El pasado 15 de noviembre 2017, Quiteria Franco, Coordinadora General de Unión Afirmativa junto a Ana María Aguirre de PLAFAM como promotora en Venezuela de la iniciativa, Magdymar León de AVESA, Fabiola Romero de Freya; y las representantes de Musas de Venezuela, el Centro de Estudios de la Mujer, Diverlex, La Candanga y Buen Nacer con el apoyo del fondo de poblaciones de las Naciones Unidas UNPFA, presentaron los resultados del monitoreo social al Consenso de Montevideo en las instalaciones del auditorio del Instituto Nacional de Estadísticas.
La iniciativa Regional logó involucrar a ocho redes regionales, 125 organizaciones de sociedad civil en 18 países de América Latina y El Caribe.
SOBRE EL CONSENSO DE MONTEVIDEO
¿Qué es?
El Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo fue el resultado de la Primera Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, celebrada en Montevideo del 12 al 15 de agosto de 2013. Es el acuerdo intergubernamental más importante firmado en la región en materia de población y desarrollo, y se transformó en una pieza fundamental del proceso de revisión del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo y su seguimiento después de 2014. En este sentido, en la resolución 2014/1 de la Comisión de Población y Desarrollo de las Naciones Unidas se tomó nota de los documentos finales resultantes de las conferencias regionales sobre población y desarrollo, reconociendo que proporcionan orientación específica para cada región en materia de población y desarrollo más allá de 2014.
Objetivos
- Integración plena de la población y su dinámica en el desarrollo sostenible con igualdad y respeto de los derechos humanos.
- Derechos, necesidades, responsabilidades y demandas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
- Envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos.
- Acceso universal a los servicios de salud sexual y salud reproductiva.
- Igualdad de género.
- La migración internacional y la protección de los derechos humanos de todas las personas migrantes.
- Desigualdad territorial, movilidad espacial y vulnerabilidad.
- Pueblos indígenas: interculturalidad y derechos.
- Afrodescendientes: derechos y combate al racismo y la discriminación racial.
- Marcos para la puesta en marcha de la futura agenda regional en población y desarrollo.
Importancia
El Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo junto a su Guía Operacional se consideran un marco ambicioso pero preciso que conjuga distintos acuerdos alcanzados previamente a nivel mundial en materia de población y desarrollo. Brindan a los países de Latinoamérica y el Caribe una carta de navegación integral y actualizada para el futuro de la acción regional abordando los temas relevantes de población como ejes transversales para alcanzar el desarrollo. Entre ambos documentos ofrecen un conjunto de medidas prioritarias y las orientaciones para su implementación así como para el monitoreo, tanto a escala nacional como internacional.
Adicionalmente, es de vital relevancia la promoción para que los Estados involucren a la sociedad civil a lo largo de las medidas prioritarias, y en especial la 107 donde expresa:
“Garantizar la efectiva participación de la sociedad civil y los movimientos sociales en la implementación, el monitoreo y la evaluación del Programa de Acción de El Cairo después de 2014, incorporando las medidas aquí acordadas” (pag.28);
POR QUÉ ES IMPORTANTE HACER UN MONITOREO SOCIAL
La práctica de monitoreo se puede definir como una “herramienta que permite indagar y analizar a través de un proceso continuo, el grado en que las actividades realizadas y los resultados obtenidos cumplen con la planificación inicial de un Programa. Permite detectar deficiencias, obstáculos y/o necesidades de ajuste en la planificación y ejecución”[1].
El Consenso de Montevideo ha sido identificado como uno de los documentos más progresistas alcanzados en la región Latinoamericana en materia de derechos sexuales y reproductivos, oportunidad que debe ser aprovechada por la sociedad civil comprometida con el avance de estos derechos. Por ello diversas organizaciones internacionales acordaron trabajar conjuntamente en una propuesta para dar seguimiento y realizar acciones de incidencia que permitan impulsar el cumplimiento de las medidas prioritarias que contiene este ambicioso acuerdo.
Es importante destacar que este monitoreo social evalúa el marco legal, político y programático pero no mide la implementación de los mismos.
[1] Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Bs. As.– CEDES, 2005; citado por Abracinskans y López, 2006
Datos sobre Venezuela
A Unión Afirmativa le correspondió realizar la evaluación sobre los Derechos sexuales y reproductivos. He aquí los resultados en imágenes.
REFLEXIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DEL CONSENSO EN MATERIA DE DSR EN VENEZUELA. (Informe Plafam)
El Monitoreo Social al Consenso de Montevideo en Venezuela brindó a las organizaciones sociales e instituciones públicas una oportunidad para aproximarse con mayor detalle la magnitud del acuerdo. El resultado más importante ha sido poder conocer que nuestro país cuenta con un marco legal y programático muy completo para avanzar en el cumplimiento de los compromisos. Algunas áreas identificadas para mejorar son las relacionadas con la inclusión de la diversidad sexual, financiamiento, rendición de cuentas y transparencia. Tenemos en nuestras manos el punto de partida para medir el avance en los próximos años. Es una invitación para que las instituciones públicas y privadas del país, vinculadas a los temas tratados, impulsemos acciones de monitoreo a nivel de implementación para asegurar que tales avances se traduzcan en un verdadero ejercicio de los Derechos Sexuales y Reproductivos por parte de los y las venezolanas.
Pero vale la pena poner en perspectiva la realidad de Venezuela con los análisis más generales.
Como se hacía referencia en el inicio del documento, las leyes, políticas y prácticas de muchos países son incompatibles con las obligaciones en materia de derechos humanos, y especialmente en materia de derechos sexuales, trayendo como consecuencia importantes dificultades para cumplir con los objetivos y metas acordadas, como alcanzar el grado máximo de salud sexual y reproductiva posible. El exhaustivo análisis que nos permitió hacer la herramienta elaborada para el Monitoreo Social al Consenso de Montevideo nos lleva a asegurar que en Venezuela está bastante avanzada, sin embargo aún hay elementos que deben ser profundizados en temas como Laicidad, Aborto y protección a la población sexo-diversa. Además debe tomarse en consideración el creciente avance del movimiento de grupos conservadores contra los derechos sexuales y reproductivos. Por lo tanto debe evaluarse en detalle las leyes, políticas y prácticas usadas por actores estatales para limitar el ejercicio de ciertos derechos a grupos determinados y por ejemplo, cómo afectan la disponibilidad de determinados métodos anticonceptivos incluyendo el hecho de “no asegurar las reservas y la distribución regular de anticonceptivos a un precio asequible en todo el país”. Queda pendiente entonces evaluar los procesos de implementación de las leyes y programas, analizando en detalle si los Estados y la comunidad internacional de donantes han invertido los recursos necesarios para poner en marcha las acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos propuestos.
Siguiendo con los planteamientos del Instituto de Estudios Socio-Económicos, INESC, la plena implementación del Consenso requiere del cumplimiento de al menos estas 5 claves:
- El desarrollo de políticas públicas multidimensionales e integrales, desde una perspectiva de género y derechos humanos debe ser prioridad.
- Una institucionalidad nueva y fortalecida para atender las causas de las desigualdades estructurales y garantizar el ejercicio pleno y universal de los derechos.
- Financiamiento suficiente y sostenible.
- Desarrollar las capacidades para construir indicadores integrales.
- La participación de organizaciones feministas, movimientos sociales en mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas fortalecidos a nivel nacional y regional.
Particularmente Venezuela ha contado con gobiernos dispuestos a firmar compromisos internacionales muy progresistas e incluso a incorporarlos en las leyes y las políticas públicas. Sin embargo existe un fuerte vacío en materia de mecanismos de evaluación, monitoreo, seguimiento y rendición de cuentas que dificulta conocer el alcance e impacto de las mismas y por lo tanto se hace imposible la toma decisiones oportunas para ajustar las acciones apuntando a la consecución de los objetivos planteados.
Por ello se hace esencial estimular “el trabajo intersectorial, de las instituciones del Estado con organizaciones sociales, tanto comunitarias como especializadas en el desarrollo y los derechos humanos. Para esto se requieren mecanismos específicos que den cabida a una diversidad de voces y prácticas, que puedan involucrarse tanto en la implementación como en el monitoreo y evaluación”.
En este sentido, una recomendación para la implementación de todos los avances legales y programáticos identificados en el Monitoreo Social al Consenso de Montevideo es la creación de una instancia que promueva la creación de estándares e indicadores de calidad y cumplimiento de metas en los servicios públicos y privados asociados con el ejercicio de Derechos Sexuales y Reproductivos. Así mismo dicha instancia debe actuar a través de la creación de alianzas intersectoriales entre gobiernos, sector comercial y organizaciones de la sociedad civil/de desarrollo social, apuntando al principio constitucional de la corresponsabilidad entre estado y Sociedad para el logro de la metas.
Parte de esta información está en el informe final elaborado por PLAFAM sobre la iniciativa de monitoreo al Consenso de Motevideo en Venezuela.
Para revisar los resultados totales finales, así como las comparaciones entre estados y otros datos relevantes les recomendamos visitar la página www.miraquetemiro.org
