La migración como factor que propicia la trata de personas y otras formas de esclavitud moderna

La Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela ha generado una crisis de movilidad humana en la región de América Latina, ha ocasionado un flujo irregular de población venezolana por toda la región que se ha convertido en una de las principales causas de aumento de los factores de riesgo y sobre exposición de los habitantes de Venezuela a la trata de personas y a muchas de las prácticas neo-esclavistas, tanto en Venezuela que es el país de origen, como en los países de tránsito y destino.

 

  • Aumento desbordado de población venezolana migrante

El deterioro de la calidad de vida, la hiperinflación, la escasez de alimentos, medicamentos, el colapso de los servicios básicos como la electricidad, el agua potable, el gas doméstico y el transporte, y la elevada inseguridad personal y social son aspectos que propician la disposición al riesgo de algunos migrantes porque al no tener garantizadas sus necesidades básicas, sienten que no tienen nada que perder. Y si a este panorama se suma el acceso extremadamente limitado a la atención en salud —debido al deterioro de las instalaciones, falta de mantenimiento de equipos o las precarias condiciones en las que se imparte el servicio—, episodios de fuerte represión a manifestantes, la inseguridad ciudadana y la cantidad de muertes violentas que ocurren en el país, son factores que llevan a muchas personas, especialmente las más jóvenes, a tomar la decisión de migrar.

 

  • Aumento de la población femenina migrante

En cuanto a las necesidades particulares que impulsan a las mujeres a viajar se observan las acentuadas desigualdades sociales, la falta de acceso a anticonceptivos y medicamentos propios para afecciones de la mujer o relacionados con el embarazo, el índice de mortalidad materna, la ausencia de antirretrovirales para las mujeres que viven con VIH, las mujeres solas con hijos, hijas o parientes con alguna discapacidad, condición especial o simplemente dependiente de algún medicamento o tratamiento de alto costo o escaso en el país. Motivos como estos han hecho que mujeres se vean forzadas a migrar con la responsabilidad de cubrir, además de las propias, las necesidades de la familia que queda en el país, con lo cual ha cambiado la dinámica familiar y su rol en la sociedad, reduciéndose cada vez más la edad a la que se inician en actividades productivas sacrificando la continuación de su educación.

Las mujeres, incluidas las mujeres trans, lesbianas, adolescentes mujeres, y niñas son particularmente afectadas en los contextos de movilidad. Los factores de riesgo que en éstos se potencian apuntan a quienes viajan a pie, solas, pertenecen a alguna etnia indígena, son madres o tienen personas dependientes de ellas con necesidades inmediatas, si no cuentan con la documentación necesaria para el viaje, si poseen pocas redes de apoyo familiar, si han vivido situaciones de violencia previa, abuso sexual o si ya en el país son víctimas de explotación sexual. Los riesgos que enfrentan en estos contextos de movilidad son variados, desde situaciones de sexo transaccional, que es un mecanismo implementado sobre todo en la etapa de tránsito, por quienes controlan los cruces irregulares de frontera; hasta el riesgo de ser captadas por redes de trata de personas.

  • Aumento de la población de niños, niñas y adolescentes migrantes

Es especialmente preocupante el constante aumento de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados quienes enfrentan serios riesgos para su protección como consecuencia de la separación familiar, ausencia de regularización migratoria, violaciones al derecho a la identidad de las y los infantes que pueden catalogarse en riesgo de apatridia, por las limitaciones de acceso al registro de nacimiento ante el cierre de Embajadas y Consulados en el exterior, lo que les hace sumamente vulnerables a la exclusión del sistema educativo, la mendicidad, al trabajo infantil y trabajo en condiciones peligrosas, la esclavitud, la venta de niños y niñas, situaciones de reclutamiento forzado, explotación sexual en cualquiera de sus modalidades, la trata de personas y otras formas de esclavitud moderna.

  • Carencia de documentos de identidad

Muchas de las personas que requieren, por diversos motivos, ejercer su derecho a la circulación y entrar o salir del territorio nacional, se ven forzadas a hacerlo ilegalmente, pues carecen de documentos, debido a que el Sistema Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) tiene más de tres años incumpliendo su función de proveer a la ciudadanía de sus documentos de identidad, y ha generado una crisis de pasaportes. Se ven de esta manera forzados a vincularse con redes de traficantes, que en muchas ocasiones funcionan además como redes de trata de personas, y una vez realizado el cruce de fronteras, proceden además a someterles a situaciones de explotación.

  • Corrupción

La corrupción ha jugado un rol fundamental al facilitar la perpetración del delito de trata de personas, entre otros. La carencia de integridad y fortaleza en las instituciones venezolanas da paso a la impunidad y muchas veces a la revictimización. Algunos funcionarios en las fronteras venezolanas permiten el tráfico ilícito de migrantes a cambio de beneficios económicos, ayudando a las redes de trata a obtener “presas fáciles” para sus fines, generando crímenes impunes del otro lado de la frontera[1].

  • Estigmatización, xenofobia y discriminación

La percepción negativa respecto de los migrantes contribuye a dificultar su incorporación a la vida regular en el país de destino y aumenta la vulnerabilidad a las formas de explotación. En ocasiones se criminaliza en otros países a la población venezolana migrante, a través de los medios de comunicación y redes sociales, cuando en casos de delitos que causan gran conmoción en la sociedad, los mismos son atribuidos a la nacionalidad de sus perpetradores. En algunos países el ingreso ilegal al territorio está tipificado como delito, sancionado con penas privativas de libertad, que en ocasiones pueden ser sustituidas por fianzas, pero sólo mediante el pago de grandes sumas de dinero y estas normas pueden llegar a aplicarse a personas que han sido trasladadas a esos países luego de la captación como víctimas de trata de personas[2]. En este sentido, es necesario se extienda y se siga profundizando la labor de algunos Estados que han implementado procesos de regularización y campañas de concientización frente a situaciones de xenofobia y discriminación, así como las medidas humanitarias que, entendiendo las dificultades que existen para la obtención de pasaportes, han decidido aceptar este documento fuera de su fecha de vencimiento o incluso la cédula de identidad[3], lo cual contribuye a mejorar la protección jurídica y el acceso a la justicia de las víctimas de esclavitud moderna en esos territorios.

  • Incumplimiento del deber de no devolución

En situaciones de migración forzada debe insistirse en que los países receptores de personas con necesidad de protección internacional, deben abstenerse de devolverlas al país de origen, y si no pueden recibirle, deben gestionar su recepción por un tercer país. Tal es el caso de los migrantes venezolanos en la actualidad, que no se movilizan por meras razones económicas, solo en busca de mejores condiciones, sino que ello va acompañado del elemento de necesidad, porque en el propio país no están dadas las condiciones para satisfacer las necesidades mínimas, y por tanto la movilidad guarda relación con el resguardo de la vida y la salud. Los países receptores que incumplen el deber de no devolución exponen a los venezolanos a graves riesgos, entre los que se encuentra el de ser víctimas de trata u otras formas de esclavitud moderna.

 

  1. Grupos particularmente vulnerables a la trata de personas y otras formas de esclavitud moderna 
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    • Niños, niñas y adolescentes

Niños, niñas y adolescentes (NNA) son particularmente vulnerables en Venezuela frente a la trata de personas y otras formas de esclavitud moderna, pues se entrecruzan distintas variables, entre las que podemos mencionar: enormes dificultades de las familias para tener acceso a bienes y servicios indispensables para el sustento de la vida; NNA  actuando como proveedores, para satisfacer sus propias necesidades o las de sus familias, y que llegan a estar involucrados en situaciones de sexo transaccional como mecanismo de sobrevivencia. NNA en zonas de frontera que se ven involucrados con la actuación de Grupos Armados Irregulares. NNA en zona minera víctimas de explotación sexual y laboral. NNA obligados por explotadores a ejercer la mendicidad, lo que pasa inadvertido por la naturalización del recurso a la mendicidad, al que se han visto obligados a acudir muchos, incluso grupos familiares, como mecanismo para subsistir; entre otras formas de explotación. Estas situaciones se ven potenciadas por las fallas en los sistemas públicos de identificación de la población de recién nacidos.

Adicionalmente, están otras situaciones vinculadas con la migración forzada, en la que no solo está la problemática de los propios niños, niñas y adolescentes migrantes, en ocasiones no acompañados, sino también las situaciones de niñez dejada atrás por representantes que migran y los dejan a cargo de familiares sin la debida capacidad para proveerles sustento y protección, o a cargo de personas que los someten a explotación. En estos contextos las redes de delincuencia han sabido aprovechar la desintegración familiar para captar a NNA no acompañados, separados o que están al cuidado de la familia extendida o de otras personas. Frente a tales situaciones resaltan las debilidades del Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes que no ofrece respuestas, ni de manera autónoma ni de manera coordinada con otras autoridades competentes en las materias vinculadas a los fenómenos de esclavitud moderna.

La trata de personas es un delito que afecta particularmente a niños, niñas y adolescentes, pues esa sola condición de ser sujetos cuyas capacidades están precisamente en proceso de desarrollo, hace que su condición de poder frente a otros esté disminuida, y les lleva a tener un grado mayor de riesgo de llegar a ser víctimas de este delito caracterizado por el ejercicio de poder de una persona sobre otra, de manera abusiva y absoluta.

Al respecto se sabe que el fenómeno ocurre, y que está en aumento, pero se desconoce con precisión su magnitud así como otros detalles. Se ha expuesto que del total de víctimas de trata de personas en el mundo, un cuarenta por ciento (40%) son niños, niñas y adolescentes. Se hace referencia a que ciertas modalidades de trata de personas (trata con el propósito de explotación a través de trabajo forzoso) afectan más a los niños y adolescentes hombres, mientras que otras modalidades de trata de personas (trata con el propósito de explotación sexual) afectan más a niñas y adolescentes mujeres. Sin embargo, la ausencia de cifras precisas impide determinar si en general existe una mayor proporción de niñas y adolescentes mujeres afectadas (en comparación con los niños y adolescentes hombres)[4].

En Venezuela uno de los aspectos sobre los que se carece de suficiente información en materia de trata de personas es el referido a la victimización de niños, niñas y adolescentes

  • Mujeres

Las nuevas formas de esclavitud no son neutrales al género, las mujeres, incluidas las mujeres trans, lesbianas, adolescentes mujeres, y niñas son el grupo poblacional con mayor riesgo de sufrir situaciones de explotación. Adicionalmente, otras situaciones que las victimizan como el abuso y la violencia sexual, o las situaciones que llevan al sexo transaccional como forma de sobrevivencia, configuran factores que aumentan su vulnerabilidad como potenciales víctimas de trata de personas y otras formas de esclavitud moderna.

En el caso de mujeres adultas, en el perfil de las víctimas de trata que arrojan algunos estudios, se observa que las mujeres son mucho más victimizadas que los hombres y que los menores de edad pues constituyen un 70% del total de víctimas[5].

Adicionalmente, las mujeres son utilizadas como “anzuelo” para captar a nuevas víctimas, aprovechando la relación de confianza y empatía que las mujeres generan entre sí. Muchas de las captadoras han sido víctimas de trata anteriormente y producto de chantajes y relaciones desiguales de poder se les conmina a participar en la cadena del delito, siendo éstas el eslabón más vulnerable.

  • Población LGBTI

En el caso de las mujeres transgénero el mecanismo de captación no se centra únicamente en el tipo o condiciones de empleo, sino que la oferta engañosa va hasta el pago del tratamiento médico para su proceso de transición, implantes mamarios, sesiones de fotografías y casting para compañías de modelaje.[6] Esto sumado a la situación general de que estas personas están siendo severamente impactadas por la emergencia humanitaria compleja, y en algunos casos se ven forzadas a salir de Venezuela para ejercer la prostitución, porque son cabezas de familia y no tienen sustento fijo para su manutención[7].

  • Indígenas

Para la población indígena y particularmente para las mujeres indígenas los factores de riesgo se asocian a la carencia de condiciones para el derecho a la identificación, el aumento de la presencia de actores armados no estatales, provenientes en gran medida del conflicto armado colombiano, quienes controlan las minas y los territorios indígenas generando un escenario propicio para la esclavitud moderna. Asimismo, la contaminación producto de la minería ilegal, aunada a la afectación del cambio climático en los procesos de desertificación y cambio en los patrones de lluvia, desmantela la economía tradicional del auto-sustento haciéndose necesaria la búsqueda de alternativas económicas para mitigar los efectos de pauperización. Todo esto profundizado, además, por el contexto de la emergencia humanitaria compleja.

Particularmente desde la creación del Arco Minero y con la presencia de grupos armados irregulares en el estado Bolívar, se ha visto especialmente afectada la población indígena. La afectación en el orden ambiental de la actividad minera ha traído consecuencias económicas, culturales y de salud, que fuerzan a un cambio en los hábitos de vida tradicional de estas poblaciones, obligando a los hombres a dedicarse a la minería y creando la dependencia de actividades comerciales informales. Grupos que operan con la lógica de crimen organizado inducen bajo amenazas, intimidación y coacción a muchas mujeres y jóvenes a situaciones de prostitución forzada, lo que, en el marco de una situación de crisis y pobreza generalizada, obliga a estas mujeres a insertarse en redes de trabajo sexual o en la explotación sexual comercial como forma de sustento, situándose en una condición de víctimas potenciales de cualquiera de las formas de esclavitud moderna. En las denominadas “currutelas[8] que circundan las minas, prolifera la explotación sexual de mujeres, niñas y adolescentes, de diversas nacionalidades y procedencias étnicas[9].

  • Hombres

Los hombres, adolescentes hombres y los niños son vulnerables a situaciones de trabajo forzado y en condiciones peligrosas, al reclutamiento forzado por parte de grupos armados irregulares ligado a actividades de contrabando, pero también en el sector agrícola, pesquero y minero.

En el caso de los hombres adultos son situaciones que pueden estar invisibilizadas pues se ocultan tras el hecho aparentemente legal y natural del trabajo.

 

[1] Transparencia Venezuela: Se necesitan instituciones sólidas para abordar la delincuencia organizada. Disponible en: https://www.transparency.org/news/feature/venezuela_se_necesitan_instituciones_solidas_para_abordar_la_delincuencia_o

[2] Contraviniendo los Principios y Directrices del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos relativos a la no penalización de las personas objeto de trata (2009) en los que se expone claramente que: “Las víctimas de la trata de personas no serán detenidas, acusadas ni procesadas por haber entrado o residir ilegalmente en los países de tránsito y destino…”

[3] Haciendo valer el Acuerdo de Residencia para los Nacionales de los Estados Partes y Asociados del Mercosur vigente desde el 2014.

[4] World Free Foundation. Índice Global de Esclavitud Moderna, 2018. https://www.globalslaveryindex.org/2018

[5] World Free Foundation. Índice Global de Esclavitud Moderna, 2018. https://www.globalslaveryindex.org/2018

[6] Franco Quiteria (2017, septiembre 4) Trata de mujeres trans o esclavitud moderna. Disponible en: http://alternos.la/2017/09/04/trata-de-mujeres-trans-o-esclavitud-moderna/

[7] Según la organización Caleidoscopio Humano, esto se observa en casos que han documentado.

[8] Nombre en portugués dado al lugar que expende bebidas, ofrece música y personas en situación de explotación sexual.

[9] Moncada, Alicia. Mujeres, Derechos y Políticas Públicas en América y El Caribe. Aportes para el análisis de la violencia contra las mujeres indígenas en contextos mineros. Universidad de Limonges, 2016. Pág. 135.

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Recomendaciones para prevenir ser víctima de trata y otros delitos asociados a la esclavitud moderna

Con motivo del Día Mundial contra la Trata de Personas, que se conmemora el 30 de julio a continuación presentamos algunas advertencias que provienen de la observación de casos concretos y de modos de captación que suelen usar los victimarios para captar a posibles víctimas de delitos asociados a la esclavitud moderna en el contexto venezolano.

 

  • No hacer entregas de niños, niñas y adolescentes al cuidado de terceras personas sin la participación de las autoridades competentes del Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, aun cuando se trate de personas que ofrezca alimentar, cuidar y educarle.
  • Documentar y denunciar las situaciones de las que sea testigo, en las que estén involucrados niños, niñas y adolescentes no acompañados, y que parezcan sospechosas de ser formas de explotación.
  • Desconfiar de las ofertas de empleo o de otros beneficios que parezcan excesivamente provechosas.
  • Identificar organizaciones seriamente dedicadas al estudio de estos temas que puedan ayudar a identificar cuándo una oferta de empleo o de otro beneficio no resulta confiable.
  • Desconfiar de ofertas de empleo o de otros beneficios que parezcan excesivamente provechosas aun cuando provengan de personas que parecen confiables, aunque provengan de familiares o personas conocidas (puede tratarse de alguien que está siendo obligado actuar como captador).
  • Desconfiar de ofertas de empleo o de otros beneficios que parezcan excesivamente provechosas que provengan de personas que le han contactado a través de las tecnologías de información y comunicación (email, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, u otra), aunque provengan de personas con las que tiene mucho tiempo, incluso años, intercambiando mensajes.
  • Desconfiar de ofertas de empleo o de otros beneficios que parezcan excesivamente provechosas aunque provengan de personas que han establecido con usted un vínculo amoroso, bien sea por medios virtuales o presenciales
  • Los victimarios son astutos y van modificando sus modos de captación. Recomendamos no limitarse a tener precaución en los supuestos que aquí mencionamos, sino estar alerta en todos los supuestos.
  • No cometer nunca el error de creer que, ante una oferta sospechosa se puede sacar provecho inicial y luego decidir cuándo tomar distancia. Parte del engaño de las ofertas consiste en hacer creer que eso es posible, pero una vez que se inicia el contacto todo el control pasa a estar en manos del victimario que suele actuar en red.
  • Identificamos que algunos elementos que aumentan la vulnerabilidad pueden ser disminuidos desde la propia persona y su entorno familiar, y alentamos a la comunidad a tomar conciencia al respecto.
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    1. Personas que están dispuestas a correr altos riesgos.
    2. Personas con propensión a esperar obtener resultados en el corto plazo.
    3. Personas rodeadas de familiares o amigos que constantemente insinúan que tomen riesgos, o que busquen oportunidades en otros lugares, o que sigan el ejemplo de otras personas que lo han hecho[1].
  • Si decide migrar, asegúrese o trate de:
    1. Planificar
    2. Buscar información sobre los requisitos legales de ingreso, permanencia, trabajo y estudio en el país de destino.
    3. Portar la documentación necesaria
    4. Tener redes de apoyo de familiares y amigos, presenciales o que pueda contactar mediante la tecnología de comunicación.

 

Estas recomendaciones fueron elaboradas por el Grupo de Trabajo sobre la Esclavitud Moderna en Venezuela. GTEMV 

 

[1] Según estudio elaborado en el año 2007 por la Organización Internacional para las Migraciones en la frontera colombo-venezolana.

 

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Se constituye Grupo de Trabajo sobre la Esclavitud Moderna en Venezuela

El Grupo de Trabajo sobre Esclavitud Moderna en Venezuela reúne un conjunto de organizaciones, centros académicos y personas venezolanas que trabajan dentro y fuera del país, para profundizar el conocimiento y la prevención de la grave situación en la que un número importante de la población es víctima o vulnerable, frente a las distintas formas de esclavitud moderna y específicamente a la Trata de Personas, tanto en el territorio venezolano, como en los países de tránsito y destino de nuestra población.

 

El GTEMV es una alianza de organizaciones de la sociedad civil interesadas  en las dinámicas de esclavitud moderna. Desde septiembre de 2017 y con el respaldo de la Embajada Británica en Caracas, el GTEMV ha desarrollado un debate con el propósito de contribuir con la comprensión de los problemas y, en la medida de la posible, aportar soluciones, dar a conocer los temas, los factores de riesgo y la situación a la colectividad, es una de las principales herramientas del GTEMV para favorecer el derecho a la información de la ciudadanía en estas materias.

 

El GTEMV realiza su trabajo desde una perspectiva de derechos humanos, que se fundamenta en la identificación de las obligaciones del Estado y en la exigencia de su cumplimiento para la garantía del ejercicio de los derechos, y el respeto a la dignidad de todos los habitantes del país.

 

La esclavitud ha sido formalmente abolida en el mundo entero, sin embargo, la realidad es que ha mutado, ha resurgido de diversas formas, y se ha potenciado en el contexto globalizado internacional, lo que ha hecho que sea más compleja su identificación.

 

Hoy día personas, que en muchos casos pertenecen a redes de delincuencia organizada, se lucran y sacan provecho de usar a otras personas como mercancías, y las someten despojándolas del control sobre sus propias vidas. Logran someterlas recurriendo a la violencia, coerción, amenaza, el abuso de poder, engaño, de modo tal que a las víctimas les es imposible negarse o librarse. La mayor vulnerabilidad de las víctimas (su debilidad o propensión al riesgo) facilita el abuso de poder por parte del victimario.

 

La explotación de unas personas por otras puede manifestarse de diferentes formas, como el trabajo forzado, trabajo en condiciones de servidumbre, explotación sexual, matrimonio forzado, venta, esclavitud o condiciones análogas a la esclavitud, sometimiento a la mendicidad, sometimiento al tráfico de órganos, incorporación a grupos delictivos, incorporación a grupos armados irregulares; todas caracterizadas por un trato indigno, limitador de la autodeterminación y devastador de la integridad personal de quien la experimenta.

 

Cuando se conjugan los elementos de captación, traslado, recepción y explotación (en el territorio de un solo país o de varios) se está en presencia del delito de trata de personas[1]. Otras circunstancias de explotación están tipificadas con otros tipos penales. Todas las formas de explotación que suprimen la libertad de las personas son aludidas con el término amplio: formas de esclavitud moderna.

 

En la actualidad, 3 de cada 1.000 personas en todo el mundo son víctimas de la esclavitud moderna[2]. En Latino América la cifra es  de 1,9 de cada 1.000 personas.[3] Nuestro país no escapa a este fenómeno, y la población venezolana se ve afectada tanto en nuestro territorio como en otros países. En la región de América Latina, Venezuela, tiene el primer lugar de prevalencia de Esclavitud Moderna[4], lo que refleja una realidad alarmante.

 

La Emergencia Humanitaria Compleja y otros factores que propician la trata de personas y otras formas de esclavitud moderna en el país

La comprensión de la incidencia de estos delitos en nuestro país requiere ir más allá del estudio específico de la manifestación de determinados hechos que han sido tipificados como delitos. Se requiere además reconocer una serie de fenómenos cuya presencia favorece la vulnerabilidad de las víctimas, y potencia facilidades a los victimarios.

 

  • Emergencia Humanitaria Compleja.

Venezuela vive hoy día una situación de anormalidad generalizada y multifactorial, que abarca aspectos económicos, sociales, políticos, entre los que está comprometida la seguridad alimentaria, la seguridad ciudadana, aspectos ambientales y geopolíticos; en la cual está seriamente afectada la institucionalidad democrática del país. Esta situación no tiene su origen en un conflicto armado ni en un desastre natural -aunque sus consecuencias son similares, o aún peores-, sino que se origina en las propias políticas públicas implementadas por el sector oficial de manera deliberada con la finalidad de controlar a la población y todos los aspectos de la vida nacional (todo lo cual indica que es compleja). Esta situación se traduce en una violación generalizada y sistemática de los derechos humanos de la población, al punto que un número importante de ésta padece necesidades que ponen en riesgo su vida o le generan sufrimiento (lo que implica que es humanitaria). Esta situación rebasa las posibilidades del propio Estado para propiciar paliativos, y por ende ha rebasado los elementos característicos de una crisis (lo que implica que es una emergencia).

En este contexto, la generalidad de la población venezolana lucha a diario para enfrentar el hambre, la falta de servicios de salud, y la falta de recursos económicos para adquirir los bienes y servicios básicos. La inseguridad alimentaria subyace y potencia todas las formas de explotación; en la medida que se puede identificar que la inseguridad alimentaria es el resultado de políticas públicas específicas del gobierno, se puede también concluir que hay patrones de esclavitud subyacentes en las políticas públicas.

En las condiciones descritas, parte importante de la población padece necesidades extremas, que le hacen vulnerable, tanto frente a los delitos que afectan de manera más contundente la autodeterminación, como frente a otras prácticas que, aunque no se consideren específicamente formas de esclavitud moderna, su presencia muestra una predisposición a llegar a ser víctima de ésta o concretamente víctima de trata de personas.

En medio de extremas necesidades económicas, proliferan las prácticas de sobrevivencia en las que se vulnera la dignidad de las personas. El intercambio de sexo por comida al que se somete una persona, en ocasiones algún miembro de la familia, con el conocimiento de otros o con el silencio resignado, es un ejemplo de esas situaciones que constituyen explotación y predisponen a ser víctima de trata de personas.

A todo lo anterior se suma el que el marco del desmantelamiento de la institucionalidad democrática del país favorece situaciones que facilitan el delito de trata de personas y otras formas de esclavitud moderna, tales como: en líneas generales los grupos delictivos actúan con libertad, en un entorno de impunidad, y esto aplica también respecto a los grupos delictivos que se dedican a la trata de personas, o a otras formas de explotación; del mismo modo, en ciertas zonas del país el control del territorio y de la población no está en manos de los órganos del Poder Público, sino de Grupos Armados Irregulares, tal como sucede en las zonas de explotación minera oficialmente permitida pero no controlada, frente a todo lo cual la población se encuentra desamparada y proclive a ser víctima de trata de personas.

 

El GTEM exige al Estado venezolano el cumplimiento de sus obligaciones en esta materia:

 

Obligaciones del Estado en materia de trata de personas y otras formas de Esclavitud Moderna (Prevenir. Investigar y sancionar. Proteger a víctimas, restablecer derechos, reparar daños).

 

El Estado venezolano se ha esforzado en suscribir y ratificar los principales instrumentos internacionales que rigen la materia, sin embargo persisten serios retos en cuanto a prevención, a la persecución penal a los victimarios; la protección, resguardo y alojamiento en condiciones seguras para las víctimas, alimentación, y servicios de traducción; rehabilitación de las víctimas, con oportunidades de empleo y educación.

 

Protección a víctimas y personas vulnerables; y prevención. El Estado venezolano tiene la obligación de prevenir, es decir, adoptar medidas para disminuir los factores de riesgo que facilitan las situaciones de esclavitud moderna. Igualmente, tiene la obligación de rescatar a las personas sometidas a estas formas análogas de esclavitud, y favorecer su reinserción a la sociedad. Tiene la obligación de identificar a la población víctima del delito de trata de personas y de otras formas de explotación, y a la población vulnerable; tanto para generar políticas que permitan proveer atención de las víctimas, como para generar información pública que permita desarrollar programas de prevención, que eviten que los habitantes caigan en estas redes.

En materia de protección de víctimas el Estado tiene obligación de atención a las víctimas propiamente con perspectiva de género. Adicionalmente, el deber de reparación y reinserción debe estar centrado en la atención a las víctimas

Sin embargo, en Venezuela existe opacidad en la presentación de cifras públicas, no existen procesos de visibilización, o de fácil acceso a data generada por investigaciones o pronunciamientos oficiales en cuanto al número y perfil de las víctimas de trata de personas en el país, y esta invisibilidad alcanza a la población venezolana presa de este delito en el extranjero[5].

 

Persecución del delito. En las labores de persecución del delito de trata de personas, el Estado debe garantizar que no sean penalizadas las personas que han sido víctimas primero y luego obligadas a participar en las actividades ilícitas de los victimarios[6].

 

Propiciar la cooperación con otros Estados y organismos internacionales de lucha contra la delincuencia organizada. El Estado venezolano tiene la obligación de cooperar para desarticular las redes de formas análogas de esclavitud e investigar, juzgar y sancionar a los responsables de la misma; tiene la obligación de ofrecer respuestas de manera coordinada con  los países receptores de población venezolana, lo que dada la naturaleza de estos delitos, se presenta como una necesidad[7].

 

Propiciar la cooperación con organismos de DDHH. Adicionalmente, en la crisis de movilidad humana presente en Venezuela el Estado está en la obligación de trabajar en conjunto con los órganos de los sistemas internacionales de protección de derechos Humanos, tanto del Sistema Interamericano como de Naciones Unidas, al igual que con las distintas manifestaciones de la sociedad civil, con el fin de paliar los riesgos y reducir efectivamente las formas análogas de esclavitud trasnacional.

 

Garantizar el derecho al libre tránsito. En este sentido debe abstenerse de adoptar  medidas basadas en la Seguridad o protección de la Soberanía, como el cierre de fronteras, que lejos de disminuir la movilidad sólo aumentan las condiciones de riesgo en que se realiza el viaje, incrementan las ganancias del tráfico ilícito de migrantes y de la corrupción, y exponen a la población a situaciones de trata de personas. En Venezuela se tiene ejemplos concretos de medidas de ese tipo que han  aumentado la vulnerabilidad niños, niñas y adolescentes que se han visto obligados a cruzar de manera irregular fronteras cerradas para poder asistir a sus escuelas, exponiendo incluso la vida.

 

Garantizar el derecho a la identidad, y a proveer los documentos correspondientes, que son además necesarios para el ejercicio de otros derechos.

 

El Grupo de trabajo sobre la esclavitud moderna está integrado por las siguientes organizaciones: Caleidoscopio Humano, CEPAZ, CDH-UCAB, Éxodo, IIJ-UCAB, Paz Activa, Proiuris, Transparencia Venezuela y Unión Afirmativa de Venezuela.

 

 

[1] Tipificado en el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños (también conocido como Protocolo de Palermo o Protocolo contra la trata de personas) es un instrumento que desarrolla la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. El Protocolo de Palermo fue adoptado en la 55º Sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, mediante Resolución A/RES/55/25, de fecha 15 noviembre de 2000.

[2] Un total de más de 40.3 millones de personas, según  United Nations Department of Economic and Social Affairs, (2016) World Urbanization Prospects. Retrieved from: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@ipec/documents/publication/wcms_596485.pdf

[3] Aproximadamente 1.9 millones de hombres, mujeres y niños vivían en la esclavitud moderna en las Américas en 2016, según: World Free Foundation. Índice Global de Esclavitud Moderna, 2018. https://www.globalslaveryindex.org/2018/findings/regional-analysis/americas/

[4] Seguida por Haití y la República Dominicana según: World Free Foundation. Índice Global de Esclavitud Moderna, 2018. https://www.globalslaveryindex.org/2018/findings/regional-analysis/americas/

[5] Según reseñó la ONG Proiuris, autoridad de Inamujer, el organismo del Estado venezolano encargado del diseño de las políticas públicas para afrontar este tipo de delitos, reconoce que no podría hacer un diagnóstico preciso de la situación en el país: “No hay estadísticas”, “hay que hacer investigaciones”, admitió Myrtha Armas, representante de Inamujer, durante la conferencia que ofreció el lunes 9 de julio de 2018, en la Universidad Simón Bolívar.

[6] Esto en aplicación de los Principios y Directrices del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos relativos a la no penalización de las personas objeto de trata (2009) en los que se expone claramente que: “Las víctimas de la trata de personas no serán detenidas, acusadas ni procesadas… por haber participado en actividades ilícitas, en la medida en que esa participación sea consecuencia directa de su situación de tales”.

[7] Artículo 2.c del Protocolo de Palermo.

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Cinco alertas sobre la trata de personas

En el contexto de la emergencia humanitaria compleja

El Grupo de Trabajo sobre la Esclavitud Moderna en Venezuela (GTEMV), una alianza de organizaciones de la sociedad civil,  insta al Estado a tomar medidas urgentes, entre ellas disminuir los riesgos asociados a la migración forzada  y crear fiscalías especializadas para realizar investigaciones más efectivas y revertir la impunidad generalizada

 

Con motivo del Día Mundial contra la Trata de Personas, que se conmemora el 30 de julio, el Grupo de Trabajo sobre la Esclavitud Moderna en Venezuela (GTEMV) identificó las principales amenazas que surgen de la profundización de la emergencia humanitaria compleja en el país, expresada en un indetenible deterioro de la calidad de vida de la población venezolana por el quiebre del Estado y la incapacidad de sus instituciones para dar respuestas efectivas que garanticen la plena vigencia de los derechos humanos.

El GTEMV es una alianza de organizaciones de la sociedad civil interesadas  en las dinámicas de esclavitud moderna. Desde septiembre de 2017 y con el respaldo de la Embajada Británica en Caracas, el GTEMV ha desarrollado un debate con el propósito de contribuir con la comprensión de los problemas y, en la medida de la posible, aportar soluciones.

Los integrantes del GTEMV llamaron la atención sobre las cinco alertas más apremiantes en materia de trata de personas:

  • El hambre

La inseguridad alimentaria subyace y potencia todas las formas de explotación. Una parte importante de la población padece necesidades extremas, que la hacen vulnerable a la explotación, de modo que proliferan las prácticas de sobrevivencia. El intercambio de sexo por comida es un ejemplo de esas situaciones que constituyen explotación y aumentan los riesgos de trata de personas.

 

  • La migración forzada

La emergencia humanitaria compleja en Venezuela ha generado una crisis de movilidad humana en América Latina. La migración forzada es una de las principales causas de aumento de los factores de riesgo y sobre exposición de la población venezolana a la trata de personas y a muchas de las prácticas neo-esclavistas, tanto en Venezuela, como en los países de tránsito y destino.

El deterioro de la calidad de vida, la hiperinflación, la escasez de alimentos, medicamentos, el colapso de los servicios básicos como la electricidad, el agua potable, el gas doméstico y el transporte, y la elevada inseguridad personal y social son aspectos que propician la disposición al riesgo de algunos migrantes, porque, al no tener garantizadas sus necesidades básicas, sienten que no tienen nada que perder.

 

 

  • Las mujeres son las principales víctimas

Las nuevas formas de esclavitud no son neutrales al género. Las mujeres, incluidas las mujeres trans, lesbianas, adolescentes mujeres, y niñas son el grupo poblacional con mayor riesgo de sufrir situaciones de explotación. El abuso, la violencia sexual y el sexo transaccional como posibles fuentes de ingresos  aumentan la posibilidad de que sean víctimas de trata de personas y otras formas de esclavitud moderna. Las mujeres adultas constituyen 70% del total de víctimas.

Adicionalmente, las mujeres son utilizadas como “anzuelo” para captar a nuevas víctimas, aprovechando la relación de confianza y empatía que las mujeres generan entre sí. Muchas de las captadoras han sido víctimas de trata anteriormente.

Por su parte, los hombres, adolescentes hombres y los niños son vulnerables a situaciones de trabajo forzado y en condiciones peligrosas, al reclutamiento forzado por parte de grupos armados irregulares ligado a actividades de contrabando, pero también en el sector agrícola, pesquero y minero.

 

  • Otros grupos en situación de vulnerabilidad

Los niños, niñas y adolescentes. Los niños, niñas y adolescentes (NNA) son particularmente vulnerables en Venezuela frente a la trata de personas y otras formas de esclavitud moderna. En el contexto de la emergencia humanitaria compleja, los NNA  pueden convertirse en proveedores, para satisfacer sus propias necesidades o las de sus familias, y pueden llegar a involucrarse en situaciones de sexo transaccional como mecanismo de sobrevivencia. En zonas de frontera  se ven involucrados con grupos armados irregulares y corren el riesgo de reclutamiento forzado, mientras que en zonas mineras aumentan las posibilidades de que sean sometidos a explotación laboral y sexual. El ejercicio obligado de la mendicidad es otra situación preocupante, que se ha naturalizado por la gran cantidad de personas de todas las edades que mendigan para subsistir.

En medio de la migración forzada, las redes de delincuencia han aprovechado la desintegración familiar para captar a NNA no acompañados, separados o que están al cuidado de la familia extendida o de otras personas. Frente a tales situaciones resaltan las debilidades del Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes.

Población LGBTI. En el caso de las mujeres trans, la captación de víctimas de trata  puede incluir  la oferta de pago del tratamiento médico para su proceso de transición sexual, implantes. En algunos casos se ven forzadas a salir de Venezuela para ejercer la prostitución, porque son cabezas de familia y no tienen sustento fijo para su manutención.

Indígenas. Para la población indígena y particularmente para las mujeres indígenas los factores de riesgo se asocian a las dificultades para obtener documentos de identidad, el aumento de la presencia de actores armados no estatales y el caos de la minería ilegal.

 

  • La impunidad

El desmantelamiento de la institucionalidad democrática del país favorece el delito de trata de personas y otras formas de esclavitud moderna. En líneas generales, los grupos delictivos actúan con libertad, en un entorno de impunidad, y esto aplica también respecto a los grupos delictivos que se dedican a la trata de personas o a otras formas de explotación. Del mismo modo, en ciertas zonas del país, particularmente hacia las fronteras, el control del territorio y de la población no está en manos de los órganos del Poder Público, sino de grupos armados irregulares, lo cual favorece situaciones de explotación.

 

Lo que debe hacer el Estado

El trabajo del GTEMV tiene enfoque de derechos humanos y, en ese sentido, se fundamenta en las obligaciones de prevención y protección que tienen los Estados respecto de la trata de personas y demás modalidades de esclavitud moderna.

El Estado venezolano se ha esforzado en suscribir y ratificar los principales instrumentos internacionales que rigen la materia, sin embargo persisten serios retos en cuanto a:

  • Políticas integrales y efectivas de prevención con participación de la sociedad civil,
  • Persecución penal de los victimarios/as, y
  • Protección, resguardo y alojamiento de las víctimas en condiciones seguras, lo cual incluye proporcionarles alimentación adecuada, atención psicosocial y oportunidades de empleo y de educación.
  • Reparación de daños.

Como medidas de aplicación urgente, el GTEMV propone a las autoridades estatales:

  • Optimizar los registros oficiales de víctimas del delito de trata de personas y de otras formas de explotación para precisar la dimensión del problema.
  • Desagregar y publicar las estadísticas oficiales por edad, género, condición étnica, tipo de explotación, modo de captación, lugar o países de destino y origen de la trata, para facilitar la participación de la sociedad civil en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas.
  • Fomentar la cooperación con organismos internacionales de derechos humanos especializados en trata y otras formas análogas de esclavitud moderna, con el fin de fortalecer las políticas públicas de prevención, investigación y sanción sobre la materia en Venezuela.
  • Incluir  la perspectiva de género en el diseño y aplicación de políticas públicas, con énfasis en las necesidades de rehabilitación y reparación de daños causados a las víctimas.
  • Fortalecer el Sistema de Protección de NNA, sobre todo para prevenir los riesgos asociados a la desintegración familiar, en el contexto de la crisis de movilidad humana causada por la emergencia humanitaria compleja.
  • Propiciar la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado dedicado a la trata de personas y otras formas análogas de esclavitud moderna.
  • Facilitar el acceso a la justicia de las víctimas y/o sus representantes.
  • Crear fiscalías especializadas para optimizar los procedimientos de la justicia penal para desarrollar investigar, enjuiciar y sancionar con efectividad a los responsables de la comisión de este tipo de delitos.
  • Disminuir los riesgos asociados a la migración forzada, mediante la agilización de procedimientos en materia de libre tránsito y derecho a la identidad. Las dificultades para acceder a los documentos necesarios para migrar son en sí un factor de riesgo que expone a migrantes, víctimas de trata o personas con necesidad de protección internacional a vulnerabilidades tanto en la salida como al intentar establecerse en el país de destino.

 

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