanza a la población venezolana presa de este delito en el extranjero[5].

 

Persecución del delito. En las labores de persecución del delito de trata de personas, el Estado debe garantizar que no sean penalizadas las personas que han sido víctimas primero y luego obligadas a participar en las actividades ilícitas de los victimarios[6].

 

Propiciar la cooperación con otros Estados y organismos internacionales de lucha contra la delincuencia organizada. El Estado venezolano tiene la obligación de cooperar para desarticular las redes de formas análogas de esclavitud e investigar, juzgar y sancionar a los responsables de la misma; tiene la obligación de ofrecer respuestas de manera coordinada con  los países receptores de población venezolana, lo que dada la naturaleza de estos delitos, se presenta como una necesidad[7].

 

Propiciar la cooperación con organismos de DDHH. Adicionalmente, en la crisis de movilidad humana presente en Venezuela el Estado está en la obligación de trabajar en conjunto con los órganos de los sistemas internacionales de protección de derechos Humanos, tanto del Sistema Interamericano como de Naciones Unidas, al igual que con las distintas manifestaciones de la sociedad civil, con el fin de paliar los riesgos y reducir efectivamente las formas análogas de esclavitud trasnacional.

 

Garantizar el derecho al libre tránsito. En este sentido debe abstenerse de adoptar  medidas basadas en la Seguridad o protección de la Soberanía, como el cierre de fronteras, que lejos de disminuir la movilidad sólo aumentan las condiciones de riesgo en que se realiza el viaje, incrementan las ganancias del tráfico ilícito de migrantes y de la corrupción, y exponen a la población a situaciones de trata de personas. En Venezuela se tiene ejemplos concretos de medidas de ese tipo que han  aumentado la vulnerabilidad niños, niñas y adolescentes que se han visto obligados a cruzar de manera irregular fronteras cerradas para poder asistir a sus escuelas, exponiendo incluso la vida.

 

Garantizar el derecho a la identidad, y a proveer los documentos correspondientes, que son además necesarios para el ejercicio de otros derechos.

 

El Grupo de trabajo sobre la esclavitud moderna está integrado por las siguientes organizaciones: Caleidoscopio Humano, CEPAZ, CDH-UCAB, Éxodo, IIJ-UCAB, Paz Activa, Proiuris, Transparencia Venezuela y Unión Afirmativa de Venezuela.

 

 

[1] Tipificado en el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños (también conocido como Protocolo de Palermo o Protocolo contra la trata de personas) es un instrumento que desarrolla la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. El Protocolo de Palermo fue adoptado en la 55º Sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, mediante Resolución A/RES/55/25, de fecha 15 noviembre de 2000.

[2] Un total de más de 40.3 millones de personas, según  United Nations Department of Economic and Social Affairs, (2016) World Urbanization Prospects. Retrieved from: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@ipec/documents/publication/wcms_596485.pdf

[3] Aproximadamente 1.9 millones de hombres, mujeres y niños vivían en la esclavitud moderna en las Américas en 2016, según: World Free Foundation. Índice Global de Esclavitud Moderna, 2018. https://www.globalslaveryindex.org/2018/findings/regional-analysis/americas/

[4] Seguida por Haití y la República Dominicana según: World Free Foundation. Índice Global de Esclavitud Moderna, 2018. https://www.globalslaveryindex.org/2018/findings/regional-analysis/americas/

[5] Según reseñó la ONG Proiuris, autoridad de Inamujer, el organismo del Estado venezolano encargado del diseño de las políticas públicas para afrontar este tipo de delitos, reconoce que no podría hacer un diagnóstico preciso de la situación en el país: “No hay estadísticas”, “hay que hacer investigaciones”, admitió Myrtha Armas, representante de Inamujer, durante la conferencia que ofreció el lunes 9 de julio de 2018, en la Universidad Simón Bolívar.

[6] Esto en aplicación de los Principios y Directrices del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos relativos a la no penalización de las personas objeto de trata (2009) en los que se expone claramente que: “Las víctimas de la trata de personas no serán detenidas, acusadas ni procesadas… por haber participado en actividades ilícitas, en la medida en que esa participación sea consecuencia directa de su situación de tales”.

[7] Artículo 2.c del Protocolo de Palermo.

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